Durante los últimos diez años, he cruzado de manera anónima las veredas empinadas de San Miguelito. Lo que comenzó como un compromiso solidario se ha convertido en una ventana hacia una realidad que las estadísticas apenas logran capturar. Cada visita me confronta con la misma pregunta: ¿cuántos panameños permanecen invisibles para el sistema de protección social?
Las cifras más recientes son contundentes. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes presentado en 2024, hay 475,498 menores viviendo en pobreza multidimensional en Panamá: uno de cada tres niños del país. Más preocupante aún: el porcentaje aumentó de 32.8% en 2018 a 34% en 2022. Pese a los esfuerzos institucionales, hay más niños pobres multidimensionales hoy que hace seis años.
San Miguelito concentra las contradicciones de nuestro modelo de desarrollo. Este distrito, el segundo más poblado del país, con más de 350,000 habitantes, presenta vulnerabilidad extrema: más de la mitad de sus viviendas son informales, la mayoría de su población percibe bajos ingresos y cerca de la mitad habita en comunidades de ladera expuestas a deslizamientos. El Banco Mundial lo ha descrito como el área con mayor desarrollo informal de la ciudad de Panamá.
Pero las estadísticas macro no cuentan la historia completa. En las visitas a hogares vulnerables, acompañados por líderes comunitarios y unidades de la Policía Nacional, hemos encontrado una realidad que debería avergonzarnos: niños y adultos con discapacidades severas que nunca han sido inscritos en el programa Ángel Guardián.
Familias que desconocen que existe una transferencia de B/.80.00 mensuales para personas en su situación. El programa, creado mediante la Ley 39 de 2012, cuenta con apenas 19,107 beneficiarios a nivel nacional.
La dimensión del problema quedó expuesta con la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), presentada en noviembre de 2025: 781,478 panameños viven con algún tipo de discapacidad, el 18% de la población. Uno de cada seis ciudadanos. Las mujeres representan el 58.4% de este grupo. La principal razón por la que no recibieron atención médica fue la falta de dinero, y apenas el 1.9% accedió a institutos especializados.
¿Por qué tantos quedan fuera del sistema? Las barreras son múltiples: desconocimiento de los programas, trámites burocráticos complejos, falta de documentos de identidad y familias abrumadas por la supervivencia diaria. Completar la Ficha Única de Protección Social resulta inalcanzable para quienes apenas pueden salir de sus hogares.
Desde un enfoque de derechos humanos, esta situación constituye una violación sistemática. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Panamá, establece la obligación del Estado de identificar activamente a quienes requieren protección, y no esperar a que ellos lleguen a las ventanillas institucionales.
Las propuestas de acción deben ser urgentes. Primero, implementar censos comunitarios de personas con discapacidad, con equipos móviles que realicen inscripciones in situ. Segundo, simplificar requisitos documentales, permitiendo que organizaciones comunitarias certifiquen vulnerabilidad. Tercero, crear unidades de enlace entre el MIDES y los centros de salud para que todo diagnóstico de discapacidad severa active automáticamente un proceso de inscripción. Cuarto, establecer metas territoriales que obliguen al sistema a buscar activamente a los beneficiarios.
La pobreza multidimensional infantil no se resuelve únicamente con transferencias monetarias, pero estas representan un piso mínimo de dignidad para familias que enfrentan carencias simultáneas en salud, vivienda, educación y servicios básicos. Cada niño con discapacidad que permanece fuera del radar institucional es un recordatorio de que nuestro sistema de protección social sigue operando bajo una lógica de demanda, cuando debería funcionar bajo una lógica de garantía universal de derechos.
He abordado solo una dimensión de la crisis. No he hablado del derecho a la educación de niños con discapacidad, de las escuelas sin rampas y sin docentes especializados, ni de aquellos que nunca fueron matriculados. Cada uno de estos temas merece un análisis profundo.
Después de una década entrando a San Miguelito, he aprendido que la pobreza más cruel es la que permanece invisible. Es hora de que el Estado vaya a buscar a quienes más necesitan, en lugar de esperar que los más necesitados vengan a él.
La autora es presidenta de FUDESPA y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación.
