La alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, rompió el silencio. La polémica por la demolición del llamado “monumento chino” en el mirador del Puente de las Américas ahora se enlaza con un segundo conflicto institucional: la denuncia de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de que, desde agosto de 2025, no ha logrado obtener de ese gobierno local el permiso de construcción para la carretera Brujas–Cocolí, principal acceso a las esclusas.
En medio de ambas controversias, Peñalba concedió una entrevista al programa radial Hablemos Claro tras el revuelo nacional y defendió que todas sus decisiones han estado “fundadas técnicamente y orientadas a la prevención”.
Peñalba comenzó por la disputa que detonó la crisis con la comunidad china y generó cuestionamientos del propio presidente de la República, José Raúl Mulino. Rechazó de forma tajante que lo derribado fuera un monumento.
“Eso no es un monumento ni un patrimonio histórico. Es un parque mirador y así está establecido en documentos oficiales”, afirmó, aludiendo a una resolución de 2004 que designó a la Asociación China Panameña como “padrino” del sitio.
La intervención
La alcaldesa insistió en que su administración decidió intervenir el mirador desde 2024, cuando comenzaron a plantear un proyecto de renovación urbana para la zona. Según relató, mantuvo varias reuniones —“cuatro o cinco, más una con la embajadora”— con representantes de la comunidad china, quienes se opusieron a la intervención. “Una cosa es que la respuesta no les gustara; otra es decir que no los atendí”, dijo.
El punto de quiebre surgió cuando, según la versión de Peñalba, la estructura empezó a presentar desprendimientos de concreto. “Nosotros accionamos para prevenir accidentes. Tenemos tres informes: uno técnico municipal, uno de SINAPROC y uno externo”, explicó. Aunque SINAPROC declaró públicamente que no recomendó derribar la estructura, la alcaldesa sostuvo que el informe señalaba riesgos: “Decían que podían ocurrir accidentes lamentables. ¿Qué hago yo con eso?”, cuestionó.
La ejecución de la demolición —un sábado a las nueve de la noche— provocó más sospechas. Peñalba defendió la decisión: “Si lo hacía un lunes a las ocho de la mañana, también me iban a criticar. Consideramos el tráfico y la seguridad. Esa vía no permite esconder nada”.
A los señalamientos de que actuó por presiones o recomendaciones externas, respondió con un firme “no”. “Las decisiones han sido por seguridad y prevención. Si algo le hubiese pasado a alguien, la número uno responsable soy yo”, declaró, enfatizando que su administración ha “activado” el mirador con baños portátiles, vigilancia municipal y actividades culturales.
La presión aumentó cuando el presidente de la República y el canciller, Javier Martínez-Acha, anunciaron que el monumento sería reconstruido en el mismo lugar. La alcaldesa lamentó que “la acción se haya tergiversado”. “Mantenemos nuestra posición: esas estructuras representaban un peligro. Y ninguna decisión fue ilegal”, sostuvo.
Otro conflicto
El otro conflicto tiene que ver con el cobro de impuestos a la ACP por la carretera Brujas–Cocolí. Peñalba negó que estuviera “huyendo” del tema. “Cuando no puedo asistir, va el vicealcalde al Consejo Municipal. A veces estoy en la calle, donde están los problemas”, aseguró.
La ACP, sin embargo, informó que solicitó el permiso de construcción el 25 de agosto de 2025 y que no ha recibido respuesta, además de que no ha logrado reunirse con la alcaldesa. Peñalba respondió que la responsabilidad del trámite no recae únicamente sobre ella: “Yo no puedo dar permiso si no hay exoneración de impuestos. Eso es competencia del Consejo Municipal. Y sí han tenido cortesía de sala y reuniones con los representantes”.
El trasfondo del desacuerdo apunta a tensiones por la autonomía municipal. “Hago un llamado a que se respete la autonomía de los territorios. Nosotros tenemos potestad para tomar decisiones dentro del artículo 233 de la Constitución”, afirmó la alcaldesa.
En su mensaje final, Peñalba defendió nuevamente la motivación detrás de la demolición y la forma en que ha gestionado la relación con la ACP. “Prefiero un tema mediático por remover estructuras deterioradas antes que cargar con una muerte por irresponsabilidad. Y, respecto a la ACP, seguimos los procedimientos legales. Nada se ha hecho fuera de las normas”, concluyó.
