Este 16 de noviembre, Día del Criminólogo, resulta oportuno reflexionar sobre la situación criminológica en Panamá a la luz de la teoría de la anomia. Según el criminólogo argentino Elías Carranza, esta teoría se fundamenta en la ausencia de normas claras y en la disfunción social, factores que pueden propiciar el incremento de la criminalidad. Sus raíces se encuentran en los aportes de Émile Durkheim y Robert K. Merton.
Durkheim introdujo el concepto de anomia para describir la desintegración de las normas sociales, lo que genera falta de regulación y comportamientos desviados. Merton, por su parte, explicó cómo la discrepancia entre los objetivos culturales y los medios legítimos para alcanzarlos conduce a la criminalidad. Carranza adaptó estas ideas al contexto latinoamericano, subrayando que las desigualdades sociales y económicas producen escenarios de anomia que favorecen la delincuencia. En sus palabras, la anomia se manifiesta cuando las estructuras sociales no logran integrar a los individuos, debilitando la cohesión y aumentando la criminalidad.
En Panamá, tras años de rezago, la insistencia de criminólogos y especialistas permitió la aprobación de la Ley 328 de 10 de octubre de 2022, que establece la política criminológica de la República de Panamá, reglamentada mediante el Decreto 111 de 13 de julio de 2023. Con ello se consolidó un marco jurídico coherente para la prevención del delito, articulando la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. La dinámica criminal exige fortalecer programas y proyectos que privilegien la prevención y alejen a la niñez y la juventud de la delincuencia y del crimen organizado.
El espíritu de esta ley fue precisamente evitar la improvisación y las anomias institucionales, creando una Secretaría Ejecutiva integrada por 13 instituciones, entre ellas los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Finanzas, el Instituto Panameño de Deportes y el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Esta estructura buscaba garantizar una integración sostenible y científica en el tiempo.
Sin embargo, tras los avances logrados en 2022 con el apoyo del ILANUD y otros organismos internacionales, el cambio de gobierno produjo un retroceso: se estancaron y desmantelaron los esfuerzos de la Secretaría Ejecutiva. Ante ello deben plantearse dos premisas fundamentales:
La ausencia de acciones científicas, planificadas y sostenibles no erradica la criminalidad, pero sí impide su disminución. Los programas piloto en San Miguelito y Colón demostraron resultados positivos.
Cuando el Estado carece de una política criminológica, se materializa la teoría de la anomia.
Es necesario subrayar que la reducción de la criminalidad no puede medirse únicamente en delitos de alto impacto como homicidios o femicidios, ni comparando cifras de un año con otro. La evaluación debe considerar períodos prolongados y la totalidad de delitos registrados a nivel nacional y provincial.
Como criminólogo y miembro del primer Consejo de la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, resulta lamentable constatar que el trabajo de profesionales, académicos, organismos civiles y técnicos de diversas disciplinas —quienes elaboraron el borrador del Plan Nacional de Política Criminológica— fue abandonado por decisiones políticas que incumplen un mandato legal.
En consecuencia, Panamá corre el riesgo de repetir su historia, como advirtió George Santayana: “El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”.
El autor es abogado y criminólogo.
