Cada año, al llegar noviembre, el país se viste de gala. Las calles se llenan de colores patrios, los tambores resuenan en cada esquina y el fervor nacional parece apoderarse de todos. Cantamos felices: El tres de noviembre viene y el tres de noviembre va, y yo con mi banderita, saludo a Panamá. Nos emociona rendir homenaje a la tierra que nos vio nacer, pero también nos seducen los días libres de noviembre. Ante tantos asuetos, uno podría preguntarse con ironía si no convendría declarar libre el mes entero. Así tendríamos treinta días para celebrar a la patria y todos quedaríamos «contentos y revolucionarios».
Detrás del maquillaje tricolor de noviembre, la vida institucional sigue al ritmo de siempre. Mientras agitamos la bandera con orgullo, sigue pendiente una tarea republicana: hacer efectivos los límites al poder.
La democracia y la república ponen el acento en aspectos distintos del ejercicio del poder. La democracia nos permite elegir a nuestros gobernantes mediante el voto y decidir, por mayoría, el rumbo político del país. La república exige que el poder se ejerza con sujeción a la ley, con separación de poderes, controles institucionales y garantías para los derechos de todos, incluidas las minorías. Una democracia sin instituciones republicanas sólidas corre el riesgo de convertirse en la tiranía de la mayoría o, peor aún, en la autocracia de un presidente electo.
Hoy, Panamá celebra elecciones democráticas, pero el hiperpresidencialismo debilita sus contrapesos republicanos. La actual Constitución otorga una influencia desproporcionada al Órgano Ejecutivo. Aunque la Constitución establece la separación de poderes, en la práctica los contrapesos son débiles. Las lealtades políticas suelen subordinarse al palacio presidencial y la fiscalización mutua entre los órganos del Estado termina siendo, con demasiada frecuencia, más teoría que práctica.
Para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y transparente, necesitamos reglas del juego diferentes. Urge abrir una discusión nacional sobre un diseño constitucional que limite el poder presidencial y garantice la independencia de los órganos del Estado. Requerimos una justicia independiente, controles efectivos sobre el Ejecutivo y una Asamblea Nacional que represente a los ciudadanos, delibere y fiscalice, sin que su labor quede condicionada por el clientelismo ni por el manejo del presupuesto estatal.
La distancia entre lo que celebramos y lo que enseñamos también se ve en los desfiles. Los estudiantes marchan bajo una rigidez casi militar y se privilegia la disciplina del paso sobre la comprensión de nuestra historia. Pasan largas horas bajo el sol o la lluvia y, cuando en televisión les preguntan qué efeméride se conmemora, algunos titubean o confunden las fechas. Una marcha bien sincronizada dice poco sobre lo que los estudiantes han aprendido de nuestra historia.
El civismo que celebramos en las dianas y los desfiles también se practica al conocer nuestra historia, comprender nuestras instituciones, exigir transparencia y defender el Estado de derecho. Si nos conformamos con los días de asueto y las celebraciones mientras las instituciones se debilitan por la concentración del poder en el Ejecutivo, estaremos celebrando una soberanía incompleta.
Este noviembre, además de saludar a Panamá con nuestra banderita, deberíamos preguntarnos qué país construimos cuando terminan las celebraciones y se apagan los tambores. Defenderlo los doce meses del año implica exigir instituciones que respondan a los ciudadanos, una Constitución que limite el poder y gobernantes que entiendan que ningún mandato está por encima de la ley.
La autora es arquitecta.
