La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, instaló este sábado 15 de noviembre la Comisión de Salario Mínimo con un llamado a la responsabilidad colectiva que involucra a las autoridades, el sector privado y los trabajadores, al advertir que el país enfrenta un panorama laboral que exige diálogo serio, acuerdos posibles y decisiones que no profundicen las brechas sociales.
“Estamos ante un reto en esta mesa, y es que el desempleo no siga aumentando”, advirtió, al subrayar que la discusión salarial no debe convertirse en un factor de polarización entre trabajadores y empleadores.
Muñoz pidió un “debate de altura”, sustentado en argumentos técnicos y no en confrontaciones estériles, antes de declarar formalmente instalada la comisión que definirá las nuevas tasas salariales que regirán a partir de 2026.
La Comisión de Salario Mínimo estará integrada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien la encabezará, en un momento en que la discusión sobre el costo de la vida vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El grupo queda conformado por 11 miembros principales, entre ellos cinco representantes del sector gubernamental. A la ministra Muñoz se suman Karla María León Navarro, del Mitradel; Liz Marie Luciani D., del Ministerio de Economía y Finanzas; Julio A. Moltó A., en representación del Ministerio de Comercio e Industrias; y Mariela de Ycaza, delegada del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Este bloque estatal tendrá la tarea de aportar la perspectiva técnica sobre el desempeño económico nacional y la capacidad productiva de los sectores empleadores.
Otros sectores
El sector empresarial también tendrá un rol protagónico en la mesa tripartita. A través del Decreto Ejecutivo No. 12 del 13 de noviembre de 2025, se designa como miembros principales a Juan Antonio Ledezma, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Juan Arias S., delegado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura; y Alexis Fletcher, en representación de la Cámara Panameña de la Construcción. Este grupo llega a la mesa con el desafío de equilibrar las expectativas de competitividad empresarial con las presiones inflacionarias que afectan a sus trabajadores.
Por parte del sector trabajador, la nueva comisión incluye a Juan Samaniego y Gilberto Melo, ambos del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), además de Ariel Muñoz, delegado de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). Estas organizaciones han insistido en que cualquier ajuste salarial debe responder al incremento sostenido del costo de la canasta básica, el transporte y los servicios esenciales.
La Comisión Nacional de Salario Mínimo es el mecanismo técnico y consultivo que, desde hace décadas, estructura estas discusiones a partir de estudios económicos, investigaciones sectoriales y comparaciones regionales. Más allá de su composición, la comisión debe evaluar el desempeño de sectores específicos de la economía, medir la productividad y considerar la situación de las micro y pequeñas empresas, que suelen ser las más afectadas por los incrementos salariales.
En la última negociación, realizada en 2023, la mesa del salario mínimo acordó un ajuste general que elevó el promedio nacional a $636.80 mensuales.
El incremento se aplicó de forma diferenciada según el tamaño y la actividad económica de las empresas: 4.5% para las pequeñas, 6% para las grandes y 7% para las compañías del sector bananero, una de las principales fuentes de empleo en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
La expectativa
Con la instalación de la nueva comisión, Panamá inicia un periodo de negociación que se extenderá durante las próximas semanas. Mientras los sindicatos buscan un aumento significativo que refleje las presiones económicas sobre los hogares, los empresarios advierten que cualquier ajuste debe ser viable y proporcional al desempeño de la economía.
Frente a este escenario, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) espera que el proceso se desarrolle con estricto apego al marco legal. Su presidenta, Giulia De Sanctis, subrayó que la revisión debe hacerse “cumpliendo con los parámetros establecidos en el Código de Trabajo”, en un contexto económico que —según afirma— exige evaluaciones técnicas y no decisiones improvisadas.
Por su parte, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) llega sin mayores expectativas. Su dirigente, Marco Andrade, advirtió que el ambiente no es el más favorable para los trabajadores. “Difícil ante un gobierno que se ha declarado empresarial”, señaló.
Las sesiones de la Comisión de Salario Mínimo se desarrollarán cada miércoles, en jornadas de trabajo que se extenderán por unas seis horas. En total, se prevé la realización de alrededor de cuatro sesiones, en las que Gobierno, empresas y trabajadores deberán acercar posiciones para definir el nuevo ajuste salarial.
