Hay decisiones que uno entiende. Si el país necesita un reservorio para garantizar el agua del Canal y el consumo humano, esa discusión probablemente ya quedó atrás. Entre los temas discutidos con los diputados —o, como dijo el propio presidente, con los que “sí aportan”— el Ejecutivo dejó claro que este proyecto va porque va. La ACP tiene la misión de ejecutarlo. Hasta ahí podremos estar de acuerdo o no. Lo que no puedo entender es la manera.
La noticia de que el Ejecutivo emitió un decreto para cerrar y reubicar los cementerios de las comunidades que serán inundadas no me preocupó por las exhumaciones. Si una zona desaparecerá bajo el agua, tarde o temprano habrá que trasladar esos restos. Lo que me preocupa es el mensaje. ¿De verdad el primer gran golpe moral del Estado hacia esas comunidades debía ser empezar por sus muertos mientras todavía intenta convencer a sus vivos? El decreto dice una cosa; lo que la gente entiende es otra: “esto ya está decidido, vayan haciendo maletas”.
Durante años me ha tocado negociar lanzamientos, desalojos y reubicaciones. He movido familias completas de invasiones, de edificios condenados y de inmuebles destinados a demolición. Esa experiencia me enseñó que el conflicto nunca empieza cuando llega la orden judicial. La resistencia comienza cuando las personas sienten que alguien ya decidió por ellas y que la supuesta negociación solo sirve para notificarles lo inevitable.
Quien nunca ha negociado un reasentamiento cree que esto es una mudanza o que todo se resuelve con un avalúo, un cheque, una firma aquí y siga. Quien ha estado sentado frente a una comunidad sabe que los números son importantes, pero es en ese momento cuando las relaciones humanas y la identidad dejan de medirse en hectáreas y empiezan a entenderse mejor desde la antropología, la sociología y la psicología colectiva.
Mi impresión —y la planteo como una lectura política— es que estamos viendo el viejo libreto del policía bueno y el policía malo. La ACP mantiene el discurso técnico de los estudios, las compensaciones y la planificación, mientras el Ejecutivo les hace un recordatorio de lo que les pasó a los músicos del Titanic. Esa táctica puede servir para cerrar una negociación comercial, pero aquí no se negocian mercancías, aquí se negocia con seres humanos.
Panamá ya ha visto demasiados proyectos donde el diálogo llegó después de la ambulancia, y esa es la verdadera advertencia. No queremos otro proceso manejado “a lo vaquero”, donde primero se impone, después se intenta convencer y al final todos terminan preguntándose por qué el conflicto escaló. La historia del país demuestra que esa receta, utilizada en Bayano y Chan-75, permitió construir las obras, pero también dejó cicatrices sociales que aún no terminan de cerrar.
El conflicto no empieza cuando aparecen las protestas. Cuando la protesta estalla, esa inconformidad llevaba meses cocinándose. Empieza cuando las personas sienten que el proyecto seguirá adelante con ellas... o sin ellas. Empieza cuando una reunión deja de ser un diálogo y se convierte en la presentación de una decisión que ya no admite cambios. Y eso no es negociar, sino administrar las consecuencias de no haber negociado.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Si la ACP quiere que Río Indio sea recordado como un proyecto de ingeniería y no como otro caso de conflicto social evitable, necesita entender que esta obra para la institución no es solo un desafío técnico. En un momento en que el escrutinio internacional sobre derechos humanos y reasentamientos es cada vez mayor, Panamá no puede darse el lujo de proyectar la imagen de un Estado que escucha poco y ordena mucho. La lupa ya está puesta. La pregunta es si la ACP demostrará que aprendió de la historia o si permitirá que el país vuelva a repetirla.
El autor es abogado.
