El contralor Anel Flores no apareció este miércoles 13 de mayo en la conferencia de prensa que había convocado. En su lugar, envió a sus abogados particulares, Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan.
Ambos juristas confirmaron que Flores enfrenta una denuncia presentada directamente por el Ministerio Público, relacionada con una supuesta irrupción en una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría el 9 de abril de 2026.
Según explicaron los abogados, Flores fue notificado del proceso cuando ya había sido citado para la audiencia realizada la semana pasada, a la cual no asistió personalmente y en la que solo estuvieron presentes Herrera y Kuan, el 8 de mayo.
“No se cumplió con el debido proceso y los plazos que establece la norma”, indicaron.
Tampoco, dijeron, se realizó el debido proceso cuando se ordena la diligencia de extracción y fijación de imágenes respecto de los videos que fueron sacados de una red social en el que se observa al contralor “cuando se está retirando del lugar”.
Durante esa audiencia, la magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior sobre los videos publicados en redes sociales, así como grabaciones del sistema interno de cámaras del Ministerio Público. Esto, a solicitud del procurador Luis Carlos Gómez Rudy .
“Esta defensa hizo valer [durante la audiencia] estos reclamos de violación a sus derechos constitucionales y legales. Inclusive, se demostró que el Ministerio Público, frente a la realización de esa diligencia, no hizo ningún intento de comunicación o notificación a nuestro representado”, explicó Kuan.
La defensa sostuvo que nunca existió, bajo ningún concepto, una irrupción. Aseguraron que el Contralor únicamente ingresó al elevador para llegar al piso correspondiente, luego de que las auditoras se comunicaran con Flores para expresar que “se sentían, bajo la tónica de las preguntas realizadas, que ellas podían estar siendo investigadas”.
Posteriormente, Flores “esperó en el pasillo” a ser atendido por el personal del Ministerio Público y, luego, se le observa retirándose.
“Reiteramos que no existe ningún tipo de conducta delictiva”, insistió Kuan.
El procurador Luis Carlos Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia. Ese día, Flores estaba acompañado del subcontralor Omar Castillo
Los abogados del contralor Anel Flores negaron que su representado cometiera alguna falta y explicaron que las auditoras acudieron a una tercera citación cuando, por las preguntas hechas, sintieron que podrían estar siendo investigadas y activaron el protocolo de protección de la… pic.twitter.com/cpwnYRk9z2
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 13, 2026
Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios.
El 10 de abril, en un comunicado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas.
Los abogados de Flores adelantaron que a medida se desarrolle el proceso en la Corte Suprema analizarán los recursos que presentarán. Tanto Herrera como Kuan explicaron que únicamente fueron contactados por Flores para atender exclusivamente este tema. No se refirieron a los otros procesos contra él.
Sobre Flores pesa otra denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por el caso de la irrupción a la Fiscalía, la cual fue presentada por el abogado Guillermo Cochez.
El contralor también fue denunciado por la suspensión unilateral de 43 funcionarios de la Asamblea Nacional, en su mayoría vinculados a la bancada independiente Vamos. Según la denuncia, el contralor no tendría competencia para ordenar dichas licencias, ya que esta facultad correspondería al presidente del Legislativo.
Sobre el caso de los funcionarios que fueron puestos bajo la categoría licencia sin sueldo, el contralor sostuvo el pasado lunes una reunión con diputados de Vamos y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.
En ese encuentro se les comunicó que se reactivaría el pago de los salarios y se archivarían las “investigaciones” contra los 43 funcionarios que, según el contralor, no cumplen con un horario laboral.
