El sismo del pasado 9 de octubre no solamente sacudió el territorio nacional. También puso en evidencia la vulnerabilidad de cientos de hogares, especialmente en el interior del país. La tragedia nos obliga a mirar una realidad anterior al terremoto: para numerosos panameños y panameñas, acceder a una vivienda digna y segura sigue siendo una aspiración difícil de alcanzar.

Las cifras muestran la magnitud de la emergencia. Al 19 de octubre pasado, al menos 9,124 viviendas habían sido registradas con algún tipo de afectación, según un balance de Sinaproc. La respuesta inmediata es indispensable, pero también debemos preguntarnos cómo transformar esta emergencia en una oportunidad para mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de estas familias, garantizándoles el acceso a viviendas dignas y seguras.

En España, Francia e Italia, recientes movilizaciones han puesto de manifiesto la creciente preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda digna. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid después de vivir más de siete décadas en el mismo hogar y quien falleció días después de su desalojo, se convirtió en un símbolo de esta lucha. Aunque cada país enfrenta realidades distintas, comparten una misma preocupación: la posibilidad de contar con un hogar propio, seguro y estable, sin vivir bajo la incertidumbre de perder el lugar donde se habita. Una aspiración que, para muchos, resulta cada vez más difícil de alcanzar, aun cuando estudian, trabajan y se esfuerzan por conseguirla.

Y esto se ve acentuado en la juventud. Un reportaje de El País, publicado en agosto, reveló que solamente el 31% de los españoles y españolas entre 18 y 34 años vive de forma independiente y sin ayuda económica familiar. Es decir, casi siete de cada diez todavía dependen de sus familias para sostener esa autonomía o no han podido alcanzarla.

En Panamá, la situación tampoco es alentadora. Según el índice inmobiliario de Numbeo 2026, una familia necesitaría destinar el equivalente a 14.6 años de sus ingresos disponibles, sin gastar un solo centavo en otras necesidades, para adquirir una vivienda. En contraste, en Costa Rica se requerirían 9.3 años y en Ecuador, 11.3.

Este problema no es únicamente económico. También es profundamente político.

El Latinobarómetro 2026 reveló que el apoyo a la democracia en Panamá descendió del 54% al 45%. Esta caída podría explicarse, entre otros factores, por la falta de resultados tangibles que la ciudadanía espera del sistema democrático. La vivienda seguramente forma parte de esas expectativas insatisfechas. No es una preocupación nueva: en 2023 el CIEPS ya advertía que las personas con menor bienestar socioeconómico se estaban distanciando particularmente de la democracia. Y es que no basta con garantizar elecciones libres; la democracia también debe traducirse en mejores condiciones de vida para las personas.

¿Qué significado concreto tiene la democracia para una familia que acaba de perder su hogar o para un joven que, aun trabajando, no consigue independizarse? No se trata de justificar el desencanto ni de idealizar salidas autoritarias. Se trata de comprender que, cuando las instituciones no logran responder a necesidades tan esenciales como contar con una vivienda digna y segura, también se debilita la confianza ciudadana.

El Gobierno ha anunciado recursos para atender la emergencia, mecanismos de financiamiento y trabajos de reconstrucción. Pero reparar las casas destruidas, por importante que sea, no resolverá por sí solo un problema estructural que existía antes del sismo.

Superar esta realidad exige políticas públicas sostenidas y una visión de largo plazo. En ese contexto, el debate sobre una eventual asamblea constituyente también debería abrir espacio para reflexionar sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a una vivienda digna. Una nueva Constitución no resolverá por sí sola este problema, pero tampoco debería ignorarlo.

El terremoto sacudió nuestras viviendas. Ojalá también sacuda nuestras prioridades.

El autor es abogado.