Un diputado tiene el deber de investigar, preguntar, fiscalizar y exigir explicaciones. Esa es parte esencial de su función. Sin embargo, cuestionar a un funcionario únicamente por el salario que percibe demuestra una visión simplista del debate sobre la función pública.

No se deben confundir los términos: se entra en la vida pública para servir, no para servirse. Por ello, siempre estaré en contra de los privilegios injustificados, como choferes, flotas de vehículos de alta gama, cuentas celulares pagadas por el Estado, alquileres y residencias en el extranjero financiados con fondos públicos, fotógrafos, maquillistas, escoltas innecesarias, viáticos excesivos, dietas desproporcionadas, boletos de avión en primera clase, vuelos en aviones privados, hoteles de lujo, comitivas sobredimensionadas y cualquier otro gasto que convierta el servicio público en una fuente de privilegios personales en lugar de una responsabilidad al servicio de la ciudadanía.

Ahora bien, si consideramos que un funcionario público tiene una remuneración elevada, el análisis no debería limitarse a cuánto gana en concepto de salario o gastos de representación. La verdadera pregunta es si su trayectoria académica y profesional está a la altura del cargo que desempeña, si fue nombrado por méritos o únicamente por afinidad política y, sobre todo, si está obteniendo los resultados que la ciudadanía espera. Esas sí son críticas legítimas.

Lo que resulta incoherente es condenar a un funcionario por percibir un buen salario y, al mismo tiempo, acusarlo de falta de humildad, especialmente cuando tales señalamientos provienen de sectores políticos que muchas veces no se aplican el mismo estándar a sí mismos. En ese caso, se observa con facilidad la falta ajena, pero no la propia.

Si realmente queremos contar con profesionales altamente capacitados en el servicio público, debemos aceptar una realidad elemental: los puestos de mayor responsabilidad deben estar ocupados por personas con una preparación excepcional, y esa preparación debe estar acompañada de una remuneración competitiva.

La discusión, por tanto, no debe girar en torno al salario en sí mismo, sino a si quien ocupa el cargo aporta un valor acorde con lo que recibe. Debe analizarse si la institución funciona eficientemente bajo su dirección, si ha mejorado respecto de administraciones anteriores y si constituye un referente de buena gestión. La evaluación debe recaer sobre el desempeño, no sobre la mera existencia de una remuneración elevada.

De hecho, el debate no debería centrarse exclusivamente en cuánto cuesta un funcionario, sino en cuánto valor aporta al Estado y a la ciudadanía. Una mala gestión puede costar millones en ineficiencias, retrasos, corrupción o decisiones equivocadas, mientras que una gestión competente puede generar ahorros, mejorar los servicios públicos, fortalecer las instituciones y aumentar la confianza ciudadana. Por ello, la pregunta realmente importante no es cuánto gana un funcionario, sino si su trabajo genera beneficios y resultados acordes con la responsabilidad y los recursos que administra.

Por supuesto, una persona que percibe un salario alto tiene la obligación de demostrar resultados y de mantener la institución que dirige en condiciones ejemplares. Pero antes de señalar a otros, los propios diputados deberían empezar por examinar sus propios beneficios y privilegios. No he visto iniciativas significativas orientadas a reducir sus salarios, permitir la renuncia voluntaria a determinadas remuneraciones o destinar parte de ellas a becas, programas sociales u otros fines de interés público. Tampoco he observado un esfuerzo serio por eliminar muchos de los privilegios que históricamente han acompañado al ejercicio de la función legislativa.

Por ello, antes de hablar de salarios y privilegios ajenos, deberían comenzar por revisar los propios. Resulta contradictorio exigir austeridad únicamente a ciertos funcionarios mientras se mantienen intactas estructuras de privilegios en otros órganos del Estado. La austeridad, para ser creíble, debe aplicarse de manera uniforme y comenzar precisamente por quienes la promueven. De lo contrario, deja de ser una política pública y se convierte en un instrumento de oportunismo político.

Más allá de que unos hayan llegado a sus cargos mediante elección popular y otros mediante nombramiento, todos son funcionarios públicos y, como tales, deberían estar sujetos a los mismos principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Nadie debería disfrutar de un estándar distinto simplemente por la naturaleza de su cargo.

Es comprensible que exista un profundo malestar ciudadano. En un país con tantas necesidades, resulta inevitable que genere indignación observar cómo algunos funcionarios parecen vivir con grandes comodidades financiadas por el erario. Sin embargo, la crítica debe dirigirse al sistema y a las normas que permiten tales situaciones, no únicamente a quienes se benefician de ellas.

El verdadero problema surge cuando personas sin la experiencia, la capacidad o la trayectoria necesarias acceden a cargos para los que no están preparadas. Ahí es donde debería centrarse el debate público.

