Una de las principales incógnitas del escenario político actual es a quién respondería realmente la diputada de Realizando Metas (RM), Shirley Castañedas, en caso de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional: al presidente José Raúl Mulino, quien gobierna el país desde 2024, o al expresidente Ricardo Martinelli, fundador de RM y figura de mayor influencia dentro de ese colectivo político.
Como se recordará, el perfil político de Castañedas está estrechamente vinculado al de Martinelli, quien hace un año obtuvo asilo en Colombia tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. La diputada integra su equipo de abogados, defendió su causa en los momentos más críticos del proceso judicial, mantiene una lealtad que nunca ha ocultado y lo visita con frecuencia en Colombia.
Como abogada, también ha representado a Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína con fines de importación ilegal.
El apoyo de Mulino
Pese a ello, Mulino, quien llegó a la Presidencia de la República bajo la bandera de ese mismo partido, aunque ha marcado distancia en diversos temas respecto al liderazgo político de Martinelli, señaló este jueves 18 de junio, durante su habitual conferencia de prensa, que no mantiene objeciones personales ni políticas ante una eventual candidatura de Castañedas para presidir la Asamblea Nacional.
Además, restó importancia a los señalamientos sobre la cercanía de la diputada con Martinelli al afirmar que “si es amiga de Ricardo Martinelli o no, ese es un tema completamente aleatorio”.
El mandatario sostuvo que, de alcanzar los votos necesarios, Castañedas contará con la disposición del Ejecutivo para coordinar la agenda legislativa del próximo período.
“Shirley Castañedas, si tiene los votos, será presidenta de la Asamblea para trabajar en coordinación con nosotros durante todo el tercer año”, indicó.
Mulino destacó que el próximo período legislativo será crucial para la aprobación de proyectos considerados prioritarios para su administración y descartó cualquier preocupación ante una eventual presidencia de la diputada.
“No temo ello, para nada, para nada”, concluyó.
En medio de este escenario surge otra interrogante: ¿qué significaría para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que Castañedas llegue a la presidencia de la Asamblea respaldada por Martinelli, quien en los últimos meses ha cuestionado públicamente la gestión de Mulino?
Las consecuencias
Para el analista político José Eugenio Stoute, una eventual elección de Castañedas como presidenta de la Asamblea Nacional profundizaría el deterioro de la imagen de un órgano del Estado que, a su juicio, ya enfrenta una severa crisis de credibilidad.
Recordó las controversias relacionadas con el manejo de fondos públicos y los cuestionamientos a la gestión legislativa del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, factores que, según afirmó, han erosionado la confianza ciudadana. En ese contexto, consideró que la llegada de la diputada de Realizando Metas al cargo terminaría de debilitar aún más la institución.
Stoute sostuvo, además, que la cercanía política y personal de Castañedas con Martinelli genera dudas sobre la independencia con la que ejercería sus funciones. Según el analista, la diputada mantendría una línea alineada con los intereses del fundador de RM más que con una agenda enfocada en los asuntos nacionales.
A su juicio, la disputa de poder dentro del oficialismo se ha hecho más evidente en las últimas semanas, especialmente tras los cuestionamientos públicos lanzados por Martinelli contra la administración de Mulino.
De hecho, advirtió que, de concretarse la llegada de Castañedas a la presidencia de la Asamblea, podrían surgir tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Incluso, afirmó que el expresidente parece haber adelantado la disputa por el control del poder político, lo que podría traducirse en un período de mayor conflictividad institucional y política en el país.
