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El contralor, los ‘dossieres’ y los votos: radiografía de una advertencia institucional

El contralor, los ‘dossieres’ y los votos: radiografía de una advertencia institucional
El presidente de la República, José Raúl Mulino, en el pleno de la Asamblea Nacional. Cortesía

El 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional intentaba instalar su nueva junta directiva, el contralor general de la República, Anel Flores, según varios diputados, no era un espectador cualquiera. Su nombre y el de sus colaboradores comenzaron a circular entre pasillos, curules y salones legislativos como supuestos operadores en la pugna por imponer a Shirley Castañedas, la abogada personal del expresidente Ricardo Martinelli, como nueva presidenta del Legislativo.

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La maniobra fracasó. Ganó Jorge Herrera, del Partido Panameñista. Pero las secuelas del episodio todavía ensombrecen la institucionalidad panameña.

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El 1 de julio se instaló la primera legislatura del segundo periodo de sesiones de la Asamblea. Cortesía

Entre las voces que han advertido el peligro de lo ocurrido se encuentra la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. Consultado por La Prensa, fue claro al afirmar que la intervención del contralor y otros funcionarios en un proceso legislativo representa una violación a los principios de separación de poderes.

“No hay la menor duda de que eso sí ha ocurrido. Y eso no es correcto, porque es evidente que es una intervención de un órgano del Estado en la formación de otro. Eso está muy mal”, señaló Molino Mola, al comentar los señalamientos que hicieron los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga y Janine Prado, entre otros, sobre la presencia de emisarios del Ejecutivo y la Contraloría en el recinto parlamentario.

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Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. LP/Archivo

A los ojos del jurista, lo más preocupante no es solo el hecho puntual de una presión, sino lo que revela del sistema político panameño. “La lección que deja esto es que aunque la Constitución habla de independencia de funciones, en la práctica son dependientes. Es como se dice aquí, favor con favor se paga. Tú me pides una cosa y yo te pido otra”, dijo. Esa lógica, añadió, ha contaminado históricamente la política panameña y sigue vigente en todos los niveles del poder.

El contralor lo niega

El contralor Anel Flores negó cualquier presión sobre diputados. Pero al ser cuestionado públicamente, respondió que tenía en su poder currículos y solicitudes de nombramientos enviadas por los mismos legisladores que ahora lo critican. Añadió que estaba dispuesto a hacerlos públicos.

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Contralor Anel Flores. LP

Para Molino Mola, ese comentario constituye una amenaza. “Es como decir: tú estás hablando de mí, ahora yo voy a sacar todo lo que yo conozco de ti”, explicó. Según el exmagistrado, la reacción de Flores demuestra un entendimiento transaccional de la política pública, en el que todo se negocia y nadie actúa por convicción.

Le puede interesar: Zúñiga señala al contralor por operar a favor de Shirley Castañedas; Flores amenaza con exponer a diputados

El exmagistrado también se refirió a otra acusación lanzada por el contralor: que un empresario habría donado “un dinero importante” para inclinar los votos a favor de Jorge Herrera. Mencionó a diputados de Vamos y de Cambio Democrático. “Pues entonces que lo diga. ¿Por qué no señala al empresario?”, cuestionó Molino Mola.

La advertencia de una exmagistrada

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y excomisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, también se pronunció sobre los hechos del 1 de julio. A su juicio, lo ocurrido en la Asamblea, representa una falta grave a la ética institucional.

“Lo ocurrido el 1 de julio en la Asamblea, durante la elección y toma de posesión de la nueva directiva, un momento clave en el funcionamiento de uno de los órganos del Estado, no solo plantea interrogantes sobre la separación de poderes, sino que también representa un tema ético”, afirmó Arosemena de Troitiño.

“¿Cómo es posible que, en una coyuntura tan delicada como la que vive el país, con una crisis social que paraliza múltiples sectores, no prevalezca un sentido de responsabilidad institucional? (...) A mi juicio, se trata de una forma de presión. (...) Todo esto refleja, sin duda, una crisis institucional dentro de nuestro sistema democrático", añadió.

