Los abogados Enrique Arturo De Obarrio (La Estrella de Panamá, 20 de julio de 2026) y Edgardo Molino Mola (La Prensa, 10 de noviembre de 2026), entre otros, se oponen a la constituyente originaria y apoyan la “paralela”.

Intentaré aclarar conceptos y rebatir sus posturas a la luz de la teoría del poder constituyente.

  1. Los poderes pueden ser constituyentes (con génesis en el pueblo) y constituidos (reciben sus competencias de la Constitución, que les impone límites); y

  2. El poder constituyente es originario (emana del pueblo y tiene potestad fundacional) o derivado (la Constitución vigente le otorga competencia para reformarla).

En sentido fundacional, solo la asamblea originaria merece, en estricto derecho, la denominación de constituyente, porque la derivada designa un órgano habilitado por la Constitución vigente.

Competencias

Molino tiene razón al interpretar conjuntamente los artículos 2 y 314. La cuestión que queda abierta es si las reglas incorporadas por el “poder constituido” agotan las formas en que el pueblo puede ejercer su potestad fundacional, es decir, el “poder constituyente”, ya que esas normas no resuelven dicha cuestión competencial. Coincidimos cuando dice: “Ninguna autoridad constituida puede atribuirse un poder constituyente”, ilimitado por definición, “por el simple hecho de afirmar que actúa en nombre del pueblo”.

La originaria no depende de la Constitución vigente.

Mientras Molino dice que “el poder constituyente originario no es una autorización para violar la Constitución”, y De Obarrio que “la soberanía popular no autoriza a desconocer las reglas constitucionales que ordenan su ejercicio”, el poder constituyente, también por definición, está por encima de la Constitución y es superior a ella. Por ello, puede —y debe— apartarse de ella, sobre todo cuando aquella tiene una génesis antidemocrática y autoritaria, un déficit de legitimidad original y, después de más de 50 años, está evidentemente desactualizada.

Lo que una autoridad constituida sí puede —y debe— hacer es facilitar la expresión de la voluntad popular —el poder constituyente—, sin que ello la convierta en titular de dicha potestad.

Al explicar el alcance del poder constituyente, la doctrina doméstica, apoyada por la foránea, aclara:

“La otra opción, como se indicó, sería una vía de hecho, …tal vía es factible y democráticamente sustentable. …porque de eso trata el poder constituyente originario,… poder político que actúa de hecho y, por tanto, … no requiere que norma jurídica alguna así lo disponga, por lo que tampoco se requiere que la convocatoria de una Asamblea constituyente para ejercerlo esté regulada previamente”. (Rigoberto González Montenegro, revista Ratio Legis, núm. 7, enero-junio de 2024).

De Obarrio dice: “La llamada originaria carece de fundamento constitucional, procedimiento de convocatoria, mecanismo electoral y límites”. Cierto. Pero, precisamente por ser originaria, su fuerza no proviene de la Constitución vigente. Para desvirtuar la aplicación del caso colombiano a Panamá, añade:

“Invocar a Colombia en 1990 exige contar la historia completa. La séptima papeleta surgió en medio de narcoterrorismo, asesinatos de candidatos presidenciales, violencia política y una crisis de gobernabilidad”.

Aunque reconoce la “corrupción” y la “desigualdad” —pero omite la inseguridad—, parece sugerir que hay que esperar que los hechos colombianos ocurran acá. Sin embargo, la experiencia comparada prueba que una razón para una constituyente originaria es precisamente el “riesgo de colapso del sistema político” (Sudáfrica, 1990-1996; España, 1978; Grecia, 1967-1974; Viciano, R., 2025).

Validez del procedimiento constituyente originario

Molino dice que Panamá tiene un procedimiento constitucional. Cierto. Pero no tiene un procedimiento para un proceso constituyente originario, fundacional o inicial, ni los artículos 2 y 314 lo regulan.

De Obarrio sostiene que “una constituyente originaria quedaría expuesta desde el inicio a una demanda de inconstitucionalidad”, asunto que la jurisprudencia colombiana ha resuelto al señalar que el pueblo tiene “un poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccional”, y al concluir que “carecía de competencia para examinar esas demandas, pues la Constitución de 1991 había sido expresión del poder constituyente originario” (Corte Constitucional, Sentencia C-551/03).

El objeto de las normas sobre el procedimiento para una Asamblea Constituyente derivada —paralela— es distinto del de una decisión popular inicial —originaria— sobre el mandato constituyente. De allí que, al afirmar que “debe prevalecer la Constitución en su integridad”, Molino desvía la atención de algo que trasciende la Constitución: la soberanía popular, que jerárquicamente la subordina.

El examen sobre si la autoridad que convoca tiene competencia y respeta garantías es distinto de determinar si todo acto fundacional está sujeto a límites materiales de la Constitución. Colombia ilustra la diferencia con la revisión del decreto de convocatoria y la decisión inhibitoria frente a la demanda de inconstitucionalidad.

Legitimación

Un proceso constituyente originario exige un mandato libre, expreso y verificable. Proponemos conferirlo en la misma jornada electoral en que se elija a los constituyentes, siempre que el electorado pueda decidir, de manera diferenciada, si aprueba la convocatoria de la asamblea y el alcance de su encargo. Los órganos constituidos pueden —y deben— facilitar esa voluntad dentro de sus competencias.

Conclusión

El artículo 314 no prohíbe la facilitación de un proceso constituyente originario; identifica las autoridades que actúan, bajo la Constitución vigente, en una Asamblea “Paralela” que recibe de ella su competencia. Extender esa sujeción al pueblo soberano, titular de la potestad fundacional, exige demostrar que su poder reformatorio puede también imponerle ese límite, algo que ni Molino ni De Obarrio explican.

La Constitución omite decir cómo puede el pueblo expresar el poder constituyente originario. La doctrina local y foránea, así como la jurisprudencia colombiana, demuestran que un órgano constituido puede —y debe— encauzar una decisión constituyente popular y originaria, aun cuando la Constitución carezca de un procedimiento para ello.

El autor es catedrático de la Facultad de Derecho, Universidad de Panamá.