El Legislativo de El Salvador, ampliamente dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una reforma a la Constitución para sacar al país del Parlamento Centroamericano (Parlacen), algo que solo ha intentado antes Panamá, y sin éxito.
El oficialismo optó por impulsar la reforma de los artículos 80 y 133 de la Constitución para eliminar las diputaciones del Parlacen, la cual debe ser ratificada para su aprobación definitiva.
Los diputados oficialistas argumentan que las resoluciones del Parlacen “carecen de efectos reales”, que el organismo representa un “gasto ineficiente”, que la nación podría ahorrar cerca de 1.7 millones de dólares y que la inmunidad que otorga a sus miembros ampara muchas veces a funcionarios corruptos.
El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.
Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.
El precedente de Panamá
El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) fracasó en su intentó de sacar a Panamá del Parlacen, una medida que impulsó bajo el argumento de que era una institución inoperante.
La dificultad radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin éxito.
En noviembre de 2009 el entonces presidente del Parlacen, el nicaragüense Jacinto Suárez, explicó que la vía diplomática consistía en que los presidentes de las naciones miembros debían dar el visto bueno a la salida de un país.
Entonces se informó que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, presididos por Álvaro Colom y Daniel Ortega respectivamente, se habían opuesto a la salida de Panamá del parlamento regional.
Ante ello, el Gobierno de Martinelli impulsó una ley, la 78 de 2011, que derogó las normas que aprobaban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen haciendo efectivo así el retiro de Panamá de este foro político.
Pero la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la Ley 78, por lo que en enero de 2013 la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una ley que restableció la presencia de Panamá en el Parlacen.
De acuerdo con la información de la prensa local, Panamá adeudaba en 2013 unos 3.7 millones de dólares al foro regional por el tiempo que se mantuvo ausente.
Martinelli, que llegó a llamar “cueva de ladrones” al Parlacen, hizo uso de la prerrogativa que le otorga a los expresidentes y juró como diputado del ente regional, lo que le dio un fuero que le permitió evadir la justicia ordinaria en un caso de escuchas ilegales, del que finalmente fue absuelto.
El expresidente Martinelli está asilado en Colombia para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por la Justicia de su país a más de 10 años por un caso de blanqueo de capitales.
