El hallazgo de fajos de billetes ocultos en maletas o pegados al cuerpo de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen o a otras terminales aéreas del país, es un fenómeno que se replica constantemente. En lo que va de 2025, la Autoridad Nacional de Aduanas ha decomisado casi un millón de dólares en efectivo no declarado, una cifra que revela la magnitud de una práctica que conecta a Panamá con las rutas del lavado de dinero en la región.
“Lo que ha cambiado en esta gestión es que cada centavo decomisado se reporta en tiempo real a las autoridades competentes”, aseguró la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, en entrevista con La Prensa. Según explicó, apenas se detecta un monto irregular, el caso pasa inmediatamente al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“Contamos con mesas de trabajo interinstitucionales y una de ellas se realiza con la UAF, con la que mantenemos comunicación directa al 100%. Esto permite que ellos asuman sus investigaciones de manera inmediata y eficiente”, añadió la directora de Aduanas.
El dinero incautado, en la mayoría de los casos proviene de países de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente Cuba. En este último caso, las autoridades presumen que no siempre está vinculado a organizaciones criminales, sino al hecho de los cubanos no pueden mover capitales por vías regulares.
Panamá pierde hasta $500 millones por el contrabando
Si el dinero en efectivo tiene en alerta a las autoridades, el contrabando representa un golpe aún más duro a las finanzas públicas. Solo por cigarrillos y mercancía ingresada mediante servicios courier, Panamá pierde entre 200 y 500 millones de dólares al año, reveló Valdivieso.
El caso de los cigarrillos es especialmente alarmante: lo que antes parecía un negocio menor, hoy constituye una plataforma de financiamiento para redes criminales internacionales. “El rédito de este comercio ilícito es de hasta 700%, lo que lo hace más rentable que el narcotráfico”, advirtió.
Las cajetillas ilegales provienen principalmente de India, aunque también llegan de China y Corea del Norte. Su entrada al país no solo impacta la recaudación estatal y pone en jaque al comercio formal, sino que además ha obligado a la institución a desempolvar herramientas legales. Por primera vez en años, Aduanas aplicó la ley penal aduanera, con la que se han logrado detenciones y procesos contra cabecillas de estas redes.
El comercio por courier, en tanto, se ha convertido en otro reto. “Todas las aduanas del mundo tienen ese problema. Se han convertido en almacenes, en locales, y no tenemos la capacidad al 100% para fiscalizar que todos los impuestos se paguen”, relató Valdivieso, quien recientemente participó en una cumbre aduanera en Bélgica donde se abordó el asunto.
Tecnología como aliada
La batalla contra el contrabando y el lavado no se libra solo con operativos y detenciones. En los últimos meses, Aduanas ha dado pasos hacia la modernización tecnológica, conscientes de que el volumen de pasajeros y mercancías hace imposible un control manual efectivo.
El primer cambio fue la digitalización de la declaración jurada de viajeros, que sustituyó los formularios en papel. El nuevo sistema permite perfilar con mayor precisión a quienes ingresan con montos superiores a los 10 mil dólares, en lugar de dispersar los esfuerzos en cientos de pasajeros de un mismo vuelo.
El siguiente paso será el rediseño de los carriles en aeropuertos. Según la directora de Aduanas, el propósito es adquirir tecnología para que las maletas sean escaneadas automáticamente una vez bajen del avión. Un software de análisis de riesgo decidirá en segundos qué equipaje se revisa, cuál requiere documentos adicionales y cuál puede salir sin demoras.
Con ello, ya no será el inspector ni la policía quien decida en la fila, sino un sistema automatizado. “Estamos cerrando brechas que antes permitían que dinero o mercancía ilícita entrara sin control”, destacó Valdivieso.
Más allá de cifras y decomisos, la funcionaria insiste en que el contrabando no es un problema que afecta solo al Estado. Detrás de un producto falsificado puede haber riesgos directos para la salud: desde medicamentos adulterados hasta alimentos sin controles sanitarios.
“El comercio ilícito no solo erosiona la recaudación, también desarticula a la economía formal y pone en riesgo a los consumidores”, concluyó la jefa de Aduanas.
