El Ministerio Público tiene más de un año siguiendo el rastro del patrimonio acumualdo por de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, y su familia más cercana.
El 15 de mayo de 2025, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, dirigió una nota de dos páginas a Nairobia Escrucería, directora del Registro Público, con una lista de nombres y cédulas, y una solicitud expresa: buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y 12 familiares más, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública. Este tipo de pesquisas suele ser el preludio de casos complejos orientados a auditar la procedencia de bienes de personas con capacidad de gestión o influencia dentro del sector estatal.
La solicitud, dirigida a la directora general del Registro Público busca determinar con precisión si estas personas mantienen propiedades inscritas a su nombre o en sociedades, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro en las que figuren como directivo, dignatario, representante legal, socio o suscriptor.
Hace 10 días, el procurador se presentó personalmente a la sede de la Unachi, para conducir una diligencia como parte de otra investigación, relacionada con promociones o aumentos a personal que presentó títulos académicos de dos universidades extranjeras que no está reconocidas en Panamá.
El listado
En la lista de personas naturales remitida por el procurador al Registro Público aparecen tres hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero.
El documento también incluye a una extensa red familiar integrada por Franklin, Edwin, Ramiro, Omaira, Javier, Genarina y Andrés Medianero Atencio. Los siete serían hermanos de la rectora.
La relación de personas investigadas también incluye a José Roberto Checa Del Cid, identificado como yerno de la rectora, y a Miriam Milagro Colato Durán, señalada como su nuera. El nombre de Colato Durán ya había surgido anteriormente en el escenario público, cuando la propia rectora la presentó como su supuesta “sobrina” de El Salvador, durante una sustentación presupuestaria en la Asamblea Nacional de Panamá.
La petición del procurador
La petición del procurador Gómez Rudy no es superficial.
El funcionario exige al Registro Público certificaciones que detallen los cargos de dignatarios, directores, socios y representantes legales que estas personas pudieran ostentar. El objetivo es mapear de forma integral cualquier estructura jurídica en la que estos nombres aparezcan, ya sea en roles de mando o como suscriptores de capital.
Un aspecto técnico relevante en la investigación es el énfasis en la Ley 18 del 23 de abril de 2015, sobre los certificados de acciones emitidas al portador. El Ministerio Público ha solicitado verificar si las sociedades, organizaciones y asociaciones sin fines de lucro relacionadas con los investigados se acogieron al régimen de custodia de acciones al portador, una herramienta legal diseñada para aumentar la transparencia y conocer quiénes son los beneficiarios reales de las entidades jurídicas.
Además de los bienes inmuebles y las estructuras societarias, la Procuraduría pidió acceso a todos los documentos registrales inscritos desde la incorporación de dichas sociedades hasta la fecha. Esto permitirá a los investigadores reconstruir el historial de transacciones y cambios de mando ocurridos a lo largo de los años en estas entidades.
Finalmente, el procurador solicitó “cualquier información de trámites realizados por los prenombrados que guarden relación con lo peticionado”.
Las propiedades
Una revisión en el Registro Público permitió constatar que varios de los nombres incluidos en la investigación —sobre todo los hijos de la rectora— aparecen vinculados a distintas fincas y sociedades en las que también figura Etelvina Medianero de Bonagas.
Los registros consultados muestran coincidencias en estructuras societarias y propiedades compartidas, elementos que ahora forman parte del mapa patrimonial bajo la lupa del Ministerio Público.
La rectora aparece directamente relacionada con al menos dos fincas inscritas en el Registro Público, ubicadas en David y Boquete, provincia de Chiriquí. Sin embargo, en 2021, durante una diligencia que ordenó el Tribunal de Cuentas como parte de una investigación por el presunto manejo irregular de fondos, le fueron cauteladas tres fincas en Chiriquí y un apartamento en la ciudad de Panamá. Posteriormente, esa medida fue suspendida.
