La Policía Nacional tiene una explicación para los crímenes que han sacudido al país en los últimos meses y días: sus propios éxitos. Esa versión la expuso el director de la entidad, Jaime Fernández, en una entrevista con La Prensa, en la que mostró la radiografía de las estructuras criminales que operan en Panamá y defendió la ofensiva policial contra el narcotráfico y las pandillas.
La tesis de Fernández apunta a una reacción directa de los grupos criminales frente a las incautaciones de droga, las capturas de líderes y las operaciones antipandillas ejecutadas desde el año pasado.
“El mes de abril fue un mes que comenzamos a ver el resultado del éxito de estas incautaciones”, manifestó cuando se le consultó por el sangriento abril que dejó 62 asesinatos en todo el país y golpeó principalmente al distrito de San Miguelito y Alcalde Díaz, corregimiento al norte de la capital.
Le puede interesar: San Miguelito y Alcalde Díaz: las zonas más golpeadas por la ola de homicidios en abril
“Alguien se vio afectado. Algún grupo quiere tomar posición más agresiva sobre otro”, añadió el director, al describir la dinámica que, según la Policía, alimenta los homicidios recientes.
Fernández describió una cadena de consecuencias que arranca con incautaciones que calificó como “históricas”, con 35.6 toneladas de droga decomisadas solo por la Policía en 2025, y termina en ajustes de cuentas entre estructuras criminales que pierden cargamentos, dinero o control territorial.
121 grupos pandilleriles
Según el director, el fenómeno ya no se limita a las pandillas tradicionales. La Policía identifica 121 grupos pandilleriles que operan subordinados o vinculados a ocho grandes estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la contaminación de contenedores y el microtráfico.
“Las 121 pandillas hacen servicios para esas grandes estructuras”, afirmó.
Fernández aseguró que esas organizaciones mantienen conexiones con redes criminales fuera de Panamá y utilizan grupos menores para custodiar droga, mover cargamentos, ejecutar homicidios o controlar territorios. “La moneda de cambio ya no es el dinero, ya es droga”, manifestó al explicar cómo parte de los pagos dentro de las redes criminales termina luego en el microtráfico local, en los barrios.
No era droga, era azúcar, yeso o tablas de madera
El detonante más específico que identificó el director fueron los llamados “tumbes”. En al menos cinco decomisos recientes, las autoridades encontraron cemento, azúcar, yeso o tablas de madera dentro de cargamentos que supuestamente transportaban cocaína.
“Comenzamos desde el año pasado a hacer un seguimiento y a hacer un test. Algunas drogas estaban diluidas. Comenzamos a llevar un control y ver qué estaba pasando. Y ya llegó un momento donde dijimos: aquí hay una tendencia, un patrón”, relató Fernández.
Lea aquí: Autoridades detectan quinto cargamento de falsa droga
Según el director, después de que las autoridades detectaron ese patrón y comenzaron a exponerlo, surgieron retaliaciones dentro de las propias estructuras criminales. “No puedo decir que todos los homicidios se han dado a raíz de eso, pero obviamente eso tuvo una incidencia”, afirmó.
Los meses anteriores a abril habían sido, según sus palabras, “meses espectaculares y exitosos donde logramos tener por debajo del 10% la incidencia delictiva en cuanto a homicidios”.
La ruptura de estructuras, el otro efecto colateral
Más allá de los tumbes, Fernández describió otra dinámica que, según él, explica la violencia reciente: la fragmentación de grupos criminales tras la captura de líderes.
“Yo puedo agarrar un líder de una pandilla y otro va a querer ocupar esa posición. Entonces, el problema que tenemos es que cuando dos o tres quieren ocupar esa posición, comienza una ruptura”, explicó.
Ese fenómeno aparece con fuerza en Colón. La captura de integrantes de los G for Life o G4, estructura que operaba en Panamá y Colón, dio paso al surgimiento del Grupo Roca, al que la Policía vincula con buena parte de los homicidios registrados este año en esa provincia.
Fernández narró que cuando asumió la dirección de la Policía, en 2024, la institución mantenía identificadas 180 pandillas. Hoy la cifra bajó a 121 grupos. En ese período, la Policía ejecutó 24 operaciones antipandillas en 2024 y 28 en 2025.
