La historia reciente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) parece dividirse en dos etapas: antes y después de la llegada de Etelvina Medianero de Bonagas al rectorado. Cuando asumió la administración, en 2013, la universidad operaba con un presupuesto de 36.4 millones de dólares. Trece años después, para 2026, la cifra proyectada asciende a 80.7 millones, más del doble de los recursos que manejaba al inicio de su gestión.
Sumados los presupuestos de funcionamiento e inversión entre 2013 y 2026, la administración de Medianero de Bonagas habrá manejado aproximadamente 988.2 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud financiera alcanzada por la institución durante su permanencia al frente de la universidad.
El incremento presupuestario no fue lineal, pero sí constante. En 2014, la Unachi pasó a manejar 40.3 millones; en 2015 alcanzó 44.7 millones y en 2016 superó los 51 millones. A partir de 2017 comenzó una aceleración más marcada: 57.7 millones ese año, 60.3 millones en 2018 y 74.3 millones en 2019.
Incluso durante la pandemia, cuando muchas instituciones enfrentaron recortes, el presupuesto universitario se mantuvo elevado: 88.4 millones en 2020 y 84.5 millones en 2021. Para 2022 ya ascendía a 92.6 millones y en 2023 rozó los 100 millones de dólares.
En esta etapa también destacó el respaldo político recibido durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), período en el que diputados del Partido Revolucionario Democrático defendieron tanto la gestión como la reelección de la polémica rectora.
El punto más alto se registró en 2024, cuando el presupuesto alcanzó 106 millones de dólares entre funcionamiento e inversión, consolidando la administración de Medianero de Bonagas como la etapa de mayor expansión financiera en la historia de la universidad.
Se acabó la fiesta
No obstante, en 2025, con la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de la República, el presupuesto se redujo a 72 millones de dólares y, para 2026, se proyectaron 80.7 millones. Las cifras reflejan el inicio de una disminución significativa en el presupuesto.
Aún así, los montos aprobados durante la gestión de Medianero de Bonagas resultan elevados si se toma en cuenta que anteriores rectores de la Unachi, como Héctor Requena, manejaron presupuestos considerablemente menores: 35.8 millones de dólares en 2012, cerca de 32 millones en 2011 y alrededor de 28.4 millones en 2010.
Actualmente, la Unachi afronta una crisis presupuestaria que, según sus críticos, guarda relación con prácticas de nepotismo, ascensos sustentados en títulos de universidades no acreditadas y nombramientos políticos. La planilla de la entidad ronda los 6 millones de dólares mensuales.
Esta semana, profesores, administrativos y estudiantes realizaron una protesta para solicitar la renuncia de la rectora y exigir un informe financiero sobre la situación económica de la institución. Una de las principales quejas es que se realizan descuentos correspondientes a la seguridad social y a compromisos crediticios, pero estos no son reportados a las entidades bancarias.
El Consejo Administrativo
La Prensa tuvo acceso al acta del Consejo Administrativo de la Unachi del pasado 13 de abril de 2026, y cada detalle refleja la urgencia financiera que enfrenta la casa de estudios superiores. La reunión, liderada por la rectora, tuvo como eje central la insuficiencia de fondos que amenaza con paralizar la institución antes de finalizar el año.
La directora de Planificación, Iris Fuentes, presentó un panorama alarmante al revelar que el presupuesto asignado para 2026 solo alcanza para cubrir los salarios del personal administrativo hasta junio y los de los docentes hasta julio. Ante esta situación, aprobaron solicitar un crédito adicional de 33.6 millones de dólares ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este millonario crédito no está destinado a nuevas contrataciones, sino exclusivamente al pago de la estructura de personal ya existente durante el segundo semestre de 2026.
Durante la sesión también se discutió el anteproyecto de presupuesto para 2027, que asciende a 118.8 millones de dólares. Esta cifra busca cubrir las necesidades de la institución y el pago de deudas acumuladas por primas de antigüedad y vacaciones, que ya rondan los 7 millones de dólares.
Sin embargo, el optimismo de la administración choca con la realidad del Gobierno central, que ya estableció un tope presupuestario de apenas 72 millones de dólares para 2027. Esta restricción obligaría a la Unachi a operar con el mismo presupuesto.
Un punto crítico revelado durante la reunión fue la dependencia de la “autogestión” para el funcionamiento básico de la universidad. Los ingresos generados por los programas de maestría y posgrado son los que actualmente permiten pagar servicios esenciales, como electricidad, agua, internet y materiales de oficina, ya que el Estado solo asigna fondos para servicios personales.
La precariedad operativa quedó en evidencia con las intervenciones de varios decanos, quienes denunciaron que la falta de recursos obliga a los profesores a realizar colectas para comprar gas para los aires acondicionados.
Las inversiones
En el ámbito de las inversiones, la situación también es restrictiva, con un tope proyectado de apenas 3.7 millones de dólares para 2027. Esto deja en el limbo proyectos largamente esperados, como el nuevo edificio de la Facultad de Derecho, cuya construcción ha sido una promesa recurrente y que, según el plan quinquenal, no recibiría fondos iniciales hasta 2028.
La rectora reconoció que la imagen pública de la universidad ha sido afectada por “escándalos” y tensiones políticas, lo que ha facilitado los recortes presupuestarios por parte del Gobierno. “Nos han quitado el presupuesto y tenemos internamente que resolver los problemas”, afirmó, al hacer un llamado a la unidad.
El grupo cercano a la rectora también abordó la gestión de pagos extemporáneos por 402,933.49 dólares a diversos proveedores, incluidos seguros de la flota vehicular y servicios de internet correspondientes a años anteriores. Entre estos pagos destaca una deuda con Cable & Wireless por más de 289 mil dólares, correspondiente al segundo semestre de 2025.
A pesar de las dudas sobre la transparencia de algunos cálculos, se decidió aprobar la mayoría de los puntos por votación mayoritaria, bajo el argumento de que el retraso en los pagos agrava la crisis económica de los trabajadores. La vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, advirtió que la universidad debe “poner las bardas en remojo” y adecuar sus procesos a las exigencias de la Contraloría.
Actualmente, la casa de estudios es objeto de investigaciones y auditorías por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en medio de denuncias relacionadas con presuntos casos de nepotismo, manejo de fondos públicos, ascensos administrativos, contrataciones y posibles irregularidades en la gestión universitaria.