Además, aparece como fundadora de Bonagas Medianero Foundation, una fundación privada cuyos objetivos incluyen preservar y aumentar el patrimonio de sus fundadores. Al menos tres fincas están a nombre de esta fundación. En esta estructura también figuran sus hijos.
La rectora igualmente aparece como suscriptora de la sociedad Consejo Académico Educativo Cultural, Universidad Iberoamericana de Panamá, S.A., una universidad privada que opera en Chiriquí y que es administrada por una de sus hijas.
Desde que asumió el cargo de rectora en 2013, Medianero de Bonagas ha devengado un salario que, sumado a los gastos de representación, ronda los 15 mil dólares mensuales. Además, durante sus 13 años al frente de Unachi ha administrado un presupuesto cercano a los $1,000 millones.
Los hijos
Jessica Joanna Bonagas Medianero aparece vinculada a al menos siete inmuebles, la mayoría ubicados en Chiriquí, según la información que reposa en el Registro Público. Su nombre también figura dentro de Bonagas Medianero Foundation, al igual que sus hermanos.
Por su parte, Ethel Mayte Bonagas Medianero está relacionada con al menos 11 propiedades: 10 fincas en Chiriquí y un apartamento en la ciudad de Panamá. Como ya se mencionó, también figura en la sociedad Consejo Académico Educativo Cultural, Universidad Iberoamericana de Panamá, S.A.
Ethel está casada con José Roberto Checa Del Cid, quien también figura dentro de la investigación patrimonial adelantada por el Ministerio Público.
En cuanto a Moisés Enrique Bonagas Medianero, según la data del Registro Público su nombre está vinculado a tres sociedades y a por lo menos siete fincas.
Una de esas sociedades es Corporación de Ingeniería y Desarrollo, S.A., actualmente suspendida, donde ocupó los cargos de suscriptor, director y secretario. También aparece en Bonagas Medianero Foundation y en Bonaga’s Investment Inc., sociedad anónima en la que mantiene los cargos de director, secretario y suscriptor.
El nombre de Moisés Bonagas ya había trascendido públicamente en 2021, cuando Francisco Vigil —actual profesor de la Unachi— fue director de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y le otorgó dos contratos como “asesor” en temas tecnológicos por $49,000 y $36,000, respectivamente. Tras su salida de la AND, Vigil regresó a la Unachi como docente. Desde este año es, además, secretario de Asuntos Comunitarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD), partido del que fue candidato a diputado del circuito 4-1 en mayo de 2024, elección que perdió.
El hijo de la rectora mantiene una relación sentimental con Miriam Milagro Colato Durán, quien cobró miles de dólares como docente en la Unachi, según la planilla de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Otros familiares
Checa Del Cid, el yerno de la rectora, aparece en el Registro Público vinculado a una finca en el corregimiento de Pedregal, en Panamá, y mantiene una relación sentimental con Ethel Bonagas. Junto a ella y a la rectora, figura en la directiva de la Universidad Iberoamericana de Panamá S.A. Actualmente ocupa el cargo de presidente.
Miriam Milagro Colato Durán, por su parte, aparece ligada una finca en Herrera.
Sin embargo, La Prensa pudo conocer que Colato Durán, que es salvadoreña, no es sobrina de la rectora, sino su nuera. Además, según los reportes de planilla, cobró durante varios años un salario de $2,900 quincenales como “docente” en la Unachi.
Precisamente, el Ministerio Público también solicitó a la Contraloría General de la República de Panamá certificar si Colato labora o ha laborado desde 2018 hasta la fecha en alguna institución del Estado, en un intento por reconstruir sus vínculos laborales y su historial de contratación dentro de la Unachi.
Ahora, mientras el Ministerio Público reconstruye el entramado patrimonial de la familia de la rectora de la Unachi, la investigación empieza a revelar una red de vínculos familiares en sociedades, propiedades y cargos públicos. El alcance de esas conexiones será clave para determinar si existió un manejo irregular de recursos del Estado alrededor del entorno de Etelvina Medianero de Bonagas.
Próxima entrega: Las fincas y el valor de las propiedades ligadas a Bonagas Medianero Foundation...
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