Ese es el objetivo perverso de la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística.

Y digo perverso, porque no encuentro otra palabra para describir una ley inconsulta mediante la cual el Estado le reembolsa al inversionista el 100% de su inversión en forma de créditos fiscales y el inversionista permanece con la propiedad de la empresa y las ganancias que ella produzca, a pesar de que no habría puesto un real en el negocio. ¡Así cualquiera es empresario!

Y todo esto en un país donde la atención médica en los hospitales estatales es deprimente, donde las escuelas públicas se caen a pedazos, donde cientos de miles de ciudadanos pierden su tiempo en tranques interminables. En fin, un país pobre que ciertamente debería utilizar sus limitados recursos para beneficiar a su población y no en hacer empresarios grandes y prósperos, aún más grandes y prósperos. Subsidios para millonarios, la llamó un distinguido abogado de la localidad en un reciente programa de televisión. ¿Es o no es una ley perversa? Tan infame es la ley y tanto rechazo ha recibido de parte de la ciudadanía pensante y honesta, que sus proponentes quisieron disfrazarla de oveja y crearon entonces el proyecto de ley 789 (pendiente de sanción por el presidente) que derogaría la Ley 122.

O sea, borrón y cuenta nueva.

Pero, sorpresa, agazapado entre los muchos artículos del proyecto de ley 789, que tampoco fue consultado con los gremios turísticos, hay un parágrafo que dice así:

“Las personas naturales o jurídicas que, a la entrada en vigencia de esta ley, cuenten con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, gozarán del beneficio fiscal reconocido, de conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición”.

Es decir, los cinco proyectos que recibieron los escandalosos beneficios de la Ley 122, que por cierto ha sido demandada por inconstitucional, continuarán recibiéndolos y no serán afectados por la nueva ley propuesta. Y resulta absolutamente revelador conocer que los dueños de estos proyectos (la pérdida es para el Estado, la ganancia para nosotros) son afines y/o donantes del PRD.

Ahora bien, ¿necesita la industria turística mayores incentivos? ¿No son suficientes los incentivos de la Ley 80 de 2012, actualmente vigente?

Tengo 32 años de estar en turismo y considero que los incentivos actuales fueron suficientes en su momento; es más, los considero generosos. Mis negocios y los de muchos otros empresarios, incluyendo los que promovieron la Ley 122, han crecido y han prosperado gracias, entre otras cosas, a beneficios tales como la exoneración del ISR, ¡por 15 años! El boom hotelero de los años pre pandemia se dio en buena medida gracias a la Ley 80.

Sin embargo, el mundo ha cambiado, el turismo ha cambiado, el país necesita generar más empleos, muchos más empleos, por consiguiente, es conveniente considerar incentivos novedosos para estimular el turismo en el interior del país, incentivos que resuelvan la escasez de financiamiento bancario y que reconozcan la existencia y necesidades de muchos pequeños y medianos empresarios en este importante sector de la economía nacional. La industria turística nacional no consiste solamente en mega proyectos dirigidos por hombres de saco y corbata con acceso al mercado de valores. Por el contrario, 10 hoteles pequeños de 20 habitaciones cada uno, brindan mayores beneficios al país que un gran hotel de 200 habitaciones, aunque tenga el rimbombante nombre de una cadena internacional.

De ser vetado el proyecto de ley 789 por el presidente, devuelto a la Asamblea y luego consensuado con el gremio haciendo ajustes importantes siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Comercio, sobre todo eliminando ese parágrafo perverso, bien puede convertirse en el estímulo necesario para una rápida recuperación del turismo en el interior del país.

Además, si el Gobierno nacional invirtiera una modesta parte del sacrificio fiscal (estimado en $400 millones) que representan los proyectos ya aprobados bajo la Ley 122, en mejorar la infraestructura del país, es decir, mejores caminos hacia atracciones turísticas, mejor atención al visitante en Tocumen, mejores aeropuertos internos (el de Bocas del Toro es horrible), más centros de visitantes como el de El Valle de Antón (por cierto, financiado por una empresa privada), más presencia en ferias y medios internacionales, continuidad en la estrategia de mercadeo internacional, más guardaparques protegiendo nuestros parques nacionales, podríamos estar en presencia de un verdadero resurgimiento del turismo. Un resurgimiento sostenible basado en la equidad, en el consenso, en el respeto a la naturaleza y en el reconocimiento del importante papel que juega el pequeño y mediano empresario.

Lo que sí es evidente y tan claro como el agua: no necesitamos subsidios para millonarios.

El autor es empresario de ecoturismo