El presidente electo José Raúl Mulino, quien asumirá el cargo este lunes 1 de julio, envió un mensaje directo al contralor general de la República, Gerardo Solís, luego de que ambos ventilaran públicamente sus diferencias respecto a temas como los aumentos salariales en la Contraloría y las liquidaciones por mutuo acuerdo en la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
“A Solís le quedan seis meses y a mí me quedan cinco años. Que él decida si es piedra contra papel”, dijo Mulino este viernes 28 de junio, en una entrevista con TVN.
Solís firmó una resolución que autoriza los ajustes salariales en la Contraloría a partir del 1 de enero de 2025. Mulino aseguró que esos aumentos no serán considerados.
“No los incluyo en el presupuesto de la nación, que lo hace el Órgano Ejecutivo. Hay que poner orden”, advirtió.
“Él [Solís] no me va a meter en esa encajonada. Además, he leído sobre el favoritismo perrediano de último minuto para meter este gol. Ya veré qué hago. La verdad es que no he tenido tiempo para dedicarme a ser portero de estos goles”, agregó.
Previamente, en su cuenta en la red social X, Mulino escribió que “es toda una insensatez del contralor pretender seguir con aumentos de sueldos aprobados a última hora del gobierno. Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones que no serán posibles en el nuevo presupuesto”.
Esto provocó la airada reacción de Solís, quien expresó: “El presidente no es el jefe del contralor”.
Consultado sobre estas nuevas declaraciones de Mulino desde Darién, Solís cambió el tono.
“La Contraloría no fue piedra en el zapato de la administración [de Laurentino] Cortizo. No tiene por qué serlo para el nuevo presidente. El nuevo presidente está claro que el poder lo tiene él. Yo nunca lo tuve ni lo tengo y menos ahora que la Asamblea que me eligió no está. Por eso, mis actuaciones, gusten o no, son estrictamente legales”, dijo a La Prensa.
Agregó que “yo lo trataré con el respeto que se merece la majestad del cargo que él ocupará”.
Al referirse a las liquidaciones a favor de 14 gerentes y ejecutivos de Etesa, Mulino las calificó de “inmorales” y que “rayan en el delito”.
Esas 14 indemnizaciones, que suman $1.6 millones, no han sido refrendadas aún y Solís envió el caso a la Corte Suprema de Justicia, para que sea éste Órgano del Estado quien decida si se pagan o no.
Mulino indicó que los directores de las entidades estatales, así como sus gerentes o los designados, “empiezan y terminan con el gobierno. No puede ser que te vas a llevar ahora un mutuo acuerdo para llevarte una barbaridad de dinero como si fueras un empleado sindical”.
