En 2004 sostuve en estas páginas que la política agropecuaria panameña se había convertido en una fábrica de pobres: protegía a unos pocos productores, encarecía los alimentos básicos y trasladaba el costo al bolsillo de los hogares más vulnerables. Dos décadas después, las cifras muestran que el problema de fondo sigue siendo el mismo: la agricultura pesa poco en la economía, pero concentra buena parte de la pobreza del país.
En aquel momento señalé que, aunque la población urbana era mayoritaria, los pobres rurales superaban en número a los urbanos y que una parte importante de la pobreza urbana tenía origen rural. Era claro que en el campo estaba nuestra principal fuente de pobres y que, si queríamos enfrentar seriamente el problema, teníamos que mirar de frente la realidad económica del agro, pensando en los pobres y no en los beneficiarios de esa realidad. Desde 1951 arrastramos una política de promoción del agro basada en la protección contra la competencia extranjera, que en un mercado interno tan pequeño solo podía producir bajos ingresos para muchos y privilegios para pocos.
Hoy la estructura general no ha cambiado tanto. La agricultura, la silvicultura y la pesca aportan alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero el campo sigue concentrando una proporción desmedida de los pobres del país, en especial en las comarcas indígenas. La pobreza rural por ingreso se ha reducido respecto de los niveles de comienzos de siglo, pero continúa siendo muy superior a la urbana y, en algunas zonas, francamente escandalosa. El país es más grande y rico en términos agregados, pero la fábrica de pobres sigue instalada en el mismo lugar.
Además, hoy contamos con mejores indicadores. El Índice de Pobreza Multidimensional confirma que en buena parte del territorio rural no solo se gana poco, sino que se vive con carencias simultáneas en educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento y empleo decente. Es decir, la pobreza del campo no es solo un problema de ingresos bajos, sino de un conjunto de privaciones que se refuerzan entre sí. La fábrica de pobres ya no se ve únicamente en el precio del arroz, sino en la combinación de malas carreteras, servicios públicos deficientes y un mercado laboral sin oportunidades.
Si hoy intentáramos responder cuánto nos cuesta el sector agropecuario, no bastaría con mirar el presupuesto del MIDA. Habría que sumar los subsidios y compensaciones directas, los créditos con intereses rebajados que se financian a través del FECI, el costo de la burocracia agropecuaria y, sobre todo, el sobreprecio que pagan los consumidores cuando la ayuda al productor se canaliza por la vía de los precios internos. El sector tiene un valor total de alrededor de 2 mil millones de dólares al año, que incluye en una parte importante el banano, los camarones y otros productos tradicionales que compiten en el exterior sin los subsidios ni los paraguas arancelarios que protegen al resto. Si descontamos ese núcleo agroexportador, lo que queda es un bloque de producción destinado al mercado interno, sostenido por protecciones, compensaciones, créditos blandos y sobreprecios que pagan los consumidores y es sobre ese bloque donde se concentran los costos fiscales y para el bolsillo del consumidor. No es que subsidiemos poco, es que hemos construido un sistema que subsidia estructuras y castiga al consumidor, sin producir el resultado que dice perseguir.
La paradoja es la misma, pero más evidente. Tenemos demasiada gente viviendo de una porción muy pequeña de la producción nacional. El campo se ha tratado como un reservorio de mano de obra mal pagada y de clientelas políticas, en vez de un espacio de generación de riqueza. Al mantener esquemas de protección hacia adentro, distorsionamos los precios, perdemos competitividad en los productos de exportación y cerramos la puerta a la inversión privada que podría crear empleos mejor remunerados.
Salir de esta fábrica de pobres exige cambiar de rumbo. No se trata de abandonar la agricultura, sino de dejar de proteger la producción para el mercado interno y concentrar los esfuerzos en convertir al campo en un sector volcado hacia el mundo, capaz de competir y de generar ingresos dignos. Eso pasa por más transparencia, menos distorsiones de precios, menos clientelismo y más inversión en bienes públicos: caminos, riego, investigación, extensión, salud y educación de calidad en las comunidades rurales. Mientras sigamos trasladando recursos del consumidor a un aparato agropecuario que no se transforma, el campo panameño seguirá siendo lo que ya era en 2004: una fábrica de pobres, costosa para todos e incapaz de ofrecer a sus propios habitantes una vida mejor.
El autor es director de la Fundación Libertad.
