Todo indica que, pese a las recientes, adicionales y graves denuncias hechas públicas relacionadas con los escándalos de negligencia, nepotismo e irregularidades administrativas cometidas en el manejo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) por parte de la rectora de dicha entidad, Etelvina Medianero de Bonagas, la misma no está dispuesta a dar su brazo a torcer y ha decidido enfrentar la tormenta sin ceder un ápice en su firme voluntad de continuar haciendo lo que le plazca, como hasta ahora ha sido el caso, malentendiendo, para su estricta conveniencia, el concepto de autonomía, en el que se ha amparado históricamente, para pretender justificar así las arbitrariedades, desafueros e incluso delitos cometidos a lo largo de su gestión al frente de esta institución del Estado panameño.
A ello se suma el debate por el exorbitante beneficio económico que recibe la rectora, cuyos ingresos y privilegios han sido permanentemente objeto de cuestionamientos públicos en medio de las dificultades presupuestarias que atraviesa la universidad, la cual en la actualidad cuenta con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre académicos y administrativos, un tercio de ellos con salarios que superan los 7,000 dólares mensuales, evidenciándose así otra aberrante forma de clientelismo, con un peso o carga financiera para el Estado de casi 6 millones de dólares por mes.
El andamiaje estructural y legal para poder sostener y mantener operando de manera solapada y por tanto tiempo el nivel de corrupción rampante que ha operado en la Unachi se explica por el contubernio político, padrinazgo y comunión de intereses que ha existido con los partidos políticos y diputados de la Asamblea Nacional, amén del espaldarazo adicional y explícito por parte del Ejecutivo, en al menos tres de los últimos gobiernos: Martinelli, Varela y Cortizo, respectivamente.
En efecto, a partir de las reformas impulsadas por Medianero de Bonagas en 2016, la rectora consiguió el mecanismo legal para ejercer con una amplia discrecionalidad administrativa el nombramiento y consolidación de posiciones permanentes de docentes afines o recomendados políticamente, sin que los mismos tuviesen que pasar por el mecanismo ordinario de concurso para alcanzar dicha permanencia. El impacto económico de estas acomodaticias modificaciones a la ley se refleja hoy en la abultada planilla de la universidad, con salarios que oscilan entre los 5,000 y 7,000 dólares mensuales.
Pero el plan de la rectora Etelvina de Bonagas no terminó allí. Una vez logró que varios profesores obtuvieran permanencia, en 2017 impulsó otra reforma que permitió su reelección inmediata. De esta forma, sin importar la cantidad de estudiantes o personal administrativo, los docentes tienen un peso del 60 % en la elección de nuevas autoridades. Ese año se modificó una vez más la Ley 4 de 2006, contando por supuesto con el aval de la Asamblea Nacional, abriendo el camino adicional para que Medianero de Bonagas pudiera reelegirse para un nuevo período que inició en 2018.
Para no dejar de lado la referencia histórica correspondiente sobre la génesis del particular ejemplo citado de comportamientos delictivos, es necesario recordar que la medida impulsada en aquel momento (2016) por la cuestionada rectora Medianero de Bonagas contó con el entusiasta aval de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia del diputado Rubén de León (PRD) y el secretario general Franz Wever (PRD), y sancionada finalmente por el tristemente recordado presidente de la República Juan Carlos Varela (2014-2019). Antes, Bonagas también mantuvo una estrecha relación de apoyo, aceptación y padrinazgo de su habitual conducta de aprovechamiento por parte del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Ni qué decir del gobierno de Cortizo (2019-2024), que en ese sentido resultó la tapa del coco.
Finalmente, como si el tema de los nombramientos desenfrenados de familiares (nepotismo) y lo ya expuesto de esta historia de terror no fuera suficiente, se le suma el hecho de que la Unachi mantiene una deuda de 12 millones de dólares con la CSS por haber dejado de pagar la cuota obrero-patronal correspondiente. Esta acción, que por sí sola constituye un delito con pena de cárcel para cualquier patrono de una empresa privada que incurra en esta falta, en cambio, para la rectora Bonagas solo se convierte en un motivo adicional para solicitar más dinero al MEF para cubrir este déficit y, por supuesto, mantener sus autónomos y jugosos salarios.
La polémica alcanza nuevos matices con el nombramiento, por parte de Bonagas, de la nueva directora de Recursos Humanos de la Unachi, Guillermina Martínez, quien del 2021 al 2023 fungió -convenientemente- como subalterna del excontralor Gerardo Solís, en su rol de fiscalizadora de la Contraloría dentro de la Unachi. En otras palabras, era la persona supuestamente encargada durante todo ese tiempo de frenar o al menos advertir a su superior jerárquico de todos estos desaciertos e ilegalidades cometidas bajo sus narices en la Unachi.
Termino este escrito con el extracto de una reflexión que tomo prestada de la columna de Carlos E. González de la Lastra, publicada el 13 de mayo de 2026, bajo el título Panamá. La próxima meta nacional es derrotar la corrupción, cuando dijo: “Panamá necesita formar ciudadanos que comprendan que la democracia no es únicamente votar, sino defender principios y valores éticos, porque una sociedad sin pensamiento ético termina convertida en una maquinaria clientelista”.
El autor es escritor y pintor.
