Fue testigo de una cadena de horrores que, según dice, todavía lo persiguen. César Pérez, exdirector del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, asegura que su destitución no fue casual ni administrativa, sino la consecuencia directa de haber advertido a sus superiores sobre irregularidades graves en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.
Hoy ya no es funcionario: fue separado del cargo por “falta de confianza”, después de insistir durante meses en que algo no estaba bien.
Pérez fue uno de los que acompañó a la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por esos hechos. Llegó con papeles, correos, memorandos y un relato que, según él, había intentado que se escuchara primero puertas adentro. “Todo está sustentado”, repite.
Desde su llegada al CAI, asegura, comenzó a escribir. Correos, notas, memorandos. Alertas formales. “Mi labor nunca fue atacar a la directora de Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, todo lo contrario. Yo quería que fuera la mejor administración, porque si es la mejor administración, los niños van a estar mejor”, afirmó.
La primera nota formal, recuerda, salió en enero de 2025, aunque dice que hubo advertencias previas. “Me encontré con muchas irregularidades”, señaló. Una de las más graves fue descubrir que niños con tuberculosis convivían con otros menores y cuidadores sin ningún protocolo de aislamiento. “No me dijeron nada. Yo me pude haber contagiado. Eso es una negligencia total”, sostuvo, todavía con incredulidad en la voz.
Luego estaban los otros niños, los que no existían en los papeles. “No tienen cédula, no tienen nombre, son invisibles. Vinieron de la comarca y ahí están. No los puedo matricular en la escuela, están como oyentes”, explicó. Dos años en el albergue sin identidad, sin registro, sin una respuesta clara de por qué seguían allí.
Pérez reconoce que, al menos, el Centro de Salud de Tocumen respondía. “Gracias a Dios me los atienden a todos inmediatamente, sin papeles, sin nada”, dijo. Pero enseguida matizó: el problema no era solo médico, era estructural, administrativo, de fondo. Una suma de omisiones que, según él, convertían la excepción en rutina.
Hubo otros episodios que marcaron su gestión. Uno de ellos fue el despido de una técnica de enfermería por un error en la dosificación de medicamentos a pacientes psiquiátricos. “Era nueva, tenía un mes nada más. La despidieron, pero entonces me mandan una nota diciendo que quien iba a suministrar los medicamentos era un cuidador”, relató.
Ahí, dice, se plantó. “Medicamentos controlados para pacientes psiquiátricos: un miligramo de más o de menos es un riesgo. Yo dije; no”, contó.
La respuesta, asegura, fue el señalamiento interno. “Me decían que yo era un traidor, que tenía que hacer lo que ella decía porque los 15 y los 30 ella me paga”, afirmó, al describir el clima de presión que, según él, se instaló en el centro.
Las deficiencias también estaban en lo visible: en los espacios, en las paredes, en el patio. “No hay área de juego. Hay un surrasurra oxidado donde los niños se pueden cortar”, enumeró. Y volvió al tema de la salud: “Pedí un área de cuarentena no solo para el niño con tuberculosis, sino para los que llegaban con sífilis o gonorrea, para que no contagiaran al resto”.
Todas esas advertencias, asegura, no se quedaron en su escritorio. Fueron elevadas a la directora general, a la directora de protección y al subdirector. “¿Cómo la va a ignorar, si yo le mandaba correos, memos y notas? Y de vuelta lo que recibía eran insultos, ofensas y gritos”, relató, describiendo una cadena de respuestas que no incluía soluciones.
Cuando se le pregunta si informó a la ministra de Desarrollo Social, responde con una frase seca: “No puedo pasar por mi superior. Yo cumplí con informar a quienes correspondía”. La jerarquía, dice, también fue un muro.
Su salida llegó después de unas vacaciones forzadas entre noviembre, diciembre y enero. “Regresé el 28 y me dijeron que no podía entrar al CAI. Fui a Recursos Humanos y ahí me presentaron la destitución”, contó. Presentó un recurso de reconsideración. La respuesta fue breve. “Me dijeron: falta de confianza”.
Pérez visualiza otro motivo detrás de la decisión. “Yo estaba poniendo el dedo en la llaga”, afirmó. Para sostenerlo, mencionó casos similares en La Chorrera y Chiriquí, donde coordinadoras regionales que también denunciaron irregularidades terminaron despedidas.
Confirmó que colaboró con la diputada Brenes en la denuncia penal. “Yo le di toda la información que tenía, porque todo está sustentado en notas, correos y memos. La idea es que cambie el panorama de los niños y niñas del CAI de Tocumen”, explicó.
Cuando se le pide definir lo que se vivía dentro del centro, lo resumen con la palabra “horrible”.
Dice que muchas de las prácticas continuaron incluso después de sus advertencias y que quien lo sustituyó ejecutaba órdenes que él se negaba a cumplir. “Yo decía: esta orden no la puedo cumplir porque va contra los derechos y la integridad de los niños”.
El tramo más oscuro de su relato aparece cuando habla de la convivencia entre menores y adultos con padecimientos psiquiátricos. “Cuando yo salí había 52 albergados, de esos 12 eran adultos. Estos adultos conviven con los niños y algunos se masturban delante de ellos. Todo eso está por escrito”, denunció, sin rodeos.
Sobre ese punto fue aún más enfático: “Se violaron muchos derechos, muchos derechos. Estos adultos se masturban delante del resto de la población, delante de los niños”. Insistió en que no se trata de rumores ni exageraciones. “Todo eso está por escrito”, repitió.
Según explicó, esos adultos llegaron al centro cuando eran niños y permanecieron allí al crecer. “Un paciente psiquiátrico no tiene los controles. Ve a otro y quiere tocarlo, quiere violarlo”, advirtió, al describir un sistema con tres “casitas” y un solo cuidador para hasta 16 personas durante la noche.
Se intentó obtener la versión de la directora de la Senniaf, pero se informó que no daría declaraciones al respecto.
