Cuando se habla de cambiar la ley eléctrica, lo que mucha gente quiere saber es si va a pagar menos luz. Es una pregunta válida, pero debemos explicar qué busca el Proyecto 705 y qué podemos esperar de él.

El proyecto busca mejorar el servicio, fortalecer a la ASEP y exigir que las empresas respondan por sus incumplimientos. Eso incluye atender reclamos, mejorar la calidad y dar herramientas al regulador para actuar cuando esté en riesgo la continuidad del servicio.

Todo eso es necesario. La gente tiene derecho a recibir un buen servicio y a que le respondan cuando hay una falla. Pero aprobar una ley no significa que al mes siguiente bajará la factura.

También se habla de competencia. Aquí hay que distinguir dos cosas: competir por el control de una distribuidora y competir para vender energía y potencia.

En las licitaciones de energía y potencia, recibir mejores ofertas puede ayudar a reducir el costo de compra y beneficiar la tarifa. Pero cambiar al dueño de una distribuidora, por sí solo, no asegura que la electricidad será más barata. Hay que explicar cómo cada cambio beneficiará al usuario.

Hay una parte del proyecto que considero importante: el artículo 19 plantea reconocer inversiones útiles y costos verificables, y que las pérdidas superiores a los niveles permitidos sean asumidas por la distribuidora.

Dicho de forma sencilla: si una inversión se cobra al usuario, debemos poder comprobar qué mejora produjo. No basta con decir cuánto se gastó.

Ahora bien, hay otra parte del ahorro que empieza dentro de nuestras casas. ¿Sabemos cuánto consume el aire acondicionado, la refrigeradora o los equipos que dejamos encendidos? ¿Sabemos qué explica el monto que pagamos cada mes?

Por eso digo que primero hay que medir.

Una cosa es que la distribuidora lea el medidor para facturar y otra que nosotros conozcamos cómo se reparte el consumo dentro del hogar. El recibo nos dice cuánto consumimos en total; necesitamos entender qué está detrás de ese número.

Con esa información podemos decidir si hace falta cambiar un equipo, darle mantenimiento o corregir un hábito. Después debemos revisar si el cambio realmente produjo ahorro. No tenemos que esperar una nueva ley para empezar.

Esto no significa que toda la responsabilidad sea del usuario. Las empresas deben prestar un servicio eficiente y el regulador debe vigilar los costos que se reconocen en la tarifa. Una mejor tarifa y un consumo mejor administrado pueden ayudar a que una familia pague menos.

La electrificación rural también merece atención. El proyecto propone ampliar el servicio hacia comunidades que todavía no tienen electricidad y reconocer esas obras dentro del cálculo tarifario. Es una necesidad, pero hay que prever cómo se sostendrá ese servicio.

Como consultor visité nueve áreas rurales, en recorridos que incluyeron Chiriquí, Kusapín, Bayano y San Blas. Uno de los problemas que observé fue el mantenimiento de los sistemas.

Por eso, cuando leo esta parte del proyecto, pienso en quién atenderá una falla. Debemos formar técnicos en las comunidades, asegurar un servicio que pueda llegar hasta ellas o combinar ambas opciones. La capacitación, los repuestos y los viajes cuestan. Hay que incluirlos desde el principio.

Sobre esas experiencias escribiré después. Aquí las menciono porque llevar electricidad también implica mantenerla funcionando.

Veo cosas positivas en el Proyecto 705. Puede mejorar el servicio, proteger al usuario y exigir más responsabilidad. Pero debemos hablar con claridad: no garantiza una rebaja automática.

Lo que la gente quiere es pagar menos. Entonces expliquemos de dónde puede salir ese ahorro, qué le corresponde hacer a cada parte y cómo vamos a comprobarlo.

En casa, el primer paso es medir. En el sistema, hay que comprar mejor, invertir bien y exigir resultados.

El autor tiene experiencia profesional en el sector eléctrico y en el desarrollo de proyectos de energía.