Nadia del Río Fernández, una de las exfuncionarias más cercanas a la pasada administración, reconoció que existe una investigación -“en fase preliminar”- ante la fiscalía anticorrupción, en la que -según ella- ha comparecido “de forma voluntaria” y aportado la documentación requerida.
Ante consultas de La Prensa, Del Río aseguró que la investigación surge de publicaciones y denuncias presentadas sin soporte probatorio suficiente, “precisamente en el contexto de la exposición mediática que he venido denunciando”.
Del Río, abogada de 43 años de edad, era considerada una de las mujeres más influyentes del gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo (2019-2024) y muy cercana al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD en las elecciones de mayo de 2024. Fue asistente de Cortizo, aunque en la planilla oficial figuraba con el cargo de directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, puesto por el que devengaba un salario mensual de $6,000.
La abogada asegura que no se ha escondido “ni he rehuido ninguna autoridad”, y que puede sustentar su patrimonio.
“Lo que no acepto y debe quedar muy claro, es que se confunda una investigación preliminar, sin imputación, con una condena pública anticipada”, remarcó.
Una ‘narrativa’ en redes
En sus redes sociales, la exfuncionaria aseguró que las publicaciones en su contra responden a una narrativa construida desde “una sola fuente” y con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República. Insiste que no existe en su contra ningún proceso patrimonial ante el Tribunal de Cuentas e incluso adjuntó una certificación emitida por esa entidad. El documento, que firma el secretario general encargado del Tribunal de Cuentas, Gustavo A. Bonilla Arango, señala que, según la base de datos institucional, la licenciada Nadia Y. del Río “no ha sido procesada patrimonialmente ante este Tribunal de Cuentas”.
En octubre de 2025 fue publicado en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento de la Contraloría, mediante el cual el contralor podría ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, basándose en la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Esa facultad anteriormente recaía en un juez de garantías.
Por tanto, bien podría ser que Del Río sí sea objeto de alguna medida o diligencia por parte del contralor, y que otras instancias no sean conocedoras de la adopción de las mismas.
Uno de los puntos más sensibles de su pronunciamiento en redes gira en torno a un apartamento adquirido en 2005. Del Río afirmó haber conocido, a través de terceros y publicaciones en redes sociales, que la Contraloría habría remitido al Registro Público medidas cautelares sobre el inmueble, pese a que —según sostiene— no ha mediado notificación formal ni proceso legal comunicado oficialmente a su defensa.
‘Mis bienes tienen origen lícito’
La Prensa dirigió un cuestionario de Del Río. Aquí sus respuestas.
¿Cómo interpreta las medidas cautelares y actuaciones impulsadas desde la Contraloría sobre bienes registrados a su nombre?
Evidentemente, se trata de medidas desproporcionadas y contrarias al debido proceso. En un Estado de Derecho, ninguna autoridad debe afectar bienes, cuentas o relaciones bancarias sin garantizar previamente notificación oportuna, acceso a la información y derecho real de defensa. En mi caso, primero se causaron efectos materiales y reputacionales, y ante mi comunicado, solo después se intentó formalizar una notificación. Además, este tipo de actuaciones no solo afecta a la persona investigada. Cuando no se respetan los pasos legales, terminan siendo perjudicados terceros ajenos a cualquier controversia, incluso menores de edad, cuyas cuentas o condiciones bancarias se ven afectadas sin tener absolutamente nada que ver con disputas políticas o administrativas.
Si asegura que no existe un proceso formal en su contra, ¿por qué no ha solicitado también una certificación oficial de la Contraloría General que confirme si mantiene o no investigaciones patrimoniales abiertas?
Desde el 3 de octubre del año pasado, cuando intensificaron publicaciones y ataques con información tendenciosa que aparentaba provenir de fuentes institucionales, pedí formalmente información a la Contraloría. Incluso respondieron que era falso todo lo que circulaba. Pero ya vemos que no era así. Al no obtener respuesta en el término legal, interpuse una acción de habeas data ante la Corte Suprema. Tantos meses luchando por información y es hasta el 25 de mayo que me notifican en una media página de nota sin detalle alguno, sin decir de donde proviene su información, solo que sustente en 5 días una auditoria de 6 años. Nunca me he negado a presentar documentación ni a rendir explicaciones ante la autoridad competente. Lo que cuestiono es que la información no se entregue a la persona afectada, pero sí termine circulando en redes sociales o medios de comunicación.
¿Considera que detrás de estas investigaciones existe una motivación política o una intención de desacreditarla públicamente?
Es evidente que existe una campaña de descrédito en mi contra. Durante meses se me han atribuido hechos falsos: que me operé con fondos públicos, que recibía millones en dietas, que soy propietaria de empresas que no son mías y que mantengo vínculos patrimoniales inexistentes. Muchas de esas afirmaciones se han difundido sin verificación previa y sin darme oportunidad de responder.
¿Puede detallar el origen de las propiedades, sociedades o activos que actualmente están bajo revisión pública y administrativa, y explicar cómo fueron adquiridos?
Sí puedo explicarlo y lo haré formalmente dentro de la auditoría y ante las autoridades competentes. Mis bienes tienen origen lícito, formal y sustentado, con toda la documentación de respaldo: ingresos profesionales, relaciones bancarias, obligaciones crediticias, adquisiciones documentadas y operaciones que pueden ser verificadas. No voy a sustituir el expediente por una discusión mediática fragmentada, pero sí presentaré toda la información en el escenario legal correspondiente.
Más allá de las declaraciones públicas, ¿estaría dispuesta a facilitar una copia de su declaración jurada de renta para transparentar sus ingresos y capacidad económica frente a los cuestionamientos actuales?
He presentado y seguiré presentando mi información financiera, fiscal y patrimonial en los escenarios legales correspondientes. Durante el último año he aportado voluntariamente documentación ante autoridades competentes, precisamente porque no tengo interés en ocultar nada. Lo que no haré es permitir que una discusión técnica sobre ingresos, patrimonio y capacidad económica sea manipulada mediáticamente, con la posibilidad de que tendenciosamente se presenten datos incompletos o fuera de contexto.