Uno de los mayores problemas de nuestras administraciones públicas ha sido la falsa creencia de que cualquier persona puede dirigir una institución compleja sin la formación, experiencia o conocimientos necesarios. Nadie aceptaría que un hospital fuera dirigido por alguien sin preparación médica o que una gran obra de infraestructura fuese diseñada por quien carece de los conocimientos técnicos para hacerlo. Sin embargo, con frecuencia se normaliza que instituciones estratégicas sean dirigidas por personas cuya principal credencial es su cercanía política al poder de turno.

Si algo debiera indignarnos no es que un funcionario competente gane bien, sino que una persona sin los méritos, la experiencia o los conocimientos necesarios ocupe un cargo de alta responsabilidad.

Como explicó Max Weber en Economía y sociedad, el funcionamiento eficiente del Estado depende de una burocracia profesional y especializada, seleccionada por su capacidad y no por su proximidad al poder. A su vez, Michael Sandel ha advertido en La tiranía del mérito que una democracia sana exige procedimientos de acceso percibidos como justos y legítimos por la ciudadanía.

En consecuencia, el verdadero debate no debería ser cuánto gana un funcionario, sino si llegó al cargo por mérito, si posee las competencias necesarias y si los resultados de su gestión justifican la confianza depositada en él.

Lo que se necesita es una reforma integral del servicio público basada en el mérito, la transparencia y la profesionalización. Deben establecerse mecanismos de selección rigurosos, concursos públicos, oposiciones y procesos objetivos que permitan que los cargos sean ocupados por quienes acrediten las mejores competencias. De esta manera, el ascenso dentro de la administración respondería al esfuerzo, la experiencia y la formación, y no a relaciones políticas o personales.

Partir de la premisa de que un buen funcionario debe ganar poco es un error. Por el contrario, una administración moderna y eficiente requiere salarios suficientemente atractivos para captar y retener talento. Cuando el Estado ofrece remuneraciones poco competitivas para cargos altamente especializados, los mejores profesionales suelen optar por el sector privado, los organismos internacionales o incluso por desarrollar sus carreras en el extranjero. En consecuencia, la administración pública termina perdiendo precisamente el talento que más necesita para resolver los problemas del país.

Los profesionales altamente cualificados no deberían verse obligados a sacrificar su estabilidad para servir al Estado. Ahora bien, una cosa es garantizar condiciones de vida dignas y acordes con la responsabilidad del cargo, y otra muy distinta convertir el servicio público en una vía de enriquecimiento o en una fuente de privilegios desmedidos. La primera es una exigencia de justicia y eficiencia institucional; la segunda resulta incompatible con la ética pública y, en determinados casos, puede incluso derivar en responsabilidad administrativa o penal.

En muchos países desarrollados, ser funcionario público no solo representa una vocación de servicio, sino también un honor y una distinción profesional. Un Estado fuerte requiere instituciones fuertes, y las instituciones fuertes necesitan personas preparadas, motivadas y correctamente remuneradas.

Además, la experiencia demuestra que la corrupción no depende exclusivamente del nivel salarial. Hemos visto casos de personas que perciben altos ingresos y aun así cometen actos ilícitos, del mismo modo que hemos visto funcionarios mal remunerados que también terminan incurriendo en prácticas corruptas. Lo importante es que el salario sea proporcional a las responsabilidades asumidas. Lo que sí resulta difícil de justificar es que, además de una remuneración elevada, existan dietas, bonos, comisiones, ayudas, viáticos y otros beneficios que terminan multiplicando el costo real del cargo para el Estado.

Por ello, el debate legislativo corre el riesgo de caer en el populismo cuando reduce un problema complejo a un simple ataque contra los salarios de ciertos funcionarios. Ese tipo de discursos puede generar titulares, acumular visualizaciones en redes sociales y producir réditos políticos inmediatos, pero rara vez aporta soluciones reales. La discusión debería orientarse a reformar aquello que funciona mal, eliminar privilegios injustificados, fortalecer los mecanismos de mérito y transparencia y, sobre todo, predicar con el ejemplo.

Como dice el conocido refrán, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y precisamente ese principio debería llevar a muchos diputados a aplicar a sí mismos las exigencias que reclaman para los demás. Solo entonces su discurso tendría verdadera autoridad moral y credibilidad ante la ciudadanía.

Porque la solución no consiste en empobrecer el servicio público, sino en profesionalizarlo mediante funcionarios mejor preparados, adecuadamente evaluados, transparentes en su gestión y plenamente responsables ante la sociedad. El objetivo no debe ser rebajar la calidad del servicio público, sino elevarla. Solo así podremos construir un Estado moderno, profesional y verdaderamente al servicio de los ciudadanos.

El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.