OPINIÓN. Los cuatro últimos gobiernos han querido nombrar más magistrados, no para mejorar la justicia sino como parte del botín político y de la repartición de puestos.
Ahora parece que vamos a tener que pagar salarios caídos a tres magistrados designados en el gobierno de Pérez Balladares y nombrar otros tres, pero por otra parte seguiremos con corregidurías que datan de la época de la colonia; no hay dinero para implementar el sistema acusatorio ni para nombrar a los defensores públicos; los juzgados de niñez y adolescencia no tienen vehículos para acudir a las audiencias y diligencias, y tenemos centros de custodia con capacidad para 77 jóvenes y hay 150.