Con la aprobación de la Ley N.º 644, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 quedó fijado en B/.35,111.75 millones. Este plan financiero proyecta un déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de 2.9% del PIB, en estricto apego a los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. En este escenario, el equilibrio de las finanzas públicas exigirá que los ingresos tributarios aumenten en proporción directa a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB).
Un punto que llama la atención en la propia Ley N.º 644 es la referencia al Informe de la Cuenta General del Tesoro y a las cifras de la DGI-MEF, en las que se reconoce que los ingresos corrientes del Gobierno Central muestran un crecimiento anémico. Este rezago en la recaudación —como ya advertimos en este diario en el artículo “Evasión fiscal: el freno invisible del crecimiento”— limita severamente la capacidad del Estado para financiar la inversión social y ejecutar obras clave de desarrollo.
Para 2027, los ingresos corrientes se estiman en B/.14,459.7 millones, de los cuales B/.8,720.0 millones corresponden a tributos: B/.4,907.8 millones en impuestos directos y B/.3,812.2 millones en indirectos. La cifra pone al descubierto una debilidad estructural: la recaudación tributaria de Panamá apenas representa el 11.3% del PIB, una presión fiscal que palidece frente al promedio del 21.7% de América Latina y al 34.1% de la OCDE. Revertir semejante rezago exigiría una reforma tributaria integral; sin embargo, el Órgano Ejecutivo no ha dado señales de querer abrir ese debate.
La urgencia de esa reforma estructural quedó al descubierto con la «Operación Pandora», que desarticuló una red de manipulación ilícita de créditos fiscales. Este esquema no solo erosionó las arcas públicas, sino que asestó un duro golpe a la moral tributaria de los contribuyentes cumplidores. Más allá de la arista penal, cabe preguntarse qué alimenta la proliferación de estos saldos a favor: ¿el exceso de retenciones acumuladas o un diseño de exenciones e incentivos cuyos efectos no se logran compensar? Aunque abordaremos este dilema técnico en otra entrega, en lo inmediato el Estado necesita herramientas de control eficaces.
Precisamente para recomponer esa moral tributaria y cerrar el paso al fraude interno, el Ejecutivo debe acelerar la masificación de la factura electrónica. Lejos de ser un mero trámite administrativo, esta plataforma simplifica el cumplimiento voluntario mediante declaraciones prellenadas y devoluciones más expeditas, al tiempo que constituye el cerrojo tecnológico necesario para blindar la recaudación frente al uso indebido de créditos fiscales y mitigar la erosión de la base imponible panameña.
Pero la fuga de ingresos no solo ocurre a lo interno: en el plano de la economía digital, otra medida impostergable para 2027 es la aplicación del ITBMS a los servicios digitales prestados desde el exterior. Mantener la inacción en este frente priva al fisco de al menos B/.100 millones anuales, en momentos en que urge adaptar la imposición indirecta a la economía digital. Panamá requiere mecanismos de cobro que alcancen a gigantes como Uber, Meta, Amazon, Microsoft y Netflix, alineando el régimen tributario nacional con los estándares internacionales y con los modelos ya consolidados por vecinos como Colombia y Costa Rica.
A este frente digital se suma la fiscalización transfronteriza corporativa, en un contexto en el que se cumple una década desde la adhesión de Panamá al Marco Inclusivo BEPS de la OCDE. A lo largo de estos diez años, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha sofisticado sus mecanismos de control para proteger la base tributaria frente a la planificación agresiva. Para 2027 se proyecta un incremento en las auditorías de precios de transferencia —incorporando criterios de BEPS 2.0— y un uso más intensivo del intercambio internacional de información fiscal. Este avance técnico, ampliamente respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) y de la Corte Suprema de Justicia, prioriza la sustancia económica sobre las formas jurídicas, anticipando un ejercicio de riguroso escrutinio para los grupos multinacionales.
En definitiva, todo apunta a que en 2027 no veremos una reforma tributaria en la agenda política, ni parcial ni integral. El camino elegido será otro: una Administración Tributaria volcada a exprimir su capacidad de fiscalización mediante más auditorías, mayor rigor sobre las operaciones transfronterizas y un combate frontal contra las distintas modalidades de delitos fiscales, yendo mucho más allá del precedente de la «Operación Pandora».
El autor es socio de Galíndez, Medrano & Asociados.
