En el pasado, si alguien pretendía silenciar a un periodista, lo amenazaba, perseguía o destruía los medios con los que trabajaba. En estos tiempos, podría comenzar con un clic y terminar con un ataque incendiario, o algo peor.
El atentado ocurrido el día 14 de los corrientes contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, fue ampliamente rechazado por el país. Desde el presidente de la República hasta organizaciones cívicas y gremiales lo reprobaron en forma categórica.
Creo que la motivación de esas expresiones fue genuina. Aun así, considero que lo sucedido merece mucho más que un repudio circunstancial, no solo por el peligro capital al que fue expuesta una familia panameña, sino porque representa una muestra de la nueva dimensión de la violencia contra quienes ejercen el periodismo investigativo.
Durante largo tiempo, los desafíos a la libertad de prensa fueron asociados a la censura, la persecución, las amenazas personales o la violencia física. Sin embargo, aunque en esta época tan digitalizada el propósito de la intimidación es el mismo, los instrumentos disponibles no lo son.
Hoy, un periodista puede ser blanco de campañas masivas de descrédito y amenazas en redes sociales, suplantación de identidad y hostigamiento digital. Además, datos inofensivos pueden ser convertidos en instrumentos de intimidación y hasta de instigación de agresiones físicas.
A esto se suma ahora la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología, destinada a democratizar el acceso al conocimiento, también puede utilizarse para erosionar la credibilidad de periodistas y desacreditar sus investigaciones. Ella permite fabricar imágenes, audios y videos falsos, clonar voces, construir narrativas engañosas y automatizar campañas de desprestigio a una escala y velocidad difíciles de contrarrestar.
La vigilancia es aún menos visible. La interceptación ilegal de comunicaciones, el espionaje mediante programas maliciosos, el seguimiento de dispositivos móviles y la identificación de fuentes periodísticas representan serias amenazas. Y en Panamá sabemos de eso.
Por esa razón, la ciberseguridad debe ser una condición indispensable para ejercer la libertad de prensa. Los medios de comunicación deben proteger sus sistemas, archivos, comunicaciones y bases de datos, y también la seguridad digital de sus periodistas y colaboradores. Proteger una investigación implica proteger tanto la información como a las personas que la hacen posible.
La tecnología también puede ser determinante en la investigación de hechos como el ocurrido el pasado 14 de noviembre. Las cámaras de videovigilancia, los registros de comunicaciones, la geolocalización y los datos de dispositivos pueden aportar elementos importantes para que, a través de la informática forense, el análisis de metadatos, las técnicas OSINT y la correlación de evidencias digitales, se reconstruya lo sucedido.
No hay que asumir que detrás del atentado contra la vivienda de la familia de Rolando Rodríguez exista una estrategia de intimidación digital, pero creo que es indispensable considerar las dimensiones físicas y tecnológicas del periodismo actual, para protegerlo.
Que el Estado permita que los periodistas publiquen sus trabajos no implica que exista libertad de prensa. Se necesitan condiciones para proteger las fuentes y preservar información; en fin, investigar sin temor a represalias, y poder regresar a casa sin temor a que la profesión se convierta en una amenaza para la vida propia y la de la familia. También se requieren instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar las agresiones, cualquiera que sea el medio utilizado.
Cuando se ataca a un periodista para intimidarlo, no solo se intenta silenciar su voz. Se pretende privar a toda la sociedad de aquello que esa voz podría revelar. Aunque la víctima inmediata sea un periodista, la sociedad será la que pierda su capacidad de conocer, fiscalizar y exigir rendición de cuentas.
Ojalá la puerta que se abrió en la madrugada del sábado pasado no nos conduzca a aquel lugar de donde algunos países jamás han podido regresar.
El autor es abogado especialista en derecho digital y ciberseguridad.


