La crisis venezolana ha sido un prolongado capítulo de sufrimiento político, social y económico que ha marcado a varias generaciones. Tras más de dos décadas de gobierno bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, millones de venezolanos han vivido represión, colapso institucional, escasez de servicios básicos y una fractura social profunda que aún no encuentra una salida clara.
La reconciliación nacional no implica olvido ni impunidad. Se trata de un mecanismo orientado a sanar heridas colectivas, reconocer injusticias pasadas, integrar a los sectores excluidos y garantizar fórmulas de justicia transicional que no reproduzcan violencia, sino que restauren la confianza entre ciudadanos y Estado. En el caso venezolano, estos elementos resultan urgentes por varias razones.
Violencia estructural y actores armados. Durante los últimos años, grupos como los llamados colectivos, estructuras paramilitares urbanas vinculadas al chavismo, así como la milicia nacional, han actuado no solo como fuerzas de choque, sino como instrumentos de control y represión social. Su presencia ha dejado un legado de miedo, inseguridad y violencia que no desaparece con un cambio de gobierno, sino que requiere políticas explícitas de desarme, reintegración y verdad, integradas en un proceso de reconciliación nacional.
Trauma social acumulado. La polarización política y la represión institucionalizada han fragmentado profundamente a la sociedad venezolana. Sectores enteros —familias, comunidades y regiones— permanecen enfrentados, lo que hace que el simple retorno a elecciones libres no garantice, por sí solo, la reconstrucción de la cohesión social.
¿Qué puede aportar la experiencia panameña de 1989–1990?
La comparación con Panamá no es equiparable en escala —Venezuela es un país más grande y con una estructura social, económica y política más compleja—, pero sí ofrece una referencia valiosa sobre cómo enfrentar una crisis profunda tras un quiebre de legitimidad democrática.
En Panamá, tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y la salida de Manuel Antonio Noriega del poder, el presidente Guillermo Endara asumió un país fracturado por años de dictadura militar y abuso de poder. Fue necesario un proceso de reconstrucción democrática que incluyó:
El restablecimiento de las instituciones democráticas, respetando la voluntad expresada en las urnas y el orden constitucional.
La integración de diversos sectores políticos, incluso de quienes habían apoyado al régimen anterior, siempre que aceptaran las reglas democráticas.
Garantías mínimas de seguridad y justicia, que permitieran a los ciudadanos recuperar la confianza en el Estado.
Este proceso no fue perfecto, pero sí creó las condiciones para que Panamá transitara del autoritarismo hacia un sistema democrático con relativa estabilidad.
Venezuela hoy: ¿está lista para ese paso?
El escenario venezolano de 2026 muestra señales de cambio, pero también desafíos persistentes. Por un lado, se observan gestos de apertura política y procesos de liberación de presos políticos, aunque con críticas por su falta de transparencia y alcance limitado. Por otro, figuras de la vieja guardia chavista, como Diosdado Cabello, continúan siendo actores relevantes en el control de estructuras de poder, lo que evidencia que el simple reemplazo de rostros no será suficiente para sanar la fractura nacional.
Para que Venezuela pueda recuperarse de manera real y sostenible, se requieren mecanismos amplios de reconciliación nacional que combinen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Esto implica discutir de forma abierta y transparente el papel de los grupos armados, la responsabilidad de distintos actores en violaciones de derechos humanos y la construcción de puentes entre venezolanos de distintas posiciones políticas y sociales.
Pasar de la confrontación a la comprensión mutua no será sencillo, pero constituye la base sobre la cual una Venezuela democrática, justa y pacífica puede reconstruirse. La experiencia histórica demuestra que, sin reconciliación, las heridas permanecen abiertas y la división social continúa bloqueando cualquier recuperación real del país.
La autora es abogada.
