Detrás de los muros de las cárceles panameñas hay 24,915 personas, pero el sistema penitenciario apenas tiene capacidad para albergar a 14,695. La diferencia, de 10,128 personas por encima de los espacios disponibles, retrata la dimensión de una crisis que se extiende por todo el país.
En algunos centros, la ocupación supera varias veces su capacidad, mientras miles de personas permanecen detenidas sin una condena. Las cifras del Ministerio de Gobierno, con corte a septiembre de 2026, dibujan un sistema desbordado y plantean interrogantes sobre las condiciones de reclusión y la capacidad del Estado para garantizar los derechos de quienes están bajo su custodia.
Ante este escenario, la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Panameña advirtió sobre el agravamiento de la situación en las cárceles. Entre los problemas señalados figuran deficiencias en la alimentación, casos visibles de desnutrición, restricciones a las visitas familiares y al ingreso de artículos de higiene, así como la suspensión de actividades académicas, laborales y recreativas.
También alertó sobre privados de libertad que duermen en el piso, el deterioro de la salud de personas con enfermedades crónicas y el riesgo de propagación de enfermedades como la tuberculosis y la pulmonía.
Hacinamiento
El hacinamiento no se distribuye de manera uniforme, pero alcanza niveles críticos en varios centros del país. La cárcel pública de Las Tablas, en Los Santos, registra una población de 384 personas para una capacidad de apenas 80, lo que representa una sobrepoblación de 304 personas y una densidad de ocupación del 555%.
En la cárcel pública de Deborah, en Bocas del Toro, hay 1,052 internos para 292 espacios, con una densidad del 323%. También destaca la cárcel pública de Santiago, en Veraguas, con 606 personas para 150 plazas, y el centro penitenciario de Penonomé, en Coclé, con 653 internos para una capacidad de 200.
La situación tampoco es ajena a los principales complejos penitenciarios de la provincia de Panamá, donde se concentra la mayor parte de la población privada de libertad. En conjunto, la provincia alberga a 16,815 personas, frente a una capacidad de 11,056, lo que representa una diferencia de 5,759 personas por encima de los espacios disponibles.
La Joya registra 5,057 privados de libertad para 1,568 plazas, mientras que La Joyita mantiene 4,619 personas para una capacidad de 2,837. La Nueva Joya, por su parte, tiene 6,015 internos, aunque su capacidad es de 5,504. Las cifras muestran que el hacinamiento no es un problema exclusivo de las cárceles pequeñas o del interior del país, sino que también alcanza a los principales establecimientos penitenciarios.
Para la abogada Magaly Castillo, activista de derechos humanos y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una de las organizaciones que ha denunciado en los últimos días la muerte de reclusos presuntamente por desnutrición severa, este problema no interesa a las autoridades.
“No les interesa. Esa es la realidad. Ningún gobierno ha demostrado interés por el tema penitenciario. Si les interesara, tratarían de cumplir con la ley que crea el sistema penitenciario”, dijo.
Personas procesadas
Otro dato que retrata la dimensión del problema es la situación jurídica de los internos. De las 24,915 personas recluidas, 16,083 están condenadas y 8,832 permanecen procesadas, es decir, sin una condena. De este último grupo, 8,640 son hombres y 192 mujeres.
Las personas procesadas representan aproximadamente el 35.4% de la población penitenciaria. La cifra pone sobre la mesa el peso de la detención preventiva dentro del sistema y la necesidad de examinar los tiempos de los procesos judiciales.
Este medio intentó obtener una versión de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pero no recibió respuesta.
No obstante, la funcionaria anunció este viernes la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias, una instancia que servirá de apoyo al Despacho Superior para coordinar la gestión del sistema carcelario, analizar información, identificar riesgos y dar seguimiento a las medidas dirigidas a fortalecer la Dirección General del Sistema Penitenciario.
La decisión llega después de la renuncia de Chanan Singh a la dirección de esa entidad, la designación de Fabián Camargo como nuevo director y los cuestionamientos por presuntas vulneraciones de los derechos humanos de los privados de libertad.
Entre las primeras medidas, Montalvo ordenó una auditoría interna y una evaluación del desempeño de los directores de los centros penitenciarios y del personal que labora en ellos. También anunció una intervención nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud, para revisar las condiciones sanitarias de la población privada de libertad.
A esto se suma la reactivación de los programas de cada cárcel y de los procesos de clasificación de los centros y de los internos, suspendidos desde julio. La ministra también anunció la implementación de un expediente electrónico y la presentación de querellas ante el Ministerio Público para que se investiguen las posibles responsabilidades.
Camargo asumirá la dirección junto a Nancy Espinosa, quien ocupará la subdirección. Ambos son funcionarios de carrera del sistema penitenciario.
Otras peticiones
Pese a los anuncios de Montalvo, organizaciones como el Colegio Nacional de Abogados consideran necesario convocar al Consejo de Política Penitenciaria, concebido por ley como un organismo asesor del Ministerio de Gobierno para definir las políticas carcelarias, investigar los problemas del sistema y proponer soluciones en materia de infraestructura, seguridad, salud y resocialización de los privados de libertad.
El Consejo está integrado por representantes del Gobierno, el Órgano Judicial, la Procuraduría, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, iglesias, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos y profesionales. Sus miembros ejercen sus funciones ad honorem.
