Hay cifras que no necesitan adjetivos. El 20 de agosto, el Ministerio de Gobierno solicitó a la Comisión de Presupuesto un traslado de partidas de 40 millones de dólares para la alimentación de privados de libertad y custodios en Panamá y Colón. El costo promedio, explicó la ministra, es de 5.50 dólares diarios por persona para tres tiempos de comida: unos 1.83 dólares por plato.

Días antes, en las vistas presupuestarias, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de presupuesto de 2027. Entre sus cifras figura la partida de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) para alimentación y nutrición escolar: 51 millones de dólares para 284,000 estudiantes en 2,001 centros educativos. El ministerio sustentará ese presupuesto el 2 de septiembre.

La aritmética es simple y despiadada. Son 179.58 dólares por estudiante para todo el año lectivo. Sobre un calendario de aproximadamente 180 días, un dólar diario. La ración completa de un niño en una escuela oficial cuesta poco más de la mitad de un solo plato servido en La Joya. Extendida al año calendario, la proporción es de once a uno a favor del recluso.

El dato que debería incomodarnos más no viene del presupuesto de Educación. El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha señalado que alrededor del 70% del Pase-U se destina a la compra de alimentos. Ello implica que el Estado ya financia la alimentación escolar por una segunda vía: una transferencia diseñada como apoyo educativo que, de hecho, opera como subsidio alimentario. Sin diseño nutricional, sin trazabilidad y sin garantía de que llegue al plato del estudiante y no al presupuesto del hogar.

No es un abuso de las familias. Es la respuesta racional de un hogar que tiene hambre y recibe dinero. Lo que revela es un Estado que reconoce el problema con la mano izquierda mientras no lo atiende correctamente con la derecha.

Aquí conviene traer la evidencia. Al comparar el efecto de distintas intervenciones educativas, medido en desviaciones estándar de aprendizaje, la nutrición y la salud escolar alcanzan hasta 0.30 desviaciones estándar, mientras que la entrega de laptops sin acompañamiento pedagógico se ubica entre 0.00 y 0.05, con un efecto prácticamente nulo.

Esto significa que cada dólar invertido en el comedor escolar rinde más aprendizaje que la partida de tecnología que suele defenderse con mucho más entusiasmo en el debate público. La alimentación escolar no es asistencia social colocada dentro del sistema educativo. Es una intervención pedagógica con retorno medible. Un niño con hambre no aprende, y ninguna plataforma digital corrige eso.

Durante el debate se sugirió que alimentar a los privados de libertad es un “beneficio” prescindible y se propuso reducir tiempos de comida según el delito.

Rechacemos este tipo de propuestas. Alimentar a quien está bajo custodia del Estado no es una concesión. Es una obligación constitucional. Un Estado que castiga con hambre a los privados de libertad no administra justicia; administra crueldad.

Lo lamentable es la calidad de la alimentación que se ofrece a los privados de libertad. Los mismos consorcios sostienen esos contratos por más de diez años, con 209.6 millones de dólares por seis años, tras una cadena de adendas, y el testimonio de las familias describe dos panes y un té al desayuno. Eso no es lo que se compra con 5.50 dólares diarios.

No basta con exigir más millones, aunque haya que exigirlos. La sustentación del Meduca debería responder tres cosas: cuánto del programa se ejecuta realmente cada año; cuánto se pierde en intermediación antes de llegar al comedor de Cerro Iglesias o de Palmira y por qué seguimos financiando la alimentación por dos canales paralelos sin integrar ninguno.

Cada dólar que no invertimos en el comedor escolar lo pagaremos después, multiplicado, en el comedor de La Joya. No es una metáfora moral: es una proyección presupuestaria.

Aprobemos los 40 millones, porque el hambre no negocia con la culpabilidad. Pero exijamos que el dólar del estudiante se quintuplique, rinda, se ejecute y se audite. Los estudiantes bien alimentados aprenden más y van con más entusiasmo a la escuela. Saben que hay un plato de comida asegurado que, muy probablemente, no encontrarán en sus casas.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y asesor del diputado Jorge Bloise.