En lo que va de 2026 ya acumula siete operaciones y mantiene otras 17 en preparación.
La violencia se mueve fuera de los focos tradicionales
La Policía es de la tesis que la presión contra las estructuras criminales también provocó un desplazamiento territorial de la violencia hacia provincias que históricamente no concentraban la misma atención.
Chiriquí figura hoy en el mapa con 24 grupos pandilleriles identificados por las autoridades. Panamá Oeste mantiene 22 y San Miguelito 35, por ejemplo.
“El crimen organizado aprieta una zona y sale por otra”, advirtió Fernández.
El director describió a Chiriquí como un punto sensible por su conexión fronteriza y por el movimiento de droga hacia rutas internacionales.
Según explicó, grupos criminales utilizan sectores cercanos a la frontera para trasladar narcóticos por vía terrestre y reforzar operaciones ligadas al microtráfico y la logística del narcotráfico.
Las cifras de 2026 ilustran la dimensión del fenómeno. Hasta el 19 de mayo, la Policía reportó 145 personas detenidas por pandillerismo, 120 capturadas por homicidios y 66 por lesiones personales.
En total, 3.433 individuos resultaron aprehendidas en lo que va del año.
Las autoridades también decomisaron 146 armas, entre automáticas, revólveres, pistolas y granadas, y 2.763 paquetes de droga.
Solo en Tolé, Chiriquí, hace pocas semanas, dos pick-ups transportaban 1.5 toneladas de estupefacientes.
El asesinato del representante
Esta zona quedó bajo la mirada pública tras el asesinato del representante del corregimiento de Veladero, Tolé, Juan Ruperto Degracia Murillo, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El vehículo en el que viajaba junto a familiares recibió más de 70 impactos de bala.
Fernández evitó vincular directamente a la víctima con estructuras criminales, pero dejó claro que la investigación analiza ese escenario. “No es normal que te tiren arriba de 70 impactos”, afirmó. También recordó que el representante había sobrevivido a atentados anteriores desde 2019 y mencionó las recientes incautaciones de droga en la zona.
“La entrada al crimen organizado, y no voy a decir que esta persona lo estaba o no porque eso está en investigación, te lleva a tres opciones: te matan, vas preso o todas las anteriores”, sentenció.
Crimen de la fiscal: ‘Violencia doméstica’
El director sostuvo además que varios homicidios recientes muestran patrones de violencia extrema asociados a mensajes entre grupos rivales. “No es normal que alguien te dé 30 tiros”, comentó al referirse a otros casos recientes.
El crimen de Degracia Murillo ocurrió el pasado lunes, el mismo día del asesinato de la fiscal adjunta Patricia Ossa, en Pueblo Nuevo. La asesinó su pareja, quien hoy está en manos de las autoridades judiciales.
Sobre ese caso, Fernández descartó cualquier vínculo con el crimen organizado. “Entendemos que fue un tema pasional, prácticamente de violencia doméstica”, afirmó, y precisó que no existían denuncias previas ni alertas contra el agresor.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, lamentó el crimen de la fiscal Patria Ossa, y señaló que todo apunta a un hecho de violencia doméstica. Afirmó que no existían indicios previos que alertaran a la institución y expresó sus condolencias al Ministerio Público,… pic.twitter.com/EUb3ShQQGF
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 20, 2026
‘Sin plata no hay seguridad’
La Policía Nacional mantiene alrededor de 17.000 uniformados, aunque Fernández reconoció que la institución necesita al menos 6.000 agentes más para cubrir la demanda operativa.
“La misma comunidad está exigiendo más presencia policial, y la única razón para hacer esto es tener más policías y apelar a tener más presupuesto, porque sin plata no hay seguridad”, resumió.
La conversación también expuso carencias internas. Fernández confirmó que la Policía lleva más de ocho años sin comprar chalecos antibalas nuevos y anunció una futura licitación para renovar esos equipos.
Actualmente, los agentes comparten chalecos entre sí. “Yo aspiraría a que cada unidad tenga un chaleco”, dijo el director, quien describió la situación como un problema operativo y básico de dignidad para las unidades policiales.
