El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente por inexequible el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional.
Según el comunicado de Presidencia, en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el mandatario argumentó que varios circuitos electorales de Chiriquí fueron agrupados por decisiones legislativas y no bajo criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como establece la Constitución.
Uno de los puntos cuestionados es la decisión de mantener agrupados los distritos de Bugaba y Tierras Altas en un mismo circuito, que elige dos diputados, en lugar de separarlos.
Según expone la objeción, Bugaba cuenta con 54,490 electores, una cantidad que, de acuerdo con el criterio del Tribunal Electoral, le permitía constituirse en un circuito electoral independiente, con su propia representación en la Asamblea Nacional.
La propuesta técnica del Tribunal Electoral planteaba que Bugaba conformara un circuito uninominal, es decir, que eligiera un solo diputado. Mientras tanto, Tierras Altas y Renacimiento debían agruparse en otro circuito, también con una curul.
Sin embargo, durante la discusión se introdujeron modificaciones para conservar la distribución vigente en esa parte de Chiriquí. De esta manera, Bugaba y Tierras Altas permanecieron unidos en un circuito que elige dos diputados, mientras que Renacimiento continuó integrado al circuito de Alanje y Boquerón.
La diferencia está, por tanto, en cómo se distribuyen los electores y la representación política. La propuesta del Tribunal Electoral buscaba separar a Bugaba, por su cantidad de votantes, y agrupar a Tierras Altas con Renacimiento. La Asamblea, en cambio, mantuvo a Bugaba junto a Tierras Altas y no modificó la integración del circuito que incluye a Renacimiento.
La controversia se originó durante la discusión del proyecto de ley 700, presentado por los magistrados del Tribunal Electoral el 31 de agosto de 2026. La iniciativa busca reorganizar los circuitos electorales del país de cara a las elecciones generales de 2029, tomando en cuenta la distribución de la población electoral y los cambios demográficos.
La propuesta original contemplaba pasar de 39 a 41 circuitos electorales, aumentar de 26 a 30 los circuitos uninominales, aquellos que eligen un diputado y reducir de 13 a 11 los plurinominales, que eligen dos o más diputados. La cantidad total de curules de la Asamblea Nacional se mantendría en 71.
Durante el segundo debate, la diputada del Partido Panameñista Ariana Coba impulsó una modificación para mantener los seis circuitos electorales actuales de esa provincia, en lugar de aprobar la creación de uno adicional.
La decisión legislativa generó cuestionamientos durante el debate. La diputada de Vamos Janine Prado denunció anomalías en el trámite y cuestionó que se modificara la propuesta del Tribunal Electoral sin suficiente discusión. Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga criticó la falta de consultas en las comunidades afectadas por la redistribución.
Pese a las diferencias, el proyecto fue aprobado en tercer debate el 24 de septiembre.
Con el veto parcial por inexequibilidad, la iniciativa regresa a la Asamblea Nacional, que deberá examinar las objeciones.
