Los seres humanos hemos mantenido una estrecha relación con océanos, ríos, lagos y lagunas, que no solo han sido fuente de recursos, sino también vías de comunicación, exploración, comercio e intercambio de ideas. Esa larga interacción ha dejado numerosas evidencias, tanto en tierra como bajo el agua: desde infraestructuras portuarias hasta embarcaciones que se hundieron hace cientos o incluso miles de años. Son historias trágicas, pero fascinantes, que revelan pasados complejos e historias compartidas.

Los contextos arqueológicos subacuáticos han sido objeto de una intensa romantización durante siglos. Se nos ha vendido la idea de que el fondo del mar está lleno de tesoros, lo que ha alimentado el interés de aventureros y empresas dedicados a la búsqueda de naufragios. En realidad, estos individuos y las compañías que los respaldan no son más que huaqueros que se apropian de un patrimonio que pertenece a todos. Para ello destruyen los contextos arqueológicos y extraen los objetos que consideran valiosos, como monedas, lingotes de oro y plata, joyas y piedras preciosas, que pueden generar millones en casas de subastas o en el mercado negro. Se trata de una industria consolidada a escala mundial, integrada por empresas poderosas, algunas cotizadas en bolsa, con recursos para contratar embarcaciones equipadas con tecnología sofisticada de exploración submarina. Algunas incluso pueden sobornar gobiernos y promover la flexibilización de las legislaciones nacionales. El resultado es la pérdida irreparable de patrimonio arqueológico y, con ello, de una parte importante de nuestra historia.

El creciente saqueo del patrimonio cultural subacuático a finales del siglo pasado llevó a un grupo de especialistas de distintas partes del mundo a impulsar un marco jurídico internacional para protegerlo. El pasado 2 de noviembre se cumplieron 25 años de la aprobación, por la Conferencia General de la UNESCO, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Este instrumento entró en vigor en enero de 2009, tras alcanzar el número mínimo de ratificaciones, y hoy cuenta con 81 Estados parte, entre ellos Panamá, el primero en ratificarla, en mayo de 2003. La Convención reconoce el patrimonio cultural subacuático como parte del patrimonio común de la humanidad y establece como principio fundamental su conservación in situ: si las evidencias sumergidas están bien conservadas y no enfrentan amenazas naturales o humanas inminentes, deben permanecer en su lugar. Además, prohíbe la comercialización de este patrimonio y promueve la cooperación internacional, pues algunos países con larga trayectoria en la investigación del fondo marino pueden apoyar, capacitar y transferir tecnología a quienes carecen de recursos, personal o equipos para desarrollar estos proyectos.

La arqueología subacuática en Panamá todavía es incipiente. Los proyectos de investigación realizados han sido puntuales y desarticulados, y no responden a una política de Estado. Se han centrado en naufragios emblemáticos: los asociados al cuarto viaje de Cristóbal Colón (1502-1504), en la desembocadura del río Belén y en Nombre de Dios; los restos sumergidos cerca del fallido intento escocés de establecer una colonia en el Darién; las naves hundidas durante el ataque del pirata Henry Morgan en 1671; y el submarino Sub Marine Explorer, abandonado en la isla de San Telmo en 1869. Además, como otros países, Panamá no ha estado exento de cazatesoros que, desde finales del siglo pasado, han saqueado y destruido algunos contextos arqueológicos subacuáticos de nuestro territorio.

Desde hace tres años, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC) ha venido brindando asesoría técnica a una importante iniciativa de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, orientada a inventariar el patrimonio cultural subacuático del Caribe panameño. Este proyecto de Estado se puso en marcha a principios de este año, mediante un convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y el CIHAC, con la participación de un equipo científico internacional de primer nivel. Su propósito es construir una base de datos que permita conocer qué patrimonio cultural subacuático posee el país, en qué condiciones se encuentra y cuáles son las acciones necesarias para garantizar su investigación, conservación y protección para las generaciones futuras.

Los avances de este proyecto se presentarán el jueves 19 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el Museo del Canal Interoceánico, en una jornada abierta que conmemora los 25 años de la Convención. Panamá fue pionero en ratificarla, pero tardó años en tener una política acorde con ese compromiso. Ahora, finalmente, comienza a dar pasos concretos.

El autor es arqueólogo y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC).