La tierra no pregunta cuánto gana una familia, qué nivel educativo tiene una comunidad o qué tan cerca está de un hospital. Cuando un terremoto ocurre, la energía liberada por la naturaleza no distingue entre una vivienda ubicada en una zona urbana y una casa en una comunidad rural. No diferencia entre quien cuenta con ahorros, seguro, empleo estable y acceso inmediato a servicios, y quien vive con las limitaciones de un ingreso diario.

Pero, aunque el movimiento sísmico puede ser igual para todos, sus consecuencias no lo son.

Esa es una de las grandes lecciones que dejan los desastres naturales: la vulnerabilidad no nace el día en que la tierra comienza a moverse; se construye durante años, producto de desigualdades acumuladas en educación, empleo, vivienda, infraestructura y acceso a servicios básicos.

El terremoto que afectó distintas regiones del país no solamente puso a prueba la resistencia de casas, escuelas, carreteras y puentes. También expuso una realidad social que Panamá conoce, pero que pocas veces observa con tanta claridad: no todos los ciudadanos llegan a una emergencia con las mismas herramientas para enfrentarla.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2023, que registró 4,064,780 residentes habituales, confirmó que Panamá continúa siendo un país con importantes diferencias territoriales. Mientras la ciudad concentra una mayor oferta de empleos formales, universidades, hospitales especializados, conectividad y servicios, muchas comunidades rurales siguen enfrentando mayores obstáculos para acceder a las mismas oportunidades.

En nuestro Panamá, la distancia geográfica muchas veces se convierte en distancia social.

En las provincias afectadas por el terremoto existen comunidades donde miles de familias dependen principalmente de la agricultura, la ganadería, pequeños emprendimientos o actividades informales. Para estas familias, perder una vivienda no significa solamente perder un techo. Puede significar perder también las herramientas de trabajo, los animales, la producción de una temporada y la única fuente de ingreso del hogar.

La diferencia entre una familia y otra no está solamente en lo que perdió después del desastre, sino en las condiciones que tenía antes de que ocurriera.

Una familia con empleo formal, acceso al crédito, una vivienda construida con mejores condiciones técnicas y servicios cercanos tiene mayores posibilidades de recuperarse. Otra familia que ya enfrentaba pobreza, dificultades educativas, desempleo, aislamiento geográfico o falta de infraestructura inicia la reconstrucción desde una posición mucho más difícil.

El terremoto no creó esas desigualdades; sencillamente las hizo más visibles.

Los indicadores sociales del país muestran que las brechas territoriales siguen siendo una realidad. El Índice de Pobreza Multidimensional, que en 2024 se estimó en 12.8% a nivel nacional, ya mostraba en su primera medición, en 2017, que las mayores proporciones de pobreza estaban en las comarcas indígenas y en provincias como Bocas del Toro, Darién y Coclé. Incluso dentro de la zona golpeada por el terremoto hay contrastes: Coclé tenía entonces 22.6% de su población en pobreza multidimensional, frente a 7.2% en Herrera y 4.2% en Los Santos. Provincias con una importante población rural mantienen niveles de pobreza superiores a los de las áreas con mayor concentración urbana. Veraguas y Coclé, entre otras regiones, reflejan que miles de panameños todavía enfrentan limitaciones económicas y sociales que afectan su capacidad de superar una crisis.

Pero la pobreza no debe entenderse únicamente como falta de dinero. La pobreza también significa menos oportunidades educativas, menor acceso a empleos de calidad, dificultades para obtener servicios básicos y mayores obstáculos para construir un futuro diferente.

Ahí está la verdadera dimensión del problema.

Un niño que crece en una comunidad con pocas opciones educativas no solamente enfrenta una desventaja académica; enfrenta una menor posibilidad de acceder mañana a mejores empleos. Una familia que vive lejos de un hospital no solamente tiene un problema de distancia; tiene una mayor vulnerabilidad cuando ocurre una emergencia. Una comunidad sin buenas carreteras no solamente tiene dificultades de transporte; puede quedar aislada cuando más necesita ayuda.

Panamá ha desarrollado programas para reducir la pobreza y atender comunidades vulnerables. Se han impulsado inversiones sociales, transferencias económicas, proyectos de infraestructura y estrategias dirigidas a los sectores con mayores necesidades.

Sin embargo, cada desastre natural obliga a una reflexión más profunda:

¿Estamos reduciendo realmente las causas de la desigualdad o solamente atendiendo sus consecuencias cuando llega una crisis?

La prevención no comienza cuando llegan los equipos de rescate. La prevención comienza años antes, cuando una sociedad garantiza viviendas más seguras, educación de calidad, oportunidades laborales, caminos adecuados, acceso a salud y conectividad para todos sus ciudadanos.

Una nación verdaderamente preparada para enfrentar desastres no es aquella que solamente responde rápido después de una emergencia. Es aquella que ha trabajado para que sus ciudadanos sean menos vulnerables antes de que ocurra.

El terremoto también debe abrir una conversación sobre el modelo de desarrollo de Panamá. El país ha logrado importantes avances económicos, pero todavía enfrenta el reto de convertir ese crecimiento en oportunidades distribuidas de manera más equitativa en todo el territorio nacional.

La reconstrucción no puede limitarse a reparar paredes, cambiar techos o reconstruir carreteras; esa es solamente la parte visible del problema.

La verdadera reconstrucción debe ser social: crear comunidades con mayores oportunidades, con mejores condiciones de vida y con mayor capacidad de enfrentar los desafíos del futuro.

Porque la magnitud de un terremoto se mide con instrumentos científicos, pero la magnitud de una desigualdad se mide observando a quién se le han brindado las condiciones socioeconómicas y educativas para poder levantarse cuando la tierra deja de moverse.

El desafío de Panamá es lograr que, algún día, las consecuencias tampoco dependan del lugar donde una persona nació.

El autor es productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc.