Cuando el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirma que «ya lo peor pasó», en referencia a la sacudida del 9/X, ignora que miles de compatriotas continúan atrapados en una crisis severa. Carecen de agua potable, permanecen aislados en sus comunidades y enfrentan la destrucción de sus viviendas, mientras la educación está paralizada y resulta incierto el acceso a la atención médica. La ignorancia es atrevida.

Según estimaciones preliminares de Naciones Unidas, unas 38,000 personas requieren asistencia humanitaria urgente, entre ellas 8,300 niños y adolescentes. El saldo de la catástrofe incluye más de 820 viviendas destruidas o con graves daños, 419 escuelas afectadas y 29 instalaciones de salud golpeadas. Seis comunidades en Los Santos y Herrera siguen incomunicadas, mientras que en Tonosí la falta de agua potable, energía eléctrica y accesos terrestres estrangula el día a día de sus golpeados habitantes.

El cataclismo no ha terminado, Boyd.

Frente a la magnitud de esta tragedia, el Estado debe formalizar la solicitud de asistencia internacional inmediata a Naciones Unidas, organización de la que formamos parte. La propia ONU confirmó que activó su equipo de emergencia desde el 10 de octubre, pero aclaró que Panamá no ha formalizado la petición de auxilio. Esa solicitud oficial es la llave imprescindible para transformar la disposición de cooperación técnica en un operativo internacional articulado, dotado de autoridad, con una asignación transparente de responsabilidades, prioridades claras y metas públicas verificables, respaldado por una experiencia inigualable.

Paradoja indignante y dolorosa para nuestro país: Panamá alberga el Centro Regional de las Naciones Unidas y el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Desde nuestro suelo se canalizan despliegues iniciales mediante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este poderoso aparato logístico internacional trabaja a media marcha en nuestro propio país porque la autoridad no ha formalizado el pedido de ayuda. Un Estado responsable y democrático reconoce sus límites operativos, moviliza todas las capacidades globales a su alcance y antepone la vida de la población vulnerable a cualquier celo u orgullo burocrático.

Esta alianza formal con Naciones Unidas debe permitir la instalación inmediata de una mesa operativa nacional orientada al rescate y la recuperación integral de la región central. Su primera tarea impostergable es la ayuda humanitaria directa para abastecer de agua potable, alimentos y medicamentos a los damnificados, proporcionarles refugio y abrir caminos con urgencia.

En una segunda fase, la experiencia técnica de la ONU debe guiar la reconstrucción de infraestructura resiliente para las escuelas, los centros de salud, las carreteras y los acueductos rurales golpeados en Tonosí y el Azuero profundo. Este marco de cooperación debe impulsar la reactivación microeconómica y turística regional mediante créditos blandos y capital de trabajo para mipymes, artesanos y productores agropecuarios, devolviendo la fuerza comercial a Pedasí, Tonosí, Playa Venado y toda nuestra valiosa región central.

Hay 38,000 compatriotas, muchos de ellos niños y adultos mayores, esperando una respuesta urgente. La eficacia del Estado no se mide en comunicados oficiales, sino en la rapidez con que aprovecha la presencia y capacidad de Naciones Unidas en nuestro propio suelo.

El Gobierno debe pedir ayuda formal a las Naciones Unidas e instalar la mesa operativa ya. La emergencia no espera y la reconstrucción tampoco se improvisa.

El autor es filólogo y periodista.