La Contraloría General de la República ha aprobado un reglamento de ajustes salariales que se implementará a partir del próximo año, lo que ha provocado una virulenta reacción del presidente electo José Raúl Mulino y una airada respuesta del contralor Gerardo Solís.
En su cuenta en la red social X, Mulino escribió un mensaje que es toda una declaración de intenciones: “Es toda una insensatez del contralor pretender seguir con aumentos de sueldos aprobados a última hora del gobierno”.
Es toda una insensatez del Contralor pretender seguir con aumentos de sueldos aprobados a última hora del gobierno. Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones q no serán posible en nuevo presupuesto.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 27, 2024
“Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones que no serán posibles en [el] nuevo presupuesto”, agregó Mulino, quien el próximo lunes tomará posesión del cargo.
Solís, consultado por La Prensa, respondió sin chistar: “El presidente no es el jefe del contralor”.
“No es mi costumbre endilgar epítetos a nadie, respeto la libertad de expresión y el poder de los que quieran hacerlo. Ese no es mi estilo”, y agregó que hasta ahora no ha tenido ninguna comunicación personal con Mulino. “De mi parte, hacia el Ejecutivo será con respeto, como lo he manejado con el gobierno saliente”, concluyó.
“¿Cuál es la tónica de Mulino con estos mensajes en redes sociales?”, se preguntó Solís, quien añadió que “el presidente Laurentino Cortizo jamás me mandó un mensaje para que hiciera o no algo. Él respetó la independencia de la Contraloría”.
A través de la Resolución del 23 de abril de 2024, promulgada en Gaceta Oficial el pasado martes 25 de junio, la Contraloría aprobó el “reglamento de la política de aumentos por mérito”. El último fue actualizado en 2013.
En dicha resolución se acuerda gestionar la consecución de los recursos presupuestarios correspondientes para hacer efectiva la aplicación de la nueva escala de sueldos a partir del 1 de enero de 2025.
Un vistazo a la planilla actual de la Contraloría muestra que el salario base más bajo es de $750 al mes, que corresponde a los cargos de asistente de estadística, inspector de seguridad y mensajero externo. El más alto es el de auditor fiscal 3: $4,600 de salario base. El contralor gana $7,000 al mes: $3,500 de salario base y $3,500 como gastos de representación.
Con el nuevo reglamento, el salario mínimo sería de $800, que es el pago que corresponde a oficinistas, operadores de telefonía y trabajadores manuales. El máximo sería de $4,780 al secretario general y los directores nacionales de fiscalización, auditoría general, auditoría forense, asesoría económica y financiera, asesoría jurídica, investigaciones, estadística y censo e ingeniería. A estos, además, les corresponde $1,300 en gastos de representación.
La resolución fue firmada por Solís, cuyo mandato como contralor termina el 31 de diciembre de 2024, y Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de la entidad.
Solís opina que estos aumentos son “incentivos para la productividad del personal”, ya que el salario mínimo en la Contraloría será de $800 al mes y él aspira a que sea de $1,000, aunque este monto no está establecido en los ajustes. Estos ajustes se aplicarían a 4,003 funcionarios de estatus permanente.
Con sensatez la Contraloría aclara por respeto a la buena información ciudadana, que ha dictado el reglamento de política de ajuste de sueldo por merito y actualiza el manual del sistema de clasificación de cargo.
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) June 27, 2024
Asegura que la revisión se venía gestionando desde pandemia, pero se suspendió. El tema fue retomado el año pasado.
Cuando La Prensa preguntó sobre el ajuste salarial, Solís respondió: “No hay una cifra determinada”. Indicó que los ajustes se harían cuando la situación del país lo permita.
“Eso no es un gol, esto es parte de lo que hacemos con programación y no dependen de vaivenes emocionales del Contralor”, y añadió que todo dependerá de las aprobaciones del presupuesto general cuando se discuta en la Asamblea Nacional.
Es la segunda ocasión en la que Mulino hace un llamado de atención a Solís. Antes le pidió que no refrendara las liquidaciones por mutuo acuerdo a favor de gerentes y directivos de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
