Panamá suele analizar la seguridad a partir de aquello que resulta visible: homicidios, robos, pandillas, narcotráfico, violencia y estadísticas criminales. Sin embargo, existe otra seguridad menos evidente que rara vez ocupa los titulares y que posiblemente sea más determinante para la estabilidad de una nación: aquella que se construye mucho antes de que aparezca el delito.

Podríamos llamarla “seguridad invisible”. Es la que nace cuando un joven encuentra oportunidades antes que una pandilla; cuando una escuela consigue retener y orientar antes de que la calle reclute; cuando una familia puede acceder a servicios esenciales; cuando una comunidad siente que las instituciones están presentes; y cuando el ciudadano todavía confía en que los problemas pueden resolverse dentro de los canales democráticos.

Panamá mantiene indicadores económicos importantes. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó un crecimiento del producto interno bruto de 4.8% durante el primer trimestre de 2026. Pero el mismo país registró una tasa de desempleo total de 10.4% en 2025, y los últimos datos disponibles sitúan el empleo informal en niveles cercanos a la mitad de la población ocupada.

Esta aparente contradicción merece atención. Una economía puede crecer mientras una parte de la sociedad siente que sus oportunidades no crecen al mismo ritmo.

También existen avances que debemos reconocer. El Índice de Pobreza Multidimensional disminuyó de 14.7% en 2022 a 12.4% en 2025. Es una señal positiva. Pero reducir la pobreza no significa automáticamente eliminar las desigualdades territoriales, educativas y sociales que durante décadas han producido comunidades con posibilidades profundamente distintas.

Las consecuencias aparecen gradualmente: primero surge la frustración, después la desconfianza, y posteriormente puede aparecer la normalización de conductas violentas, la pérdida de cohesión comunitaria y la búsqueda de pertenencia en estructuras que sustituyen aquello que la familia, la comunidad o el Estado no pudieron proporcionar.

Particularmente preocupante es lo que ocurre con nuestros jóvenes. En 2026, Panamá ha enfrentado episodios de violencia dentro de centros educativos y un incremento de denuncias relacionadas con delitos cometidos por adolescentes. Al mismo tiempo, el Estado desarrolla programas preventivos que han alcanzado a decenas de miles de jóvenes y familias. Ambas realidades muestran que la seguridad juvenil no puede comenzar cuando aparece el primer antecedente policial.

Lo mismo ocurre con la violencia. Las cifras oficiales preliminares muestran alrededor de 400 homicidios acumulados hasta agosto de 2026. Detrás de cada estadística existe una historia humana y, con frecuencia, un conjunto de condiciones sociales que no fueron atendidas oportunamente. Por eso debemos evitar un error: convertir todos los problemas sociales en problemas policiales.

La Policía y los demás estamentos de seguridad tienen una responsabilidad fundamental, pero ninguna institución de seguridad puede reemplazar permanentemente a la escuela, la familia, el empleo, la salud, la comunidad o una política social efectiva.

La seguridad sostenible requiere presencia policial, inteligencia y capacidad operacional, pero también educación, oportunidades, espacios públicos, prevención, justicia accesible, servicios básicos y confianza institucional.

El verdadero desafío consiste en identificar las fracturas antes de que se conviertan en crisis.

Una comunidad que reclama agua, transporte, educación, seguridad o empleo no necesariamente constituye una amenaza para el Estado. Muchas veces está enviando información al Estado. Escuchar esas señales también forma parte de la seguridad.

Por ello necesitamos desarrollar una capacidad nacional de anticipación social: identificar territorios vulnerables, comprender cambios demográficos, escuchar a las comunidades, detectar tempranamente factores de violencia y coordinar respuestas antes de que el deterioro alcance niveles difíciles de revertir.

Aquí aparece una diferencia fundamental entre controlar una crisis y evitarla.

Un Estado puede controlar una protesta sin haber resuelto el problema que la originó. Puede detener a un delincuente sin haber desarticulado las condiciones que facilitan el reclutamiento del siguiente. La seguridad del futuro deberá construirse precisamente en ese espacio invisible.

No solamente reaccionando frente al delito, sino evitando que las condiciones sociales permitan que este encuentre terreno fértil. El colapso de una sociedad rara vez ocurre de un día para otro. Generalmente comienza mediante pequeñas fracturas que fueron ignoradas, normalizadas o atendidas demasiado tarde.

Panamá todavía tiene la oportunidad de anticiparse.

Porque quizás la política de seguridad más efectiva sea aquella cuyos resultados nunca aparecen en las estadísticas criminales: la crisis que logramos evitar, el joven que nunca ingresó a una pandilla, la comunidad que recuperó la confianza y el conflicto que nunca necesitó convertirse en violencia.

El autor es oficial del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront Panamá) magister especialista en gerencia estratégica, en seguridad y derechos humanos.