La planilla de la Asamblea Nacional, actualizada por la Contraloría hasta el 16 de octubre pasado, revela que la institución mantiene una estructura robusta: 4,073 funcionarios cuyos salarios cuestan $7.1 millones por mes y $85 millones por año. Más del 70% del personal tiene nombramiento permanente, y la mayor parte de los puestos corresponde a cargos administrativos o de apoyo político.
Uno de los rubros más significativos es el de asesores, que agrupa a 464 funcionarios y representa un costo mensual de $1.3 millones en salarios. Cada asesor percibe, en promedio, $2,860 mensuales, una cifra muy por encima del salario promedio general de la planilla, que ronda los $1,758.
Las categorías incluyen asesores legales, técnicos, parlamentarios y administrativos, presentes en casi todos los despachos de diputados y direcciones institucionales.
El análisis muestra que más del 65% del personal gana menos de $2,000 mensuales, pero los asesores y directores concentran una parte significativa del presupuesto. En la planilla figuran 78 funcionarios con el salario máximo de $5,000, mientras que 734 empleados ganan menos de $1,000.
Contratados en 2025
En lo que va de 2025, la Asamblea ha sumado 1,272 nuevas contrataciones, un crecimiento que abarca tanto la administración de Dana Castañeda, diputada oficialista que presidió la institución entre julio de 2024 y junio de 2025; y la actual gestión de Jorge Herrera, del Partido Panameñista, quien asumió el cargo el 1 de julio de 2025.
Desde esa fecha, 31 nuevos funcionarios han sido incorporados a la planilla. Los registros muestran que varios de ellos ocupan cargos directivos o de confianza con salarios altos, entre ellos, Ricardo Domínguez, director de Administración y Finanzas, con $5,000 de salario mensual y otros $2,000 de gastos de representación; Marielus De León, directora de Recursos Humanos, también con $5,000 de salario mensual y $1,000 en gastos de representación; Aracelys Robles, conductor de vehículo I, con un sueldo de $4,000 mensuales; Adrián Santamaría, subdirector de Administración y Finanzas, con $3,500 mensuales; Paola Gordillo, asesora legal, con $3,500 mensuales.
El resto de los nuevos ingresos se distribuye entre puestos de asistentes administrativos, técnicos parlamentarios y oficinistas, con salarios que oscilan entre $900 y $2,800.
Promesa incumplida
Aunque la cifra de nuevos funcionarios desde julio es menor en comparación con el total anual, las contrataciones bajo la presidencia de Herrera confirman que su promesa de “reducir la planilla” ha quedado en el aire. El crecimiento persiste y la Asamblea Nacional sigue engrosando su nómina, especialmente en las áreas de asesoría y dirección, tal como ha ocurrido con cada cambio de administración.
Herrera había asegurado que “cambiaría la Asamblea desde adentro” y que reformaría la carrera legislativa para corregir distorsiones en el sistema, en particular los casos de funcionarios que cobran sin trabajar, conocidos como “botellas”. Sin embargo, el panorama es el mismo: más personal, más gasto y ninguna reforma en marcha.
Herrera, quien se encuentra en campaña por la presidencia del Partido Panameñista, fue parte de la delegación oficial que reunió a autoridades de los tres órganos del Estado durante los actos conmemorativos en la Villa de Los Santos, donde este lunes 10 de noviembre se recordó el primer grito de independencia.
El pasado 30 de octubre, día en que el Legislativo concluyó sus sesiones ordinarias, un Herrera ofuscado, respondió a las críticas de diputados de Vamos, quienes lo criticaron por incumplir sus promesas.
“¿Cómo le cambiamos la cara a esta Asamblea cuando aquí hay dobles agendas? Yo no vine con ninguna. Llegué a ser presidente gracias a los que votaron conmigo y a los que no, porque esto es un cuerpo colegiado de 71 diputados, y aquí no hay que estar pateando nada”, sostuvo.
Ese día, la diputada independiente Janine Prado, con cifras en mano, recordó que en abril de 2025 había 4,022 funcionarios, y en octubre la cifra subió a 4,077, pese a que se alegó haber destituido a 400. “Hay más funcionarios, más gasto y menos debate”, concluyó.
Por lo pronto, el peso de los asesores dentro de la estructura, junto con la alta concentración de personal de apoyo, reaviva el debate sobre la eficiencia del gasto público, la duplicidad de funciones y la falta de transparencia en el manejo de los recursos humanos del Órgano Legislativo.
