En días pasados, el presidente Daniel Ortega mencionó que en Nicaragua no habrá más elecciones, lo que parece fortalecer aún más la concentración del poder en la familia presidencial. De esta manera, se restringe el pluralismo político y desaparece la democracia electoral. El mundo entero se pronunció. Los organismos internacionales y regionales colocaron el asunto en sus agendas; las distintas cancillerías emitieron comunicados condenando el fin de las elecciones en Nicaragua; además, organizaciones de derechos humanos se pronunciaron al respecto, haciendo un llamado al restablecimiento de la democracia en el país que, por supuesto, va en contra de todo principio político.
La narrativa también ha jugado su papel, estableciendo una sola línea argumental y denominando al gobierno de Nicaragua como una dictadura con alianzas internacionales con países que son denominados como parte del eje del mal, lo que conlleva elementos que supuestamente menoscaban la seguridad regional y, por tanto, deja abiertas posibilidades de intervención, a criterio del poder occidental.
La República de Nicaragua, país que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana, está obligada al cumplimiento de los principios democráticos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa y en sus instrumentos jurídicos derivados y complementarios de la integración regional.
Pero de todo lo anterior surge la duda sobre el proceder de Nicaragua: si este responde, a modo de defensa, frente a las actuaciones de los gobiernos en los órganos decisorios del Sistema de Integración Centroamericana, que, al justificar la situación política de dicho país, desconocen, según su conveniencia, las normas y principios que sustentan el proceso histórico y de consolidación de Centroamérica.
Lamentablemente, no podemos separar los hechos y acontecimientos sobre el fin del proceso electoral participativo del pueblo de Nicaragua del retroceso en la integración centroamericana, desde el punto de vista de su institucionalidad y su ordenamiento jurídico.
El proceso inclusivo de integración regional pasa por una de sus peores crisis, ya que hoy enfrenta un escollo conceptual con sesgos derivados del pensamiento de cada uno de los extremos ideológicos de los gobiernos, lo que conlleva el debilitamiento institucional del sistema regional y el desconocimiento de los instrumentos jurídicos de la integración y sus principios.
El primer paso fue el cambio de paradigma en la búsqueda de los consensos necesarios para seguir, gradualmente, la formación orgánica regional, estableciendo modificaciones mediante normas complementarias con nuevos criterios, en contradicción con lo establecido en la carta magna centroamericana, donde se imponía el modelo del consenso para la búsqueda de integrar los esfuerzos de cada uno de los países, albergando sus ideas y el pensamiento de los pueblos, para imponer ahora el criterio de la mayoría de votos en las decisiones de los organismos regionales. Con esta modificación le cercenaron el derecho que le correspondía a Nicaragua de proponer, para su aprobación, a un connacional como secretario general del SICA, desconociendo los demás Estados el efecto histórico de la rotación y la alternancia en el cargo.
Ahora, la estocada final fue el retiro del Tratado de la Corte Centroamericana de Justicia por uno de los Estados signatarios, lo que trajo consigo el desmoronamiento de la justicia comunitaria, el Estado de derecho regional y el orden normativo, causando una violación directa al artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, que dispone la institucionalización de la Corte y la coloca, dentro del instrumento principal de la región, como órgano permanente del Sistema de la Integración Centroamericana. Por tanto, desconocer dicho órgano y a sus magistrados nombrados constituye otra violación de hecho a la democracia en la región centroamericana.
En conclusión, ambas situaciones, la de Nicaragua y la del SICA, son condenables y mantienen un nexo común. La concentración y el aferramiento al poder de algunos gobernantes, así como la polarización extrema del pensamiento ideológico de los gobiernos, están afectando gravemente el proceso de integración regional y sus décadas de esfuerzo, teniendo como consecuencia el deterioro sistemático de la democracia participativa tanto a lo interno de los países como en los órganos de gobierno regional, cuya finalidad debe ser la construcción de esfuerzos para enfrentar las causas regionales, además de combatir, en conjunto, las realidades que nos afectan tanto a lo interno de Centroamérica como hacia lo externo, actuando como bloque comunitario.
El autor es exdipugado del Parlacen y profesor de la Universidad de Panamá.
