Anteproyecto para retirar a Panamá del Parlacen muere en su cuna

Anteproyecto para retirar a Panamá del Parlacen muere en su cuna
El diputado Neftalí Zamora fue el proponente del proyecto.

El anteproyecto de ley que proponía convocar a un plebiscito para que los votantes decidieran sobre la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) fue rechazado en la Asamblea Nacional.

Durante una sesión de la Comisión de Gobierno, este martes 9 de septiembre, la propuesta obtuvo 4 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra.

“Se frenó un debate necesario sobre un organismo que cuesta millones y cuya utilidad es cada vez más cuestionada”, declaró el diputado independiente Neftalí Zamora, proponente de la iniciativa.

En la reunión, los diputados independientes Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado respaldaron el proyecto. También votó a favor José Pérez Barboni, diputado de Moca.

Votaron en contra Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas. Se abstuvieron los diputado Raphael Buchanan (PRD), Sara Magallón (diputada suplente de Jairo Salazar) del PRD, y Ana María Poveda Herrera (suplente de Didiano Pinilla) de Cambio Democrático.

“El Parlacen no es integración, es impunidad”, señaló Zúñiga.

Por su parte, Duke lamentó la decisión de la comisión y defendió la propuesta. “Es una acción necesaria, ya que no aporta nada al país, blinda judicialmente a expresidentes, exvicepresidentes y exdiputados, y genera un gasto innecesario”, afirmó.

El anteproyecto planteaba que, para definir la permanencia de Panamá en el Parlacen, se convocara un plebiscito nacional en el que los ciudadanos respondieran con un “sí” o un “no” a la pregunta:¿Está usted de acuerdo con que la República de Panamá permanezca en el Parlamento Centroamericano?

De haber prosperado, correspondería al Tribunal Electoral (TE) organizar la consulta en un plazo no mayor de dos años tras la eventual promulgación de la ley.

No obstante, el proyecto establecía que el resultado no sería vinculante, ya que la conducción de la política exterior del Estado es una facultad exclusiva del presidente de la República, según el artículo 184 de la Constitución. En consecuencia, sería el presidente José Raúl Mulino quien tendría la última palabra.

Actualmente, Panamá mantiene 20 diputados en el Parlacen. Entre ellos, se encuentran figuras como el expresidente de la República (2014-2019), Juan Carlos Varela, o los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Los diputados del Parlacen gozan de las mismas inmunidades que los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá, entre ellas, que solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no por el Ministerio Público, como ocurre con el resto de nacionales panameños que cometen algún delito.

Asimismo, la Ley 2 del 16 de mayo de 1994, que aprobó la adhesión de Panamá al Tratado del Parlacen, señala que los expresidentes y exvicepresidentes de la República pueden juramentarse como diputados después de cumplir sus respectivos mandatos en el Ejecutivo.

En seguimiento a esa disposición, el expresidente , Laurentino Cortizo Cohen y su ex vicepresidente, Gabriel Carrizo (2019-2024), buscan juramentarse como diputados del parlamento regional, algo que no han podido concretar pese a sus esfuerzos.

Cabe señalar que la mayoría de diputados panameños en el Parlacen la componen los postulados por el partido Realizando Metas (RM), esto se debe a que la asignación de curules es proporcional a los votos que recibió cada partido con sus candidatos presidenciales.

Con la victoria del candidato de RM en la elección presidencial de 2024 —el actual presidente José Raúl Mulino—, el partido se hizo acreedor de 9 curules.

Le seguía en votos el Movimiento Otro Camino (Moca), con Ricardo Lombana a la cabeza y segundo candidato más votado en 2024, pero dicho colectivo no postuló ningún diputado al Parlacen, medida consecuente a la postura del colectivo sobre el ente regional, que considera es innecesario y costoso.

Todas las críticas al Parlacen las contempla el anteproyecto del plebiscito en su exposición de motivos, entre las que incluye la relación costo beneficio del ente, puesto que cuesta un aproximado de $2.3 millones al erario público cada año.


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