Esta semana, revisando las noticias antes de despertar a mis hijos, me detuve en un titular que me heló la sangre: seis personas —entre ellas, niños— murieron en la comarca Ngäbe-Buglé por infecciones respiratorias bajas graves. Mientras escribo esto, la sala de pediatría del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas, está al límite de su capacidad, con siete niños menores de dos años conectados a ventilación mecánica, todos provenientes de esa misma comarca.
Como mamá, se me apretó el pecho. Como pediatra, se me apretó algo más profundo: la certeza de que estas muertes, con toda probabilidad, no tenían por qué ocurrir.
El Ministerio de Salud aún investiga el agente responsable. Es posible que se trate del virus respiratorio sincitial, la influenza o incluso la tosferina, pero por respeto al proceso no me corresponde adelantar un diagnóstico. Sí puedo afirmar, como pediatra que ha visto de cerca lo que estas infecciones hacen en cuerpos desnutridos y en comunidades sin agua potable ni un centro de salud cercano, que es muy probable que se trate de enfermedades prevenibles mediante vacunación o de infecciones cuyas complicaciones se agravan porque los niños llegan desnutridos o demasiado tarde a recibir atención, sin que nadie les haya explicado a tiempo cuáles eran las señales de alarma.
Las autoridades ya informaron que tres de las personas fallecidas no buscaron atención médica antes de morir. No creo que haya sido por negligencia de sus familias. Fue, probablemente, la distancia, el desconocimiento y la desigualdad que separa a Panamá de sus propias comarcas.
Sabemos qué hacer. Tenemos vacunas contra la influenza, la tosferina y el neumococo. Tenemos protocolos de nutrición infantil. Tenemos la tecnología para orientar, a distancia, a una madre en una comunidad de difícil acceso sobre cuándo la fiebre de su hijo dejó de ser un resfriado y se convirtió en una emergencia. Con frecuencia, la diferencia entre la vida y la muerte de un niño no está en la gravedad de la enfermedad, sino en la rapidez con la que alguien reconoce que algo anda mal.
Pero ninguna tecnología sirve si no llega. Ninguna vacuna, ninguna campaña. El verdadero costo de tener zonas olvidadas se mide en la distancia que las separa de las decisiones de política pública, del presupuesto y de la voluntad. La comarca Ngäbe-Buglé no es un lugar remoto que descubrimos esta semana. Es una región que conocemos desde hace décadas, con indicadores de pobreza y desnutrición infantil que llevan años en rojo. Lo sabíamos. Y, aun así, seis personas murieron y siete niños hoy luchan por respirar con ayuda de una máquina.
No escribo esto para señalar un único culpable. La responsabilidad es el resultado de generaciones de decisiones postergadas. Lo escribo porque no podemos seguir reaccionando después de la tragedia. Necesitamos brigadas permanentes de salud, no solo cuando ya hay muertos. Necesitamos que la nutrición infantil deje de ser un discurso de campaña y se convierta en una prioridad real. Necesitamos atención y orientación médica, presencial y digital, hasta el último rincón del país, para que ninguna madre tenga que adivinar si la tos de su hijo es grave.
A los padres, abuelos y cuidadores que leen esta columna: revisen su tarjeta de vacunación y la de sus hijos y nietos, sin importar dónde vivan. Aprendan a reconocer las señales de alarma: dificultad para respirar, fiebre que no cede, decaimiento extremo, falta de apetito e intolerancia a líquidos o sólidos. Y, si tienen la posibilidad, apoyen o exijan que estas herramientas lleguen también a quienes no tienen acceso fácil a un pediatra.
Los niños de la comarca no valen menos que los míos ni que los suyos. Merecen las mismas vacunas, la misma nutrición y la misma oportunidad de crecer. Que esta tragedia no se quede en un titular más. Que se convierta, por fin, en la urgencia que siempre debió ser.
La autora es pediatra.
