La crisis penitenciaria en el país no termina en los barrotes oxidados, las celdas hacinadas ni en los programas de resocialización que no logran cumplir su cometido. También se manifiesta en la inacción institucional.
El gobierno no ha convocado al Consejo de Política Penitenciaria, un organismo creado por ley para examinar los problemas de las cárceles, proponer soluciones y orientar las políticas públicas en el tema. Ni siquiera lo ha hecho después de la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita, en medio de una reyerta que dejó tres reclusos muertos y ocho heridos.
Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, aseguró que desde el inicio de la actual administración no se ha celebrado una sola reunión de esta instancia, creada para discutir las políticas dirigidas a los privados de libertad y proponer respuestas.
“Yo con propiedad te puedo decir que esta administración no ha hecho una sola reunión del Consejo Penitenciario”, afirmó Cedeño. La abogada explicó que ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, que convoque al organismo para examinar la situación de los centros penitenciarios y revisar las políticas que se están aplicando.
Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados
“Esta administración no ha hecho una sola reunión del Consejo Penitenciario”.
“Que veamos qué es lo que está pasando con las cárceles, qué está pasando con el sistema penitenciario”, insistió.
La composición
El Consejo reúne a representantes de distintas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, además de organizaciones de la sociedad civil y el Colegio Nacional de Abogados.
Aunque la Ley 55 de 2003 no establece una periodicidad obligatoria para sus sesiones, Cedeño recordó que, en administraciones anteriores, las reuniones se realizaban cada dos o tres meses. En el actual gobierno, sin embargo, no ha habido ninguna convocatoria de la ministra, quien preside esta instancia.
La falta de reuniones ocurre mientras el sistema penitenciario enfrenta cuestionamientos por el hacinamiento, las condiciones de alimentación y la situación de los detenidos que aún no han recibido una condena. A esto se suman las denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre la muerte de reclusos presuntamente por desnutrición.
Cedeño señaló que hay más de 10,000 personas bajo investigación y cuestionó la falta de una clasificación adecuada de la población penitenciaria.
El suministro de alimentos
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados también cuestionó los cambios en el suministro de alimentos a las personas privadas de libertad, luego de que se restringiera el ingreso de comida por parte de sus familiares y se estableciera un mecanismo de compra mediante una plataforma.
Dijo que el gremio ha recibido quejas de abogados porque los productos adquiridos no llegan a los detenidos en las condiciones o cantidades solicitadas. “No hemos visto en realidad qué fue lo que crearon, a quién se le compra, a dónde va ese dinero”, señaló.
Para Cedeño, estos asuntos deberían discutirse en el Consejo de Política Penitenciaria, creado por la Ley 55 del 30 de julio de 2003. Entre sus atribuciones están definir las políticas penitenciarias, estudiar los problemas que afectan a los centros carcelarios y recomendar medidas para mejorar las condiciones de reclusión.
La Ley 55
El exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, habló por primera vez con un medio de comunicación desde que dejó el cargo. En la entrevista, sostuvo que su gestión estuvo marcada por una exigencia que, según afirmó, no estaba dispuesto a negociar: el cumplimiento de la Ley 55 de 2003.
Chanan Singh, exdirector del Sistema Penitenciario
“La Policía Nacional tiene que salir del sistema penitenciario. Esa fue mi petición. Punto”.
Su principal planteamiento era sacar a la Policía Nacional del interior de las cárceles y reorganizar el sistema conforme a las disposiciones que regulan su funcionamiento. “La Policía Nacional tiene que salir del sistema penitenciario. Esa fue mi petición. Punto”, afirmó Singh, quien considera que esa medida permitiría recuperar el control institucional y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Singh sostiene que la Policía debe permanecer fuera del perímetro de las prisiones, mientras que la administración y el control interno deben corresponder al Sistema Penitenciario.
Para el exdirector, la reorganización no se limita a retirar a los agentes policiales. También implica adecuar el funcionamiento de las cárceles a la Ley 55 y a los estándares internacionales sobre tratamiento penitenciario.
Singh aseguró que el país cuenta con unos 1,200 custodios para atender a una población cercana a los 25,000 privados de libertad. Sin embargo, considera que una reestructuración permitiría organizar mejor las funciones y reducir la necesidad de contacto permanente entre custodios y reclusos.
“Tenemos que apegarnos a la Ley 55 y al sistema internacional de los sistemas penitenciarios”, insistió.
También descartó continuar en otra institución del Gobierno y aseguró que regresará a sus actividades privadas. Antes de despedirse, dejó un mensaje al presidente de la República, José Raúl Mulino: “Sigo siendo su amigo. Cumplí hasta donde pude y siempre estaré agradecido”, expresó.
Derechos humanos
A los cuestionamientos por la falta de convocatoria del Consejo de Política Penitenciaria se suman las críticas de las organizaciones de derechos humanos.
Magaly Castillo, activista y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una de las agrupaciones que ha denunciado recientemente la muerte de reclusos presuntamente por desnutrición severa, considera que el problema responde a una falta de interés sostenida de los gobiernos.
Magaly Castillo, activista
“Ningún gobierno ha demostrado interés por el tema penitenciario. Si les interesara, tratarían de cumplir con la ley que crea el sistema penitenciario”.
Castillo también denunció restricciones al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que anteriormente podían ingresar a los penales para realizar labores de observación y ahora, según dijo, tienen vedado el acceso. “Las cárceles están vedadas para las organizaciones de derechos humanos”.
Este medio intentó obtener una reacción de la presidenta del Consejo de Política Penitenciaria y ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
No obstante, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que señala que se creó el Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias como mecanismo de apoyo al despacho superior para la identificación de riesgos y el fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
