El actual Gobierno ha previsto destinar al menos $759.1 millones a la Autoridad Nacional de la Descentralización entre 2025 y 2029, que serán redistribuidos entre los gobiernos locales, incluidos municipios y juntas comunales.
No obstante, ante la polémica generada por la descentralización paralela entre 2021 y 2024, que implicó la distribución de $320 millones a juntas comunales vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD) sin criterio ni control, especialistas han subrayado la urgente necesidad de reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.
Narciso Machuca, asesor de la Asociación de Municipios de Panamá, destacó que el principal desafío este año en el tema de la descentralización y los gobiernos locales es la implementación de un mecanismo de uso público y un manual de operación obligatorio, que deberían estar establecidos en la Ley 37.
En relación con la ley, Machuca explicó que esta dispone la transferencia de bienes inmuebles a los municipios, pero no detalla el proceso necesario para realizar esta transición de manera efectiva y con controles rigurosos.
“Esto aplica tanto a municipios como a juntas comunales, y requiere mayor claridad legislativa para fortalecer su participación”, afirmó.
Las inversiones
Además, enfatizó la importancia de garantizar que los proyectos sean seleccionados por la comunidad y que se definan parámetros claros para su implementación. En ese contexto, destacó que la comunidad tiene un rol activo, aunque algunos aspectos no estén explícitos en la ley.
Sobre los recursos asignados, Machuca se refirió al Plan de Inversiones del Gobierno 2025-2029, que destinaría $759 millones a la descentralización para proyectos de inversión en más de 700 juntas comunales. Si bien calificó el monto como positivo, subrayó la importancia de que estos fondos se utilicen de manera eficiente para responder al desarrollo de las comunidades.
Asimismo, cuestionó la necesidad de crear nuevos corregimientos, argumentando que esto podría generar gastos administrativos adicionales sin un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos.
Como se recordará, la creación de nuevos corregimientos durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), basada en criterios políticos más que técnicos, dejó en un limbo jurídico y financiero a 22 juntas comunales en todo el país. Estas juntas carecieron de una estructura administrativa adecuada y enfrentaron graves problemas de financiamiento.
Un ejemplo de ello fue la comarca Naso, donde se crearon los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte de la conformación de la nueva región indígena. Sin embargo, en la normativa no se incluyó la figura de la alcaldía. Es decir, fueron segregados del distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, pero ahora no están bajo el paraguas de ninguna municipalidad.
La conformación de esta nueva comarca y sus corregimientos fue una iniciativa impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson y el exdiputado de ese colectivo Ausencio Palacio.
Las investigaciones
Hasta diciembre, la Autoridad de la Descentralización recibió 594 informes de juntas comunales y municipios sobre el uso de los recursos de la descentralización paralela, lo que representa el 90% del total requerido a través de notificaciones formales. Este proceso se lleva a cabo en el marco del Subprograma de Interés Social, también conocido como descentralización paralela, que ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la entidad.
En los primeros 40 días de revisión, el equipo técnico de la entidad ha examinado 65 expedientes, comenzando con aquellos que contenían la menor cantidad de documentación de respaldo, con el objetivo de agilizar la revisión de los casos pendientes.
Los resultados preliminares de esta revisión revelan un uso irregular de los fondos en 54 de los expedientes analizados, lo que equivale a un monto de $39.9 millones de dólares que no han sido debidamente justificados. Ante esta situación, el equipo especializado de la institución continúa trabajando en la preparación de nuevas denuncias para los casos más complejos. Además, la institución está atendiendo las solicitudes del Ministerio Público en relación con los casos que ya han sido judicializados, lo que subraya la gravedad de las irregularidades detectadas en el proceso de descentralización.