Ley 526 de 28 de mayo de 2026
Cuando el gobierno y la empresa privada se ponen de acuerdo
La aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 641 de 2026, que establece las Reglas de Sustancia Económica para Rentas Pasivas de Fuente Extranjera, es mucho más que una reforma fiscal: es la demostración concreta de que cuando el sector público y la empresa privada trabajan en conjunto, Panamá puede construir grandes proyectos que benefician al país y fortalecen su posición ante la comunidad internacional.
Este logro no hubiese sido posible sin la participación técnica del Colegio Nacional de Abogados, presidido por Maritza Cedeño, y de la Comisión Ley 32, presidida por Fernando Castillo, cuyos aportes fueron fundamentales para diseñar una norma equilibrada, precisa y compatible con los estándares más exigentes de la comunidad global. El resultado es una ley que ya ha sido evaluada por otras jurisdicciones como un gran logro y un ejemplo a seguir en la región.
Lo que esta Ley no es
Antes de analizar su contenido, es necesario aclarar lo que esta norma no hace, pues varios mitos han circulado desde su presentación.
No es un nuevo impuesto. La tarifa del 15% que contempla el artículo 707-D no es un tributo de aplicación general: únicamente opera como consecuencia excepcional para entidades de grupos multinacionales que incumplan los requisitos de sustancia económica. Quien cumple, no paga nada adicional.
No toca el principio de territorialidad. Panamá sigue siendo un sistema tributario territorial. Las rentas pasivas de fuente extranjera de entidades calificadas continúan siendo no gravables, exactamente como lo han sido siempre. La norma introduce una excepción residual, no una regla general.
No afecta al contribuyente panameño ordinario. La Ley aplica exclusivamente a entidades que sean parte de grupos multinacionales —dos o más entidades con residencia fiscal en diferentes jurisdicciones— que, además, perciban rentas pasivas de fuente extranjera. Las empresas locales, profesionales independientes y personas naturales quedan completamente al margen de esta norma.
Lo que esta Ley sí es
En su esencia, la Ley de Sustancia Económica es un instrumento de transparencia y trazabilidad. Su objetivo principal es permitir al Estado panameño conocer y verificar las rentas pasivas de fuente extranjera que se canalizan a través de entidades domiciliadas en el país. Las empresas alcanzadas deberán declarar anualmente estos ingresos y demostrar que cuentan con presencia económica real: recurso humano calificado, instalaciones físicas y toma de decisiones estratégicas efectivamente realizadas en Panamá. Este último punto es el corazón de la norma: el capital humano calificado es el principal mecanismo de control y cumplimiento.
La Ley también alinea a Panamá con los estándares internacionales de la OCDE en materia de BEPS (Acción 5), reforzando nuestra imagen como jurisdicción cooperante y de buenas prácticas fiscales. Para evitar la doble imposición, la norma incorpora un mecanismo de crédito tributario por impuestos pagados en el exterior. Además, incluye un régimen especial tipo Patent Box para rentas de propiedad intelectual desarrollada en Panamá, abriendo la puerta a la inversión en innovación y tecnología.
La norma es también inteligente en sus exclusiones: quedan fuera de su aplicación las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, las empresas de Marina Mercante y los gestores de fondos de inversión debidamente regulados. La información reportada será estrictamente confidencial, de uso reservado del Ministerio de Economía y Finanzas, con responsabilidad penal para quien la divulgue indebidamente.
Un hito para Panamá
La Ley de Sustancia Económica entrará en vigor en el periodo fiscal 2027. Su reglamentación deberá emitirse dentro de los próximos noventa días. Lo que queda claro hoy es que Panamá demostró al mundo que es posible construir una norma técnicamente sólida, internacionalmente aceptada y respetuosa del marco jurídico nacional, cuando el gobierno, los gremios profesionales y el sector privado se sientan a la misma mesa con voluntad de país. Eso, en sí mismo, ya es un gran logro.
El autor es miembro del CNA y socio firma Achurra Navarro y Asociados.
