Dos comisiones evaluadoras determinaron que el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de cargos de las licitaciones para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios de Panamá y Colón.
Todo apunta a que la empresa, que actualmente mantiene estos contratos, continuará prestando el servicio durante varios años más.
Ambos actos públicos son impulsados por el Ministerio de Gobierno por un monto total de 243.2 millones de dólares, de los cuales 33.6 millones corresponden a los centros penitenciarios de la provincia de Colón y 209.6 millones a los de Panamá.
En el caso de Colón, dos empresas llegaron a la etapa de presentación de propuestas: el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33.6 millones de dólares—, y el Consorcio C&J Food Services, que ofertó un monto menor, de 29 millones de dólares. Ambas propuestas fueron admitidas para continuar en la fase de evaluación técnica y económica.
Sin embargo, al momento de la evaluación, la comisión evaluadora determinó que solo el Consorcio Panameño de Alimentación Colón cumplió con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos, lo que le permitió avanzar a la etapa de evaluación conforme a los criterios y la metodología de ponderación. Por otro lado, la comisión subrayó que la propuesta presentada por el Consorcio C&J Food Services no cumplió con dichos requisitos, lo que derivó en su descalificación.
Si bien hasta el momento el acto público no ha sido adjudicado, el único consorcio elegible para este contrato sería el Consorcio Panameño de Alimentación Colón. No obstante, el Consorcio C&J Food Services presentó un escrito ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en el que formula observaciones al informe de la comisión evaluadora.
Entre las observaciones, C&J Food Services sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón no cumple con requisitos como el aviso de operación. Asimismo, alega que sí cumple con aspectos como la fianza de cumplimiento, pese a que la comisión evaluadora concluyó lo contrario.
Así las cosas, el siguiente paso sería la adjudicación de este acto público, que busca asegurar la prestación del servicio durante 2,191 días calendario, equivalentes a casi seis años. El contrato abarca el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, donde la demanda alimentaria exige un suministro constante y supervisado, bajo estrictos estándares sanitarios.
En total, la empresa que resulte adjudicada deberá cubrir la alimentación de unas 2,793 personas: 2,596 hombres privados de libertad, 107 mujeres privadas de libertad, 39 custodios y 51 unidades policiales.
Cárceles de Panamá
El Consorcio Alimentando Panamá, S.A., también participó en la licitación para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios de la provincia de Panamá, por un monto de 209.6 millones de dólares. No se presentaron más propuestas en este acto público, que también se realizó el pasado 5 de diciembre.
Finalmente, la comisión evaluadora determinó que la empresa cumplió con los requisitos mínimos establecidos, lo que le permitiría extender su dominio del servicio por casi seis años más y alcanzar cerca de 19 años de control ininterrumpido de la alimentación penitenciaria. La empresa ha prestado este servicio durante aproximadamente 13 años, desde 2012.
El consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno. Este monto incorpora un incremento en la ración diaria, que pasa de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente.
Esta licitación no estuvo exenta de cuestionamientos, ya que potenciales competidores alertaron sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventajas al Consorcio Alimentando Panamá. En total, 15 empresas participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final.
Uno de los puntos impugnados fue el criterio de evaluación de experiencia, debido a que el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos.
El aspecto crítico radicaba en que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las cuales fue contratado. En la práctica, esto limitaba cualquier competencia real, pues resultaba improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarcara tantos recintos, colocándolo en una desventaja evidente frente al operador histórico.
