Después del terremoto del 9 de octubre, las conversaciones con quienes me rodean suelen volver a las mismas preguntas: «¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste?». Recordamos la sacudida y el miedo. Pero cuando hablamos de cómo debíamos actuar, las respuestas son menos claras. Encuentro una inquietud compartida: sentimos el peligro, pero no necesariamente sabemos qué hacer.

En muchos videos de terremotos vemos a personas que corren para salir de los edificios. Las imágenes no permiten determinar si actuaron correctamente: cada estructura y su entorno requieren una evaluación particular. Sin embargo, dejan una pregunta: ¿cuánto de nuestra respuesta depende de instrucciones conocidas y cuánto del instinto?

Eso me hizo recordar a Okawa, en Japón.

El 11 de marzo de 2011, el tsunami provocado por el gran terremoto del este de Japón remontó el río Kitakami y arrasó comunidades situadas a varios kilómetros de su desembocadura. Según una publicación de la Universidad de Keio, en el distrito de Okawa murieron 418 personas. En Kamaya, aproximadamente uno de cada tres habitantes perdió la vida. El desastre se llevó familiares, vecinos y los vínculos que sostenían la vida cotidiana.

En la escuela primaria de Okawa, 74 de sus 108 alumnos murieron o desaparecieron. Casi siete de cada diez niños nunca regresaron a casa. También fallecieron diez integrantes del personal escolar.

Entre el terremoto y la llegada del tsunami transcurrieron unos 50 minutos. Los alumnos fueron reunidos en el patio. Después de esperar, comenzaron a desplazarse, guiados por el personal, hacia una zona próxima al dique del río. El tsunami los alcanzó durante la evacuación. La ladera situada detrás de la escuela sería examinada posteriormente como una posible alternativa de escape.

¿Por qué esos 50 minutos no bastaron para llevarlos a un lugar seguro?

Las familias llevaron sus preguntas a los tribunales. El examen de responsabilidades se extendió a lo ocurrido antes del desastre: cómo se habían identificado los riesgos, qué preparativos existían y qué supervisión habían ejercido las autoridades educativas.

En 2018, el Tribunal Superior de Sendai reconoció negligencia organizativa en la preparación previa y ordenó a la ciudad de Ishinomaki y a la prefectura de Miyagi indemnizar a las familias demandantes. La sentencia quedó firme en 2019.

Ninguna indemnización podrá devolverles la vida a los niños ni el futuro que les fue arrebatado.

El significado del fallo va más allá de la indemnización. Reconoció que prepararse constituye una obligación cuyo cumplimiento puede verificarse y exigirse. La escuela debía planificar una evacuación adecuada a sus riesgos; las autoridades educativas debían supervisar esa preparación y exigir correcciones.

Un plan archivado puede acreditar un trámite. Para proteger vidas, debe responder a las condiciones reales, ser conocido y haber sido puesto a prueba. Esa diferencia puede pasar inadvertida durante años, hasta que una emergencia exponga sus consecuencias.

Aquel mismo día, en Kamaishi, los alumnos de la secundaria Kamaishi Higashi y la primaria Unosumai que evacuaron juntos lograron ponerse a salvo. Habían realizado simulacros conjuntos y, durante la evacuación, continuaron hacia lugares más altos al advertir nuevos peligros, según documenta el Gobierno japonés. Aunque la ciudad sufrió numerosas pérdidas humanas, esta experiencia muestra cómo la preparación puede contribuir a salvar vidas.

Los contextos eran distintos. Sin embargo, ambas experiencias permiten comprender cuánto depende la respuesta del trabajo previo. Cuando la información es incompleta y el tiempo apremia, las decisiones necesitan apoyarse en conocimientos, procedimientos y responsabilidades establecidos con anticipación.

Panamá debe incorporar esa perspectiva a su evaluación. Según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil, al 21 de octubre de 2026 se registraba una persona fallecida, 27 lesionadas y más de 38 mil afectadas, además de afectaciones en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud.

El fallo japonés no puede trasladarse automáticamente a Panamá, ni los daños demuestran por sí solos negligencia. Pero corresponde preguntar quién evaluó los riesgos, quién verificó los planes y si se corrigieron las deficiencias conocidas.

Propongo dos tareas: comprobar la viabilidad de los planes de las instalaciones públicas esenciales y publicar el seguimiento de las correcciones, con responsables, plazos y resultados verificables. También debemos identificar las medidas que funcionaron, para conservarlas y extenderlas.

Ese trabajo debe continuar cuando disminuya el miedo. Reparar edificios es indispensable; resolver las fallas de preparación también lo es.

“No sabía qué hacer” merece convertirse en el inicio de una revisión seria. Okawa recuerda el costo de las responsabilidades incumplidas; la evacuación de estas dos escuelas de Kamaishi muestra lo que una preparación sostenida puede hacer posible.

Para quienes salimos ilesos, disponer todavía de tiempo para prepararnos es una fortuna. Aprovecharlo exige que cada compromiso de proteger la vida tenga responsables y constancia de cumplimiento.

La autora es presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (AVACA).