La construcción de 20 tribunales, la digitalización de expedientes (y el descarte de casi medio millón que ya no tienen utilidad), la implementación del Código Procesal Civil y la contratación de 590 funcionarios para repartir en 50 despachos judiciales son algunos los planes del Órgano Judicial que se verán afectados con el recorte presupuestario propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la próxima vigencia fiscal.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó $398.6 millones para el año 2027, casi $47 millones más que el presupuesto de 2026. El MEF, de un plumazo, ajustó la cifra a $352.3 millones, lo que implica un recorte de $46.4 millones. Dicho de otro modo, la Corte recibiría en 2027 un presupuesto muy similar al actual.
Ese recorte fue recibido con preocupación por la magistrada presidente, María Cristina Chen Stanziola, que la noche del martes acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) para la sustentación de rigor.
Chen apeló al artículo 214 de la Constitución que establece que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Aunque corresponde al Ejecutivo preparar el presupuesto y a la Asamblea examinarlo, modificarlo, rechazarlo o aprobarlo, esas facultades deben ejercerse “tomando en cuenta la prerrogativa constitucional del Órgano Judicial”, remarco Chen.
Agregó que las limitaciones y recortes presupuestarios tienen “un efecto directo sobre la capacidad de la institución para ofrecer una justicia gratuita, expedita, ininterrumpida, independiente, objetiva e imparcial”.
Inflación
Durante la sustentación, la secretaria administrativa de la Corte, Vielsa Ríos, contó que, con el recorte del MEF, el presupuesto de 2027 será apenas $1 millón superior al de 2026. Según ella, la cifra no contempla el efecto de la inflación sobre los gastos de funcionamiento.
Hasta el 31 de julio de 2026, el OJ había ejecutado el 52.5% de su presupuesto de funcionamiento y el 33.1% del de inversión, según informes del MEF.
Casi todo el presupuesto de funcionamiento se destina al pago de planillas. El OJ tenía 7,645 trabajadores, al 1 de septiembre pasado.
Nuevos tribunales
La Corte tiene previsto reforzar 50 despachos judiciales en todo el país con la creación de 590 puestos de trabajo. Esto representaría un costo anual estimado de $6 millones.
También contempla otros $6 millones para poner en funcionamiento 20 tribunales, principalmente en las jurisdicciones de Niñez y Adolescencia y de Familia, además de cuatro tribunales de insolvencia.
El alquiler de instalaciones también representa un peso importante sobre las finanzas del Órgano Judicial. Para 2027 se calcula que un gasto de aproximadamente $14.1 millones por este concepto, frente a $12.2 millones en 2026.
Recorte a las inversiones
La mayor diferencia entre lo solicitado por el Órgano Judicial y lo recomendado por el MEF se presenta en el presupuesto de inversiones.
La institución solicitó alrededor de $24 millones para este renglón, mientras que la recomendación fue de unos $8 millones, 67% menos.
De los $8 millones recomendados en inversión, $6.4 millones están vinculados a un proyecto de transformación digital financiado con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que aproximadamente $1.5 millones corresponden a equipamiento.
La Corte, sin embargo, calcula que necesita $13 millones adicionales para atender sus necesidades de nuevos equipos.
Chen advirtió que la reducción de recursos para inversión tendría consecuencias sobre varios proyectos que la institución considera prioritarios.
Mencionó lo que ocurrirá con las unidades judiciales regionales de tres locaciones. La de Colón ahora mismo está en remodelación a un costo de $5.2 millones y tiene un avance de 39%. El contrato fue rescindido por incumplimientos del contratista, por lo que la aseguradora asumió la terminación de los trabajos. Para garantizar la continuidad de estos trabajos, se necesita $1.7 millones que no fueron incluidos en las recomendaciones del MEF. Cuando el proyecto termine, la Corte podrá ahorrar $350,000 al año en alquileres.
También está pendiente la construcción de la Unidad Judicial Regional de Santiago de Veraguas, para la cual se requieren unos $3.5 millones que fueron eliminados por el MEF. El proyecto se levanta un terreno de aproximadamente cinco hectáreas y consiste en cinco edificios, vías internas, cerca perimetral y mantenimiento. La licitación está prevista para el 29 de septiembre de 2026 y la inversión se calcula en $44.3 millones. El proyecto es para albergar oficinas que ahora están en locales que se alquilan por $1.2 millones al año.
En cuanto a la Unidad Judicial Regional de Las Tablas, su licitación está prevista para el 21 de octubre de 2026. La obra contempla una inversión total de $39.5 millones, con tres módulos, planta de tratamiento, cerca perimetral y mantenimiento, en un terreno de dos hectáreas. La magistrada Chen señaló que, para arrancar, necesita $2.5 millones que no fueron incluidos en la recomendación del MEF. En Las Tablas, la Corte gasta $1 millón al año en alquiler de oficinas.
Un juzgado, dos contenedores
La lista de necesidades también incluye la construcción del Juzgado Municipal de Volcán, en Chiriquí, para el que se requieren $500 mil.
Desde 2024, el juzgado funciona en dos contenedores equipados, mientras que el proyecto para construir una sede permanente no ha podido avanzar por falta de recursos.
La presidenta de la Corte también alertó sobre la continuidad del proyecto de videovigilancia de las instalaciones judiciales, particularmente en instalaciones como el tribunal de crimen organizado, en Vía España, y oficinas consideradas sensibles en Colón y San Miguelito. Para el proyecto de las cámaras de videovigilancia se necesitan $1.5 millones adicionales.
Otro de los problemas expuestos durante la sustentación presupuestaria es el volumen de expedientes físicos que conserva el Órgano Judicial.
La entidad requiere $350 mil para continuar con el inventario y clasificación de más de cuatro millones de expedientes en el archivo central. De ese total, más de 478 mil ya fueron identificados como documentos que perdieron su valor documental y que podrían ser desechados.
La meta de la institución, indicó Chen, es avanzar hacia una justicia sin papel, aunque reconoció que todavía hay 256,000 procesos activos que se tramitan “en papel”.
También se incluyeron recursos para garantizar la continuidad del equipamiento de los despachos, la grabación y transcripción digital de las audiencias y la implementación del nuevo Código Procesal Civil, adoptado mediante la Ley 402 de 2023.
