Este lunes, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional entrevistará a los 35 candidatos para dirigir la Defensoría del Pueblo entre 2026 y 2031. Cada uno tiene cinco minutos. Cinco minutos para convencer a los diputados de que merecen encabezar la institución que, en teoría, existe para poner freno al abuso del Estado contra el ciudadano.
El problema no está en los candidatos. Está en quiénes deciden. Al menos es lo que concluyen expertos en derechos humanos consultados para esta nota.
La Comisión de Gobierno la preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas. Él y sus ocho colegas filtrarán la lista que llegará al pleno. Y en el pleno, como ha ocurrido históricamente, los votos se mueven por acuerdos de bancada, no por méritos.
Ocho defensores nombrados por la Asamblea
Desde que Panamá creó la Defensoría del Pueblo en 1997, la Asamblea Nacional ha nombrado a ocho defensores en propiedad: Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada, Liborio García, Ricardo Vargas, Patria Portugal, Lilia Herrera y Alfredo Castillero Hoyos.
A esa lista se suma Eduardo Leblanc, quien entró en 2020 para completar el periodo de Castillero Hoyos, destituido en 2019, y fue elegido en 2021 para el periodo 2021-2026.
Pero Leblanc llegó al puesto después de un interinato que resumió, en pocas semanas, todos los vicios que arrastra la institución.
El caso de Maribel Coco
Cuando la Asamblea destituyó a Castillero Hoyos el 9 de octubre de 2019, el cargo lo asumió de forma automática Maribel Coco, la defensora adjunta, quien apenas 10 días antes había renunciado al Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Su primer movimiento al frente de la Defensoría fue pedirles a los directivos que pusieran sus cargos a disposición, bajo el argumento de que necesitaba trabajar con gente de su confianza. Leblanc asumió en agosto de 2020 para completar el periodo de Hoyos y Coco volvió a su puesto de adjunta. Falleció en diciembre de 2022.
En abril de 2021, el PRD decidió mantener a Leblanc para el periodo 2021-2026.
Eran tiempos de pandemia por la covid-19. El presidente de la Comisión de Gobierno de la época, el perredista Crispiano Adames, entrevistó a 14 candidatos y postuló al “favorito”: Leblanc.
Adames dijo en aquel momento que no tenía mucha experiencia en materia de derechos humanos, pero que había hecho mucho en poco tiempo.
Una institución cooptada por la política
Este 2026 el patrón podría repetirse y la sociedad civil lo dice sin tapujos.
“Los partidos políticos han convertido a la Defensoría del Pueblo en parte del botín político. Lo ven como parte de una planilla estatal de la que disponen”, dice Magaly Castillo, abogada y defensora de derechos humanos.
Castillo va más lejos y describe el mecanismo con precisión: durante la escogencia del defensor se dan acuerdos en las bancadas. Una vota por tal candidato a cambio de que ese candidato nombre al adjunto que ellos quieren. El defensor entra a la institución con compromisos previos, con cuotas pactadas, con funcionarios de partido ya asignados en la sombra.
“En Panamá nunca ha existido una selección de defensores del pueblo basada en méritos”, dice Castillo. “Esta vez no será la excepción.”
Ese patrón no es nuevo. En 2019, organizaciones cívicas y de derechos humanos protestaron cuando Alfredo Castillero Hoyos nombró como defensora adjunta a Maribel Coco, identificada como militante del PRD. La Red de Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Fundación Iguales fueron algunas de las que alzaron la voz.
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En ese momento, Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, dijo que lo que ocurría era “un atentado a la democracia”. Seis años después, Chanis mantiene el diagnóstico.
“La falta de una verdadera independencia de la organización y de su liderazgo” es el problema central, dice Chanis a La Prensa.
A su juicio, Panamá necesita un defensor con tres condiciones concretas: conocimientos técnicos en derechos humanos, experiencia demostrada en la promoción y protección de esos derechos, y una trayectoria de ética y compromiso probados.
“La suma de esos tres elementos le confiere la autoridad moral y legal para que el poder rinda cuentas”, afirma. Sin eso, agrega, la Defensoría sigue siendo un cascarón.
Habla un exdefensor
El exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada, quien dirigió la institución entre 2001 y 2006, identifica cinco factores que explican el deterioro.
El primero es la percepción de independencia: “Si la ciudadanía percibe que existe cercanía o complacencia con el gobierno de turno, se erosiona gravemente la confianza pública”.
El segundo es la comunicación: la Defensoría dejó de posicionar temas y construir mensajes para alcanzar objetivos concretos.
El tercero golpea directo a la historia reciente: “En otrora la Defensoría lideró la lucha contra la opacidad y reclamaba constantemente transparencia en la gestión pública. Ello lo ha dejado de lado”.
El cuarto tiene que ver con una herramienta que se usó exitosamente en el pasado y cayó en desuso: el litigio estratégico, es decir, interponer acciones de hábeas data o acciones populares ante la justicia para crear precedentes que protejan derechos colectivos.
El quinto es el más difícil de legislar: el defensor necesita prestigio. “No ejerce poder coercitivo, pero sí un poder moral. Es un referente ético frente a los abusos del poder.”
Lo que describe Magaly Castillo es una institución que dejó de ser un espacio de encuentro con la ciudadanía para volverse un aparato burocrático. “La Defensoría del Pueblo no es un espacio amigable para los defensores de derechos humanos”, dice.
“No tiene espacios de consultas con organizaciones y defensores. Esa es su principal debilidad.” El resultado es una entidad que recibe quejas, abre expedientes y no responde. “Se convierte en una institución vacía”, añadió.
La decisión final recaerá en la Asamblea Nacional, que deberá escoger entre los 35 aspirantes a quien demuestre idoneidad técnica, independencia y capacidad para asumir un rol incómodo: el de fiscalizar al poder desde la defensa de los ciudadanos.
El contexto
El proceso ocurre además luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo.
La nueva ley crea la carrera defensorial y establece mecanismos de protección para funcionarios. Para algunos, es un avance en papel.
Pero, ¿qué pasa si quien llega al cargo lo hace por cuotas de partido? Castillo lo resume sin adornos: “Lo que vamos a ver la próxima semana es la escogencia de personas que lo más seguro es que no van a llegar por méritos. Van a llegar por acuerdos entre los partidos, entre las distintas bancadas”.
Por lo pronto ya existe un guion claro: cinco minutos por candidato. El resto ocurre a puertas cerradas.
