El Gobierno está impulsando una modificación del Código Fiscal para incorporar normas de sustancia económica —exigidas por la Unión Europea (UE) como condición para sacar al país de listas grises y negras— que transformarán de raíz el modelo de negocios sobre el que Panamá construyó décadas de prosperidad. Empresas holding, estructuras offshore y esquemas de planificación tributaria internacional deberán demostrar presencia real, empleados calificados y actividad genuina en el territorio. No es un ajuste cosmético: es un cambio de paradigma.
Nadie debería oponerse a esa reforma si se hace bien y no sacrificando lo que no es necesario, como ha sido costumbre anteriormente. Pero es un error histórico creer que se hace y ya, si no se tiene en cuenta el efecto.
El contexto, por fortuna, es favorable. El Gobierno ha logrado ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de inversionistas internacionales, con proyecciones de crecimiento que superan el promedio regional. A eso se suma un plan de inversión pública superior a los B/.11 mil millones en infraestructura, logística, salud y educación. Ese capital político y fiscal no es un lujo: es el viento de cola que hace posible empujar reformas que en tiempos de crisis serían impensables. Desperdiciarlo en administración rutinaria sería, simplemente, una irresponsabilidad histórica.
La sustancia económica exige que las empresas operen de verdad en Panamá. El problema es que operar de verdad en Panamá sigue siendo, en demasiados sectores, un calvario innecesario. Permisos que tardan meses y cuestan fortunas. Regulaciones diseñadas no para proteger al consumidor sino para blindar al incumbente. Mercados corporatizados donde la competencia real es castigada o simplemente imposible. Actividades económicas enteras —desde el transporte hasta la distribución de alimentos, pasando por servicios profesionales y comercio minorista— atrapadas en marcos legales que garantizan rentas para pocos a costa de productividad para todos.
Si queremos que la sustancia económica sea real y no solo declarativa, necesitamos liberar las fuerzas del mercado que hoy están capturadas. Eso significa hacer una auditoría implacable de permisos, licencias, requisitos de operación y restricciones sectoriales para eliminar los que no tienen justificación pública genuina. Significa abrir espacios de actividad económica que hoy están cerrados o monopolizados por diseño regulatorio. Significa reconocer, con honestidad, que buena parte de la complejidad burocrática no existe para proteger a nadie: existe para crear dependencia y, con ella, corrupción.
La reforma microeconómica no es menos urgente que la reforma fiscal. Es su condición de posibilidad.
Y aquí es donde entra la herramienta más poderosa que jamás haya tenido un país en vías de transformación: la inteligencia artificial. Los cambios que en otro momento habrían requerido décadas de ajuste institucional, formación de capital humano y desarrollo burocrático pueden comprimirse dramáticamente. La IA permite analizar en días toda la arquitectura regulatoria para identificar redundancias y cuellos de botella. Permite diseñar ventanillas únicas digitales que eliminan la discrecionalidad del funcionario. Permite entrenar a empresarios y trabajadores en competencias nuevas sin necesidad de infraestructura educativa masiva. Permite, en suma, hacer la revolución institucional más rápida, más barata y más transparente.
Panamá no llega tarde a la Cuarta Revolución Industrial. Pero puede llegar mal, si confunde modernización con cosmética, lo que ha sido lo usual. El país tiene ventajas reales: posición logística, infraestructura financiera, talento regional acumulado, instituciones formalmente sólidas. Lo que le falta no es visión —los diagnósticos sobran— sino la voluntad de tocar los intereses que se benefician del statu quo regulatorio.
La reforma de sustancia económica es la señal de que el modelo antiguo requiere una transformación urgente. La reforma microeconómica es la apuesta por el modelo nuevo. Y la inteligencia artificial es el acelerador que puede hacerlo posible en el tiempo que nos queda.
El momento no admite gradualismo cómodo. O aprovechamos esta convergencia —presión externa, herramientas nuevas y un gobierno con margen económico— para hacer reformas reales, o seguiremos publicando proyecciones de crecimiento que no se traducen en oportunidades para la mayoría.
El autor es director de la Fundación Libertad.