El criterio del analista

Desde otra óptica, el analista político José Stoute advirtió sobre los riesgos de especular sin pruebas directas. Para él, una acusación tan seria requiere respaldo de las personas supuestamente afectadas. “El problema que siempre tenemos aquí es que el afectado, o los afectados, si es que los hay, no son los que declaran. Todo lo demás es suposición”, sostuvo.

Stoute reconoció que en este caso el contralor niega las acusaciones, mientras otras figuras lo responsabilizan. Pero subrayó que la clave está en que algún diputado diga con nombre propio: “sí, me presionaron, sí, me llamaron”. Mientras eso no ocurra, sostuvo, el debate se mantendrá en el terreno de la especulación política, no de la evidencia verificable.

Respecto a las declaraciones del contralor sobre los currículos y el dinero, Stoute fue tajante: “Pues que lo haga. Que publique todo lo que dice tener. Un funcionario público no puede actuar en privado. Para eso que renuncie y vuelva al sector privado”. A su juicio, la transparencia no puede depender del humor o conveniencia del funcionario de turno.

Lea aquí: ‘Miembros del Ejecutivo se paseaban por los pasillos de la Asamblea, llamando y presionando a diputados’: diputada Prado

La voz de un constitucionalista

El constitucionalista Jorge Giannareas colocó el foco en el bloqueo institucional que mantuvo la sesión paralizada durante cinco horas. “El espectáculo del primero de julio fue lamentable. Producto de ese afán por conseguir votos, la sesión no inició sino hasta cinco horas después”, dijo.

Giannareas propuso reformar el reglamento interno de la Asamblea para impedir que la directiva secuestre el inicio de una reunión: “Bastaría con que la mayoría de los diputados decida iniciar la sesión y se inicia”, manifestó.

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El diputado panameñista Jorge Herrera, electo como presidente de la Asamblea Nacional, es felicitado por sus colegas. LP/Elysée Fernández

Sobre la intromisión del contralor, fue categórico: “Cualquier intervención o interferencia es sencillamente inapropiada”.

Recordó que la Constitución reserva a la Asamblea la potestad exclusiva de elegir su directiva y sus comisiones. “El Ejecutivo no tiene ningún rol. Tampoco otras instituciones”, afirmó. Para Giannareas, el desenlace que llevó a Herrera a la presidencia resulta “positivo” porque permitirá una Asamblea con capacidad fiscalizadora.

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Pleno de la Asamblea Nacional este 1 de julio de 2025. LP/Elysée Fernández

Una advertencia ética

El abogado y exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, en la red social X, expresó una preocupación de fondo: “Proteger la independencia y la objetividad de la Contraloría General de la República no solo es un deber legal, sino un imperativo ético. Utilizar su poder fiscalizador como parte del juego político socava su autoridad y legitimidad. Alerta temprana”.

Un patrón que persiste

Los testimonios convergen en un diagnóstico común: la interacción entre poderes continúa atravesada por intercambios de favores, presiones y amenazas veladas. Molino Mola lo llama “deshonestidad política”. Stoute lo describe como “cultura de opacidad”. Giannareas insiste en que la solución debe comenzar con reglas claras que impidan secuestrar una sesión y con un reconocimiento práctico de la separación de poderes.

Mientras tanto, diputados de Vamos le dicen al contralor que presente pruebas y denuncias. Una de ellas la diputada Yamireliz Chong, quien lo cuestionó en X.

Señor Contralor: ¡No más bochinches, exigimos acción y seriedad! Es preocupante observar cómo un funcionario de su altura y con tanta responsabilidad se dedique a difundir rumores en lugar de cumplir con su verdadero deber. Si usted tiene información tan grave sobre actos de corrupción, su obligación es actuar conforme a la ley y presentar las denuncias formales, en lugar de esparcir “lo que le dicen por ahí”. Recordemos que, por ley, todo funcionario que conozca de un delito tiene la obligación de denunciar. La ley es muy clara al respecto. El Pueblo Panameño espera que su actuar sea de acuerdo con la seriedad y el compromiso que su cargo demanda“, escribió en X.

(Con información Ohigginis Arcia Jaramillo)


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