Los pueblos indígenas en Panamá enfrentan una tensión persistente con el gobierno central y la sociedad, marcada por décadas de abandono institucional, falta de oportunidades y profundas desigualdades. Aunque han participado en protestas para exigir sus derechos, también han sido instrumentalizados con fines partidistas: se busca su apoyo electoral y luego prevalece el silencio institucional hasta un nuevo estallido social.
Entre los problemas más graves destacan denuncias de supuestas esterilizaciones forzadas, el uso de su territorio para el narcotráfico, abusos por parte de sectas y líderes religiosos, y la existencia de una universidad indígena con serios vicios administrativos. A ello se suman las “escuelas rancho”, la falta de atención médica e infraestructura básica, tragedias como la muerte de estudiantes al cruzar ríos y la persistencia de enfermedades prevenibles por la ausencia de campañas de vacunación. En el ámbito administrativo, se cobra entrada para visitar Guna Yala sin transparencia sobre el uso de esos recursos, mientras la falta de integración y reconocimiento de autoridades tradicionales agrava la situación.
La autonomía indígena debe proteger territorios y costumbres, pero no implica constituir un país aparte, sino formar parte integral del Estado, con los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, los pueblos indígenas presentan los índices más altos de pobreza y exclusión social; la mayoría reside en áreas rurales y comarcas con acceso limitado al empleo formal, seguridad social y servicios básicos. La insuficiencia educativa se refleja en baja asistencia escolar, altos niveles de analfabetismo y escasas oportunidades de educación superior, mientras la elevada fecundidad adolescente constituye otro indicador de desigualdad. El acceso limitado a salud y servicios básicos es común: muchas comunidades carecen de agua potable, saneamiento y atención médica de calidad, lo que contribuye a altas tasas de mortalidad infantil y materna.
Panamá reconoce seis comarcas indígenas (Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan, Madugandí, Wargandí y Naso Tjër Di), aunque existen pueblos como los Bribri que aún no cuentan con comarca propia. Además, la Ley 72 de 2008 permite la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras a comunidades fuera de las comarcas, pero muchas hectáreas siguen pendientes de titulación, lo que expone a las comunidades a desplazamientos forzados y proyectos extractivos. Casos como la hidroeléctrica Chan 75 en territorio Ngäbe han desplazado familias y dañado el ecosistema, mientras la hidroeléctrica Barro Blanco afectó comunidades en el río Tabasará. La falta de consulta previa y consentimiento libre e informado sigue siendo una problemática recurrente.
La discriminación y exclusión política persisten: aunque los pueblos indígenas representan cerca del 17,2% de la población nacional (Censo Panamá 2023), su participación institucional es limitada. Las mujeres indígenas sufren doble discriminación por etnia y género, lo que se traduce en mayores tasas de pobreza, violencia y falta de acceso a servicios de salud reproductiva.
Para enfrentar esta situación, es fundamental implementar políticas públicas con perspectiva intercultural, garantizar el respeto a la autonomía de las comarcas y cumplir con compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En educación, se deben fortalecer las escuelas interculturales bilingües, garantizar becas específicas para jóvenes indígenas y construir centros educativos con tecnología y conectividad digital. En salud, los centros deben convertirse en espacios comunitarios, ampliando la cobertura con brigadas permanentes y programas de salud materna e infantil que reduzcan la mortalidad mediante atención prenatal y campañas de vacunación.
El reconocimiento legal de tierras ancestrales debe garantizar títulos colectivos y protegerlos frente a proyectos multinacionales, cumpliendo con la consulta previa, libre e informada. Asimismo, se debe fomentar el desarrollo de economías sostenibles mediante agricultura ecológica, artesanías y turismo comunitario. En materia política, es necesario asegurar su representación en la Asamblea Nacional, fortalecer las autoridades tradicionales y fomentar la gobernanza propia de las comarcas. Además, deben implementarse programas contra la discriminación mediante campañas educativas y legales, con mayor participación de la Defensoría del Pueblo. Panamá ha fallado en la coordinación y cooperación internacional, sin aprovechar alianzas como la ONU, la OEA y el Banco Mundial. El intercambio regional podría ser más fructífero si se aprendiera de experiencias exitosas en países como Bolivia, Brasil o Ecuador, donde la educación intercultural ha generado avances notables.
Las comunidades indígenas enfrentan retos agravados por el cambio climático y la migración irregular. La pobreza extrema y la desigualdad multidimensional son alarmantes: el 93,8% de quienes viven en comarcas indígenas experimentan pobreza multidimensional (PNUD 2023), frente al 56,6% fuera de ellas (PNUD 2023). La violencia y la represión institucional también afectan gravemente a estas comunidades, con enfrentamientos y detenciones arbitrarias durante protestas. La pérdida de tierras ancestrales y la degradación ambiental constituyen otro desafío crítico, con incursión de mineros ilegales, tala ilícita y proyectos hidroeléctricos. El cambio climático intensifica estos problemas, obligando a comunidades como Gardi Sugdub a reubicarse en tierra firme, alejados de su estilo ancestral de vida y de sus medios de vida.
El derecho comparado ofrece experiencias útiles: Bolivia otorga mayor autonomía indígena y control sobre recursos naturales; Canadá reconoce tierras y autodeterminación mediante tratados históricos y modernos; Australia reconoce el native title y ha implementado programas de reconciliación; Brasil demarca territorios indígenas y ha protegido derechos frente a la explotación. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado precedentes fundamentales: Awas Tingni vs. Nicaragua (2001) reconoció el derecho a la propiedad colectiva; Yakye Axa vs. Paraguay (2005) responsabilizó al Estado por no asegurar acceso a territorios tradicionales; Saramaka vs. Surinam (2007) estableció la consulta y consentimiento libre e informado; Norín Catrimán vs. Chile (2014) condenó la criminalización de líderes indígenas; y Poma Poma vs. Perú (2009) del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó la importancia de la consulta previa obligatoria.
Panamá ha avanzado con autonomías comarcales, pero requiere fortalecer su marco legal y sus políticas públicas, inspirándose en experiencias internacionales y en estándares como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Solo así podrá garantizar la libre determinación, la consulta previa y la protección frente a presiones políticas, promoviendo soluciones más equitativas y sostenibles para sus comunidades originarias.
El autor es abogado, investigador, profesor y doctor en Derecho.
