La propuesta de la Coordinadora Nacional de Representantes (Conare) de aumentar en 1,000 dólares mensuales el salario de los representantes de corregimiento, para elevarlo a 3,000 dólares a partir de 2027, plantea una interrogante: ¿cuánto perciben realmente los ediles y si todos reciben los mismos ingresos?
Aunque el incremento se presenta como un beneficio general, la realidad es que no todos los representantes perciben la misma remuneración. Algunos complementan sus ingresos mediante dietas, gastos de representación o el ejercicio simultáneo de otros cargos públicos vinculados a los consejos provinciales.
El caso más representativo se registra en el Consejo Municipal de Panamá, donde los ingresos mensuales de cada representante de corregimiento superan los 6,000 dólares al sumar el salario, las dietas por reuniones y los gastos de representación.
En este gobierno local, los 26 ediles no solo perciben su salario, sino también 600 dólares por cada reunión semanal, lo que representa 2,400 dólares adicionales al mes. A ello se suma el Acuerdo No. 97 del 22 de abril de 2025, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá, mediante el cual se estableció el pago de 2,000 dólares mensuales en concepto de gastos de representación para los representantes de corregimiento.
La demanda
La legalidad de esos gastos de representación también llegó a los tribunales. El abogado y vicealcalde con licencia del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la anulación del acuerdo.
Ruiz Díaz, quien presentó la demanda en su propio nombre, sostiene que el Consejo Municipal de Panamá excedió sus competencias al aprobar beneficios salariales para autoridades que, según argumenta, no forman parte de la estructura de personal del municipio. En su recurso, afirma que los representantes de corregimiento son autoridades de elección popular cuya remuneración y viáticos corresponden al Ministerio de Gobierno, por lo que considera que el acuerdo vulnera el marco legal vigente.
Este tipo de dietas o beneficios adicionales suele registrarse en municipios con una elevada capacidad de recaudación, especialmente en los distritos cabecera de provincia. En contraste, otros municipios dependen de subsidios del Gobierno Central y carecen de recursos suficientes para otorgar este tipo de remuneraciones complementarias.
Los reportes de la Contraloría General de la República indican que, de los 81 municipios del país, 64 dependen de subsidios del Gobierno Central para cubrir sus gastos de funcionamiento, mientras que solo 17 generan ingresos propios suficientes para sostener sus operaciones.
Esta realidad explica por qué representantes de corregimientos ubicados en zonas apartadas de provincias como Veraguas, Herrera, Darién o Bocas del Toro no reciben dietas ni gastos de representación en la actualidad.
Otras diferencias
Las desigualdades no se limitan al ámbito salarial. También se reflejan en la distribución de los recursos de la descentralización.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes (Conare) , Celestino Vargas, explicó que los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas, destinados directamente a las juntas comunales, ya fueron desembolsados casi en su totalidad, salvo en los casos en que aún faltan documentos por presentar.
Sin embargo, advirtió que los recursos provenientes del impuesto de bienes inmuebles (IBI) siguen acumulando retrasos heredados de administraciones anteriores, pese a que recientemente el Gobierno realizó un desembolso de 30,000,000 de dólares.
No obstante, Vargas cuestionó la forma en que esos recursos fueron distribuidos. Afirmó que, de los 30,000,000 de dólares desembolsados, aproximadamente 25,000,000 quedaron concentrados en apenas cinco municipios, mientras que los otros 76 tuvieron que repartirse los 5,000,000 restantes.
A su juicio, esta situación profundiza las brechas entre los gobiernos locales y evidencia la necesidad de reformar la legislación sobre descentralización para lograr una distribución más equitativa de los recursos.
En ese contexto, Conare incorporó en su propuesta presupuestaria para 2027 un aumento salarial para los representantes. Vargas recordó que, durante el gobierno anterior, se les prometió elevar sus ingresos hasta 3,500 dólares mensuales, compromiso que nunca se concretó. Ahora aspiran a un incremento de 1,000 dólares que permitiría fijar el salario en 3,000 dólares mensuales.
El presidente de Conare defendió la petición al argumentar que los representantes son funcionarios electos que mantienen un contacto permanente con las comunidades y que, en muchos casos, destinan parte de sus ingresos a atender necesidades de sus corregimientos.
